En Estados Unidos no fue bien recibida la decisión del Departamento de Justicia de ese país de retirar los cargos que había presentado ante un juzgado federal contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.
Nadie en México o en EEUU cree que el general vaya a ser investigado y menos juzgado en nuestro país. La única que parece creerlo es la jueza federal de Nueva York, Carol Amon, quien, al aceptar que se retirarán los cargos, dijo que “no tenía motivos para dudar que las autoridades mexicanas desean sinceramente continuar con una investigación y un posible enjuiciamiento de este acusado”.
En varios medios, la decisión del procurador general William Barr fue calificada como sorpresiva, inaudita, sin precedentes e inigualable en las relaciones entre EEUU y México.
E inexplicable, porque el gobierno estadounidense casi nunca pierde en los procesos penales federales, donde el 97% de los acusados son declarados culpables y solo el 1% de los que se declaran inocentes, como lo hizo Cienfuegos, son absueltos.
De acuerdo con el diario The Washington Post, “la posibilidad de que Cienfuegos fuera devuelto a México fue una sorpresa. La decisión de retirar los cargos en su contra es un importante revés a los esfuerzos del Departamento de Justicia contra el narcotráfico en México”.
Los fiscales federales encargados del caso aseguraban que tenían pruebas contundentes de su culpabilidad y, al igual que muchos en EEUU y México, se preguntan cuáles son las “consideraciones delicadas e importantes de política exterior que superan el interés del gobierno en proseguir con el proceso del acusado” que esgrimió el Departamento de Justicia para solicitar el sobreseimiento del caso. Brad Simon, un ex fiscal federal de Nueva York, opinó que no es creíble la razón que argumentó Barr porque otros funcionarios mexicanos están siendo procesados en EEUU.
Además, es muy poco usual que un acusado de la importancia de Cienfuegos sea arrestado y luego liberado por razones diplomáticas. Estas liberaciones a veces se dan en casos de espionaje, pero no de narcotráfico.
Para Mike Vigil, el exjefe de Operaciones Internacionales de la agencia antidrogas de EEUU (DEA), la decisión “no es más que un último favor a López Obrador, quien ha sido muy subordinado a Donald Trump en temas de inmigración y se ha negado a felicitar a Joe Biden”. Añade que el de Cienfuegos puede ser el primero de una serie de indultos que por motivación política otorgue Trump durante los días finales de su gobierno.
David Shirk, director de posgrado en el Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Diego y miembro del Instituto México del Centro Internacional Woodrow Wilson, opina que la decisión de Barr es una “bofetada para muchos que probablemente pusieron sus vidas en juego para llevar a Cienfuegos ante la justicia y envía un mensaje a las fuerzas del orden y a los grupos del crimen organizado de que el gobierno de EEUU no toma en serio su compromiso con la guerra contra las drogas”.
Reitero lo que aquí escribí ayer: si el caso Cienfuegos no se resuelve convincentemente en México, Trump tendrá razones para acusar a su sucesor de no exigirle a AMLO el enjuiciamiento de Cienfuegos.
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