El 23 de mayo de 2014 se publicó una nueva ley en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que establece “las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales…”.
La ley había sido aprobada el 14 de mayo anterior, tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado de la República.
En la Cámara Baja, de los 454 diputados presentes, 381 votaron a favor, 62 en contra, y 11 se abstuvieron.
Votaron a favor 204 priistas, 99 panistas, 45 perredistas y 25 verdes. En contra estuvieron 35 perredistas, 16 de MC y 11 petistas. Se abstuvieron siete del PRD, dos del PAN, uno del PRI y otro de MC.
En el Senado, de los 120 legisladores presentes, votaron a favor 113 y siete en contra.
Votaron a favor 52 priistas, 36 panistas, 17 perredistas, seis verdes, un petista y un independiente; en contra, cuatro petistas y tres perredistas.
Es decir, la LGIPE fue aprobada por el 84% de los diputados y el 94% de los senadores, incluidos los de todos los partidos entonces representados en el Congreso.
Todos ellos ganaron sus cargos en la elección federal realizada el 1 de julio de 2012.
La Constitución en su Artículo 39 señala que “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste…”.
Y el Artículo 41 no deja duda alguna cuando anota que “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión (…)”, siendo dichos poderes los que se anotan en el 49: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.
Es decir que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los integrantes de los poderes Legislativo y Judicial, y no solo por el jefe del Poder Ejecutivo, como aparentemente lo cree Andrés Manuel López Obrador, quien ayer, olvidando el cargo que desempeña, arremetió en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, diciendo que ese órgano no representa al pueblo, a pesar de que la Constitución diga que por medio de los tres poderes “el pueblo ejerce su soberanía”.
Para AMLO, hicieron mal los magistrados que votaron para negarle sus candidaturas a los morenistas que querían gobernar Guerrero y Michoacán, y atentaron contra la democracia por acatar lo que mandata la LGIPE que fue aprobada por el Poder Legislativo, por medio del cual también “el pueblo ejerce su soberanía”.
También criticó la existencia de organismos autónomos que en su momento fueron creados por el Poder Legislativo.
En su conferencia de prensa de ayer, Andrés Manuel actuó como si fuera el jefe de los tres poderes, lo que no es.
Entiendo que los morenistas y sus paleros en el Congreso lo acepten como su jefe, después de todo es el verdadero mandamás de MORENA, pero hasta ahí llega su control porque no manda sobre los legisladores de la oposición.
AMLO también cree que puede mandar sobre el Poder Judicial, como lo constata su afán de prolongar por dos años más el periodo para el cual fue electo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El presidente en turno no es ni será nunca el jefe de los poderes Legislativo y Judicial, a menos de que logre anular la Constitución o la convierta en letra muerta.
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