La reforma judicial preocupa a dos embajadores y a muchos mexicanos

Los embajadores de Estados Unidos y Canadá manifestaron hace unos días su oposición a la reforma del poder judicial en México, que el Congreso podría aprobar en septiembre. Ken Salazar, embajador de EEUU, advirtió que “la elección popular directa de jueces es un gran riesgo para la democracia en México (…) Las elecciones directas también facilitarían que los cárteles y otros actores malintencionados se aprovechen de jueces (…) Cualquier reforma judicial debería tener salvaguardas que aseguren que el poder judicial se fortalezca y no quede sujeto a la corrupción política”. Graeme Clark, embajador de Canadá, señaló que los inversionistas de su país “están preocupados, quieren estabilidad, quieren un sistema judicial que funcione si hay problemas”.

Estas declaraciones, especialmente las del exfiscal general de Colorado y exsenador por ese estado, provocaron la indignación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante la mañanera del viernes, preguntó: “¿Y quiénes son ellos para opinar sobre los asuntos de México?, y anunció que envió cartas diplomáticas a los gobiernos de ambos países “porque no aceptamos que representantes de gobiernos extranjeros intervengan en asuntos que solo nos corresponde dirimir a los mexicanos”. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, también respondió en redes sociales: “Información muy relevante: en 43 de los 50 estados de los Estados Unidos de América se eligen los jueces por voto popular”, aunque omitió que se trata de jueces estatales, no federales.

Como bien señaló Claudia, en 22 estados de EEUU los jueces son elegidos en elecciones partidistas o no partidistas. En las partidistas, los jueces se postulan con afiliaciones políticas, lo que permite a los votantes considerar sus inclinaciones. En las no partidistas, como en Georgia y Washington, se centran en las calificaciones de los candidatos.

Además, en 21 estados se combinan elecciones y nombramientos. Es común la selección por mérito con elecciones de retención, donde los jueces son nombrados y luego enfrentan elecciones para decidir su permanencia. Misuri y Colorado usan este método para equilibrar la supervisión pública con la experiencia judicial. En California y Nueva York, los jueces de apelación son nombrados, mientras que los de primera instancia son elegidos.

Por último, en solo siete estados los jueces son designados, generalmente por el gobernador con confirmación legislativa. En Washington, D.C., los nombra el presidente y los confirma el Senado. Como señalé antes, todos los jueces federales y ministros de la Suprema Corte son nominados por el presidente, confirmados por el Senado y designados por el presidente.

A pesar del enojo de AMLO y la puntualización de Sheinbaum, los embajadores plantearon preocupaciones válidas sobre la independencia judicial y la estabilidad económica bajo la reforma propuesta, mismas que tenemos muchos mexicanos. Elegir a jueces por voto popular busca aumentar la participación ciudadana y combatir la corrupción, pero es crucial considerar los riesgos y asegurar que cualquier reforma preserve la imparcialidad del poder judicial. La viabilidad de estas preocupaciones dependerá de cómo se implemente la reforma y de las salvaguardas adecuadas que protejan la independencia judicial.

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