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El gobierno de la 4T hace lo que antes denunció y condenó

“La corrupción fue por mucho tiempo el principal problema de México”. Con esta frase empieza el primer capítulo de Hacia una Economía Moral, el libro escrito por el presidente Andrés Manuel López Obrador que recientemente salió a la...

10 de diciembre, 2019

Eduardo Ruiz-Healy

“La corrupción fue por mucho tiempo el principal problema de México”. Con esta frase empieza el primer capítulo de Hacia una Economía Moral, el libro escrito por el presidente Andrés Manuel López Obrador que recientemente salió a la venta. Me llama la atención que AMLO utilizara la palabra “fue” para referirse a un problema que persiste y que tardará mucho tiempo en minimizarse.

También me sorprende que la mayoría de las veces en que se aborda el tema de la corrupción afirme que esta ya se acabó. Por ejemplo, el lunes 18 de noviembre, durante su conferencia de prensa matutina dijo: “Lo puedo decir ya: se acabó la corrupción (…) no hay proveedores predilectos del régimen, hay transparencia en las licitaciones, ganan los que ofrecen mejores precios y calidad en todo sentido”.

El presidente se refirió a la transparencia en las licitaciones, ¿pero cuáles licitaciones, si durante su gobierno casi ocho de cada 10 contratos se han adjudicado directamente a las empresas proveedoras sin que estas tengan que competir unas contra otras en cuanto a la calidad y precios de los productos o servicios que le venden al gobierno?

Efectivamente, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reportó ayer que “Hasta noviembre de 2019 (…) la administración actual adjudicó de manera directa 77% de sus contratos”. Este porcentaje es mayor al 72% que se registró entre 2010 y 2018.

Existe una ley, que es la muchas veces reformada y parchada Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que en su Artículo 26 señala: “Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones, solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes…”.

Sin embargo, el Artículo 40 de la misma ley anota que “las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa. La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado”.

Aparentemente, para el gobierno lopezobradorista el “procedimiento de excepción” se ha convertido en la regla, mientras que las licitaciones públicas y abiertas son la excepción.

Durante los años en que militaron en la oposición, AMLO y muchos de sus seguidores denunciaron que por adjudicación o invitación restringida se le dieran millones y más millones de pesos a los proveedores consentidos de los gobiernos federales y estatales. Ahora hacen lo mismo que antes condenaron.

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