Ronald Johnson, el embajador con perfil militar y experiencia en inteligencia que Donald Trump designó en México, no es un diplomático que cultiva relaciones y gestiona fricciones, sino un operativo que identifica vulnerabilidades y las convierte en ventajas para su país. El 24 de abril, en Topolobampo, Sinaloa, durante la primera piedra de una planta de metanol, pronunció un mensaje que no dejó dudas: la inversión fluye donde hay seguridad, Estado de derecho y combate real a la corrupción. Ante empresarios y autoridades de un estado que vive bajo el asedio del crimen organizado, no fue un discurso de cortesía, sino una advertencia.
Dos días después, filtraciones sobre una presunta “campaña contra narcofuncionarios” operada desde la Embajada de EU dejaron ver que la sede diplomática se ha convertido, en los hechos, en un centro de acopio de sanciones financieras, cancelaciones de visas y casos penales ante cortes estadounidenses. No solo contra narcos, sino también contra funcionarios, empresarios y operadores.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió ayer, como lo ha hecho ante cada presión: exigiendo pruebas, invocando la soberanía y rechazando la intervención. El problema es que buena parte de las pruebas que EU podría tener ya pasaron por manos de la FGR y de fiscalías estatales y se archivaron o desaparecieron.
Ahí están los expedientes. Segalmex, con más de 15,000 millones de pesos observados y al menos 26 personas vinculadas a proceso, sin un solo alto responsable político con sentencia firme. El huachicol fiscal: el decomiso de un buque en 2025, con 10 millones de litros de diésel, llevó a prisión a vicealmirantes y contralmirantes, pero dejó blindado al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, pese a que audios y reportes comprueban que conocía del asunto. Y si se amplía la memoria: 25 años de fraudes documentados, de la Casa Blanca a OHL, de los desvíos estatales a las licitaciones amañadas, sin responsables de alto nivel en prisión. El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional lo sintetiza: México, 27 puntos sobre 100, lugar 141 de 180 países. Las instituciones mexicanas rara vez llevan sus propios casos hasta sus últimas consecuencias.
Para los empresarios, el cuadro es de doble riesgo: la arbitrariedad local y la extraterritorialidad extranjera. EU está dispuesto a usar inversión, cadenas de suministro y sanciones como herramientas de presión, mientras que el gobierno mexicano sigue sin demostrar que puede desmantelar las redes que blindan a sus propios corruptos. Entre los dos, las empresas navegan sin reglas estables.
La insistencia oficial en que existe una “buena relación” con Johnson no tranquiliza a nadie. El verdadero termómetro no son las palabras y fotos cordiales, sino si México es capaz de reducir la impunidad con procesos propios, creíbles y con consecuencias reales.
Trump y Johnson pueden amenazar hoy con listas, sanciones y expedientes porque México dejó abierto ese flanco durante décadas. Mientras el país siga almacenando sus propios casos en bodegas de las fiscalías y en archivos muertos, la corrupción mexicana seguirá siendo la mejor coartada para la intervención estadounidense.
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