En julio pasado la inflación anual fue de 3.5%, el nivel más bajo desde 2020. Es una buena noticia, pero para millones de mexicanos la realidad es distinta: lo que importa no es el promedio de precios, sino cuánto cuesta comer y vivir.
Ayer, el INEGI presentó por primera vez su Indicador sobre Líneas de Pobreza (LP), correspondiente a julio de 2025. Hasta marzo de este año, estas mediciones las hizo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), creado en 2004 para medir la pobreza y evaluar los programas sociales, y extinguido por el Congreso el 17 de julio pasado con el argumento de “evitar duplicidades” y “optimizar recursos”. Así, el INEGI asumió el cálculo mensual con la misma metodología, pero sin evaluar políticas públicas.
El LP determina si los ingresos de una persona alcanzan para la canasta alimentaria y la no alimentaria (vivienda, transporte, educación, salud, vestido), fijando un umbral monetario para medir la pobreza por ingresos. Cuando sólo incluye la alimentaria se llama Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI); si suma ambas, es la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI).
En ese mes, la LPEI fue de 1,856.91 pesos en zonas rurales y 2,453.34 en urbanas. En un año aumentó 2.9% en el campo y 4.3% en la ciudad. La LPI llegó a 3,396.71 pesos en áreas rurales y 4,718.55 en urbanas, con alzas de 3.1% y 3.6%. Según la LPI, vivir en la ciudad cuesta 1,322 pesos más al mes que en el medio rural para cubrir el mismo nivel básico de vida.
En la canasta urbana, las comidas fuera de casa subieron 7.8% y explicaron más de la mitad del incremento. Pero también comer en casa fue más caro: el bistec de res aumentó 18% y la leche pasteurizada 8.3%. En el campo, el patrón fue similar, con la carne molida de res como producto de mayor incidencia después de las comidas fuera del hogar.
Para las familias, esto significa que una mayor parte de su presupuesto se destina a comida, transporte, vivienda y educación, reduciendo el margen para ahorro o salud.
En este contexto, los programas sociales de los gobiernos federal y estatales son un amortiguador, pero insuficiente. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024 (ENIGH) del INEGI, en los hogares más pobres los apoyos representan en promedio 17.3% del ingreso total; en el segundo decil, 9.4%, y en el de los más ricos apenas 0.8%. Las transferencias —recursos que los hogares reciben sin dar a cambio un bien o servicio, desde becas y pensiones hasta remesas o donaciones— constituyen 42 a 44% de los ingresos transferidos en los hogares más pobres. Aunque 82% de las familias recibe algún apoyo social, este no compensa el alza sostenida en el costo de la canasta básica.
Cerca del 36% de la población vive en pobreza y es vulnerable a cualquier incremento en alimentos y servicios, pues su margen de gasto es mínimo. Aunque la mayoría recibe algún tipo de apoyo social, estos recursos solo cubren una fracción del incremento sostenido en el costo de vida.
Solo un aumento del empleo formal mejor pagado y apoyos sociales más amplios podrían revertir la pobreza. Desafortunadamente, las actuales condiciones políticas y económicas dentro y fuera del país hacen poco probable que eso ocurra en el corto plazo.
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