Los asesinatos de supuestos delincuentes por turbas enardecidas ocurren con una mayor frecuencia en el país. Como aquí lo anoté ayer, en 2015 se perpetraron 78 linchamientos en México, más del doble de los registrados en 2014. Estas cifras, proporcionadas por Raúl Rodríguez Guillén, autor del libro Linchamientos en México, 1988-2014.
La mayoría de los mexicanos estamos hartos de constatar que la mayoría de los criminales en nuestro país delinquen con absoluta impunidad y que las instituciones responsables de procurar e impartir justicia no hacen su tarea.
Ex gobernadores rateros y funcionarios públicos inexplicablemente ricos son nombrados cónsules de nuestro país en el extranjero o se van a Europa o Estados Unidos a estudiar una maestría en una excelente universidad cuyas colegiaturas son pagadas con el dinero que se embolsaron ilegalmente. O, pese a su mala fama, siguen disfrutando de un cargo público a nivel federal, estatal o municipal.
Constantemente nos enteramos que las autoridades atraparon de nuevo a un peligroso delincuente que ya había sido capturado años antes y luego puesto en libertad por falta de pruebas para que siguiera cometiendo sus fechorías.
En México un asesino, secuestrador, traficante de personas o pornógrafo infantil se sale con la suya con mayor facilidad que un pequeño o mediano empresario que por la mala marcha de la economía se retrasa en el pago de sus impuestos o sus pagos al Seguro Social. Pareciera ser que para el criminal consumado no existe ley alguna mientras que la ley se aplica con todo rigor a las personas decentes que incumplen con alguna obligación fiscal por causas ajenas a su voluntad.
Niñas son violadas y los agentes del ministerio público (MP) tratan a las víctimas y a sus familiares como si fueran los criminales mientras que los violadores siguen libres para seguir abusando de menores de edad.
Hombres y mujeres son secuestrados por bandas que muchas veces están coludidas con policías y agentes del MP que no actúan para perseguir, capturar y presentar a los delincuentes ante un juez con pruebas amplias y bien fundadas de su culpabilidad.
Con demasiada frecuencia nos enteramos que personas que fueron capturadas en el momento mismo en que cometían un delito son liberadas porque ni los policías ni los agentes del MP aportaron las pruebas que demostraban la culpabilidad del criminal. Hace unos días se reportó que los miembros de una banda de secuestradores fueron liberados porque los agentes del MP perdieron los celulares que los delincuentes usaron para enviarse mensajes de texto que los incriminaban con varios secuestros.
En fin, en gran parte del país rige la ley de los delincuentes mientras que las leyes que fueron aprobadas por las legislaturas federal y estatales son ignoradas o pisoteadas por los que juraron hacerlas cumplir.
Por eso no debe extrañarnos que cada vez más personas decidan tomar la ley en sus manos y asesinar, linchar, a aquellos que considera que son delincuentes, aunque no lo sean.
En varios lugares de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México he visto mantas que advierten que los criminales que sean capturados serán muertos por la población. Eso debería preocupar a las autoridades que parecen no darse cuenta de lo que sucede.
La impunidad explica la violencia que estamos viendo con mayor frecuencia. Y no olvidemos que la violencia engendra más violencia en un ciclo que puede no terminar.
Insisto en repetir lo que alguna vez dijo el empresario Alejandro Martí: si las autoridades responsables de combatir a la delincuencia e impunidad no pueden hacerlo, que renuncien.
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