Índices, índices, índices. ¿Es necesario uno más?

“Estoy ahora trabajando sobre un índice para medir bienestar, un índice alternativo al llamado Producto Interno Bruto… un nuevo parámetro que va a medir, sí, crecimiento, pero también bienestar, también grados de desigualdad social… y otro ingrediente...

22 de mayo, 2020 AMLO

“Estoy ahora trabajando sobre un índice para medir bienestar, un índice alternativo al llamado Producto Interno Bruto… un nuevo parámetro que va a medir, sí, crecimiento, pero también bienestar, también grados de desigualdad social… y otro ingrediente en este nuevo parámetro… la felicidad del pueblo… Estoy elaborado la fórmula, la vamos a aplicar en México… Tiene que haber crecimiento… con felicidad”.

Lo anterior es parte de lo que dijo ayer al concluir su conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él se refiere a un nuevo índice o parámetro de medición que, sin embargo, podría ser similar a muchos que ya se elaboran alrededor del mundo.

Es más, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde hace ocho años elabora su Índice de Global de Felicidad, que se basa en la Encuesta Global que anualmente realiza la encuestadora Gallup en 160 países, y que mide seis factores: PIB per cápita, esperanza de vida, generosidad, apoyo social, libertad y corrupción.

En su edición 2020 México obtiene una calificación de 6.465 de 10 puntos posibles y se ubica en el lugar 24. Cabe aclarar que ningún país obtiene la máxima calificación y que Finlandia, en el primer lugar, recibe 7.809 puntos.

Además del IGF, se publican cada vez más índices que miden diversos aspectos que tienen que ver con la felicidad y el bienestar de las personas, que elaboran organizaciones nacionales o internacionales que, como AMLO, reconocen las limitaciones de medición del producto interno bruto (PIB). Estos índices toman en cuenta diversos factores que para el PIB no existen y buscan medir cuál es el verdadero bienestar de las personas.

Está el Informe de Desarrollo Humano que anualmente elabora el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, el cual incluye tres índices: el de Desarrollo humano ajustado por la desigualdad, el de Desigualdad de género y, el de Pobreza multidimensional. En el índice compuesto para 2019 México ocupa el lugar 76.




Está el Bloomberg Healthiest Countries Index (Índice Bloomberg de Países más Sanos), que toma en cuenta riesgos para la salud (consumo de tabaco, presión arterial alta, obesidad), disponibilidad de agua limpia, esperanza de vida, desnutrición y causas de muerte. Se elabora cada dos años y en su edición 2019 incluyó a 169 países. México, con una calificación de 62.09 de 100 posibles, quedó en la posición 53.

Está el Better Life Index, una herramienta interactiva diseñada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para permitir que las personas puedan “visualizar y comparar algunos de los factores clave, como la educación, la vivienda, el medio ambiente, etc., que contribuyen al bienestar en los países de la OCDE”.

En fin, hay muchos índices que miden distintos factores que tienen que ver con el bienestar y desarrollo de las personas. Ojalá que AMLO y los expertos que va a convocar para que lo ayuden a desarrollar su “índice para medir bienestar” estudien los que ya existen y los adopten a la realidad mexicana, porque lo menos que se necesita en estos tiempos difíciles es que pierdan su tiempo y gasten nuestro dinero inventado el hilo negro.

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Esta es una pregunta que debemos hacernos porque ya son varias las leyes promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador o sus obedientes legisladores de MORENA y sus partidos satélites que, después de ser aprobadas en la Cámara de Diputados y el Senado, no pueden entrar en vigor porque un juez, un tribunal colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinan que parte de su contenido es violatorio de uno o más artículos constitucionales. Y debemos hacérnosla porque tanto en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que dirige Julio Scherer Ibarra, como en las direcciones jurídicas de las secretarías de Estado y las principales dependencias del gobierno federal hay abogados que fácilmente pueden darse cuenta de cómo algunas de las iniciativas de ley que le envía el Ejecutivo al Legislativo contravienen de diversas maneras lo que mandata la Constitución. Hay varias respuestas que se me ocurren a la pregunta. Los abogados que trabajan para el gobierno federal: 1) no se atreven a decirle al presidente que sus iniciativas contienen elementos anticonstitucionales; o 2) deciden enviarlas al Congreso con la esperanza de que luego de ser aprobadas nadie las impugne ante los tribunales y entren en vigor; o 3) las someten al Congreso esperando que, luego de ser aprobadas, sean impugnadas y frenadas por un juez o una mayoría de los magistrados que integran un tribunal federal o de ministros de la SCJN. De ser lo primero, los abogados están fallándole al pueblo que les paga sus sueldos y, peor aún, están rompiendo su juramento de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. De ser lo segundo, además de fallarle al pueblo y romper su juramento, están actuando activamente con el fin de socavar a la misma Constitución. 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Por sus actos y palabras, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como los legisladores morenistas, petistas, verdes y pesistas han demostrado, demasiadas veces, que no tomaron en serio lo que juraron cuando asumieron sus cargos. El presidente y miembros de su gabinete han expedido decretos y los legisladores afines a la 4T han aprobado leyes que después han sido anulados por alguna instancia del poder Judicial por ir en contra de la Constitución o alguna ley secundaria. Por ejemplo, en febrero pasado la SCJN otorgó la suspensión definitiva contra el decreto del 15 de mayo de 2020 de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, por el cual buscaba beneficiar a la CFE al modificar las reglas para que las plantas privadas generadoras de energía renovable se conecten al Sistema Eléctrico Nacional. Este decreto, que muchos calificaron como ilegal apenas se dio a conocer, fue impugnado por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y la Corte determinó que Nahle no puede regular temas de libre competencia y concurrencia en el sector ya que esas atribuciones son de la COFECE. Nahle sabía que su decreto no era legal y aun así ordenó que se publicara en el DOF. Lo peor del caso es que AMLO no aceptó la decisión de la SCJN y aprovechó la ocasión para lanzar una andanada de ataques verbales contra la misma. Lo mismo ocurrió cuando los legisladores de la 4T aprobaron la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), a sabiendas de que algunos de sus artículos iban en contra de la Constitución y diversas leyes. La LIE quedó sin efectos luego de que dos jueces de distrito en Materia Administrativa otorgaran decenas de suspensiones definitivas a quejosos que alegaron que dicha ley violaba diversos ordenamientos. De nuevo, AMLO arremetió contra los juzgadores, acusándolos de traición a la patria. Y la semana pasada, la antes mencionada COFECE interpuso una controversia constitucional contra la LIE por “contravenir los principios de competencia en los mercados de generación y suministro de electricidad”. En los días próximos, diputados del PAN, PRD y MC, entre otros, impugnarán un artículo transitorio de la reforma del Poder Judicial recién aprobada por el Congreso: el que amplía por dos años el periodo del presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar. Para estos legisladores y la mayoría de los constitucionalistas que han emitido una opinión al respecto, la SCJN deberá declarar inválido ese transitorio porque viola lo que el Artículo 96 de la Constitución establece claramente: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”. 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¿Seguirán aguantando las presiones los juzgadores?

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