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¿Habría actuado el gobierno si no estalla el escándalo de Pegasus?

22 de julio, 2021

Pegasus es tema de actualidad después de que el domingo pasado se dieran a conocer los resultados de una investigación realizada por Forbidden Stories, una organización sin ánimo de lucro con sede en París, el Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional (AI), y el Proyecto Pegasus, en el que han participado más de 80 periodistas de 17 organizaciones de medios de comunicación de 10 países.

La investigación descubrió que mediante este spyware desarrollado por la empresa israelí NSO Group, varios gobiernos realizaron o realizan “una vigilancia ilegal generalizada, persistente y continua y abusos de los derechos humanos”. Agnès Callamard, secretaria general de AI, afirma que Pegasus “es el arma preferida de los gobiernos represivos que intentan silenciar a periodistas, atacar a activistas y aplastar la disidencia”.

Para descubrir estas ilegalidades, AI efectuó “análisis forenses en profundidad de numerosos dispositivos móviles” de miles de periodistas, defensores de los derechos humanos, políticos, ambientalistas y de quienes los gobiernos perciben como sus enemigos.

La investigación se basó en la filtración de una lista de 50 000 números telefónicos identificados como objetivos potenciales desde 2016 por los clientes de NSO, aunque no todos fueron infectados con el spyware. Además del de México, usaron este programa los gobiernos de Arabia Saudita, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, India, Kazajstán, Marruecos y Ruanda.

De los 50 000 números, 15 000 eran de celulares de México, lo cual indica que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y muchos de sus subordinados decidieron violar el derecho a la privacidad de miles de mexicanos consagrado en el Artículo 16 de la Constitución, que señala que “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

Como resultado de la investigación, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió por fin actuar en contra de los responsables de este espionaje. Tanto, que durante su conferencia de prensa de ayer estuvo presente el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, quien durante 11 minutos informó cómo las pasadas dos administraciones federales adquirieron Pegasus por medio de empresas aparentemente creadas con ese solo propósito, las cuales probablemente cometieron diversos delitos, como lavado de dinero y evasión fiscal.

Nieto dijo que ayer mismo se ejecutaría “el acuerdo de bloqueo [de las cuentas bancarias] contra 24 sujetos”, que “la siguiente semana se presentará la información ante la FGR, asimismo se dará vista al SAT y a la SFP”, que “no se localizaron transacciones de dichas empresas en la presente administración” y que el “dinero se transfirió mayoritariamente a EUA e Israel”.

Nuevamente, el gobierno de México actúa contra probables delincuentes después de que, desde el extranjero, se difunde información relacionada al país. ¿Por qué no actuó antes si desde 2017 se había denunciado el uso ilegal de Pegasus en diversos medios nacionales y extranjeros? ¿Habría actuado si el domingo pasado no hubiera estallado el escándalo?

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