La Corte Suprema de Estados Unidos inició su análisis de la orden ejecutiva de Donald Trump que busca negar la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes indocumentados o con visas temporales nacidos en territorio estadounidense. La audiencia de ayer fue el primer paso de un proceso que podría redefinir el alcance de la Enmienda 14, vigente desde 1868, que garantiza que “toda persona nacida en EEUU y sujeta a su jurisdicción” es ciudadana del país.
Hasta ahora, cuatro jueces federales han suspendido la orden ejecutiva de Trump por considerarla contraria a la Constitución y ordenaron que no se aplique mientras se resuelve si es legal o no. Algunas de estas suspensiones han tenido alcance nacional, bloqueando la orden en todo el país. Lo que la Corte discute ahora no es si la orden de Trump es válida, sino si esos jueces tenían la autoridad para frenar su aplicación a nivel nacional. Algunos ministros han sugerido limitar esas suspensiones, pero otros advierten que, si se restringen demasiado, la orden de Trump podría aplicarse en algunos estados y no en otros, generando un caos jurídico difícil de contener.
La Corte escuchó ayer los argumentos del gobierno federal, que insiste en reinterpretar la enmienda para excluir a los hijos de padres sin residencia legal permanente, lo que sería un giro radical respecto a lo establecido durante más de un siglo. Incluso algunos jueces conservadores han reconocido que este caso es más complejo que otras disputas sobre medidas cautelares: si solo se permiten suspensiones locales, ¿cómo puede llegar el fondo del asunto a la Corte antes de que millones de personas sean afectadas?
El tema no es menor. Según Pew Research Center y la Oficina del Censo cada año nacen en EEUU entre 250,000 y 300,000 niños de padres mexicanos. Los dos progenitores de una proporción importante de ellos son mexicanos y si la Corte validara la orden de Trump, miles de niños que nazcan después no serán ciudadanos por nacimiento.
Durante la audiencia, algunos ministros presionaron al representante del gobierno sobre cómo se aplicaría en la práctica la orden. Brett Kavanaugh preguntó qué harían los hospitales y los estados con los recién nacidos. El abogado del gobierno respondió que “los funcionarios federales tendrán que resolverlo”, confirmando que no existe aún un plan operativo claro. Otros ministros, como Sonia Sotomayor, alertaron sobre el riesgo de que miles de niños queden sin ciudadanía ni papeles, y sin patria.
El fallo se espera hacia finales de junio y hasta ahora no existe una mayoría de ministros dispuesta a avalar una orden ejecutiva que desafía un precedente centenario.
Este caso no es sobre un tecnicismo legal: es una disputa sobre los derechos fundamentales de cientos de miles de niños, muchos de ellos hijos de mexicanos, que podrían quedar en un limbo jurídico si la Corte abre la puerta a reinterpretar la ciudadanía por nacimiento.
Entre las familias mexicanas residentes en EEUU predomina la incertidumbre. Temen que, si la orden se valida, se intente aplicar con efectos retroactivos, dejando sin ciudadanía a miles de jóvenes que han crecido como ciudadanos estadounidenses. Aunque eso sería difícil de implementar legalmente, el temor es real y alimenta un clima de angustia y vulnerabilidad.
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