El consumo privado, como porcentaje del PIB, disminuirá

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24 de abril, 2020 Bandera de México

El producto interno bruto (PIB) es la suma del valor de todos los bienes, servicios e inversiones que se producen en un territorio durante un periodo determinado; contabiliza sólo los bienes y servicios finales; suma los bienes y servicios producidos dentro de un territorio; es la suma del consumo privado, la inversión productiva de las empresas, el gasto público y el saldo de la balanza comercial (exportaciones menos importaciones).

El consumo privado mide el valor total de los bienes y servicios que los hogares adquieren en un periodo determinado.

Las anteriores definiciones vienen al caso porque durante las últimas semanas se ha comentado bastante sobre cómo la crisis económica global, agravada por la pandemia de coronavirus, afectará actividades que contribuyen de manera importante al PIB del país, entre ellas, la industria automotriz, que aporta 20% del PIB, el turismo, que aporta casi el 8.7%, las remesas que envían a México quienes viven en Estados Unidos, que si bien solo aportan el 2.7% del PIB son las principal fuente de divisas del país, por encima del turismo y la exportación de petróleo.

De lo que se ha comentado muy poco es sobre el consumo privado, que contribuye aproximadamente 65% del PIB y que sin lugar a dudas se verá muy afectado por la crisis, tal como ha sucedido en anteriores caídas de nuestra economía.

Viajemos brevemente al pasado.

En los 60 años trascurridos desde 1960 al año en curso, el consumo privado como porcentaje del PIB alcanzó su punto más alto precisamente en 1960, cuando fue 77.21%.




Desde sufrió ligeras bajas y después de 1973, cuando fue de 70.48%, empezó a desplomarse debido a las políticas populistas de Luis Echeverría y José López Portillo.

En 1977, después de la devaluación de 1976, disminuyó a 66.31% y seis años después, en 1982, debido a la crisis que en gran medida causó la impagable deuda externa contraída por las empresas que eran propiedad del Estado, cayó a 57.97%, el nivel más bajo dentro del periodo 1960-2020,

En 1982 llegaron al poder los tecnócratas neoliberales y en 1988, al concluir el gobierno de Miguel de la Madrid, el consumo privado aportó 68.21% al PIB, poco más de 10 puntos porcentuales arriba que cuando López Portillo dejó quebrado al país.

En 1992 el porcentaje alcanzó 71.9% y en 1994, al concluir su gestión Carlos Salinas, era de 68.63%.

Por el error de diciembre de 1994 el porcentaje bajó a 66.23% en 1995 y a partir de ese año fue aumentando hasta llegar a 70.23% en 2004, cuando gobernaba Vicente Fox. De nuevo empezó a descender a partir de 2005 y al concluir Felipe Calderón su gobierno en 2012 era de 64.72%. Seis años después, al terminar el sexenio de Enrique Peña Nieto, seguía casi igual: 64.77%.

Los porcentajes antes anotados solo indican que tan importante ha sido el consumo privado durante los últimos 60 años pero de ninguna manera nos dicen quien lo realizó. Otros indicadores muestran que conforme pasaron los años fue hecho por las clases más pudientes del país.

El porcentaje seguramente se reducirá en 2020 porque los hogares se verán obligados a reducir su consumo como consecuencia de la pandemia y el mal estado de la economía mexicana y de la global.

Habrá que ver por cuánto, según los economistas.

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Por sus actos y palabras, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como los legisladores morenistas, petistas, verdes y pesistas han demostrado, demasiadas veces, que no tomaron en serio lo que juraron cuando asumieron sus cargos. El presidente y miembros de su gabinete han expedido decretos y los legisladores afines a la 4T han aprobado leyes que después han sido anulados por alguna instancia del poder Judicial por ir en contra de la Constitución o alguna ley secundaria. Por ejemplo, en febrero pasado la SCJN otorgó la suspensión definitiva contra el decreto del 15 de mayo de 2020 de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, por el cual buscaba beneficiar a la CFE al modificar las reglas para que las plantas privadas generadoras de energía renovable se conecten al Sistema Eléctrico Nacional. Este decreto, que muchos calificaron como ilegal apenas se dio a conocer, fue impugnado por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y la Corte determinó que Nahle no puede regular temas de libre competencia y concurrencia en el sector ya que esas atribuciones son de la COFECE. Nahle sabía que su decreto no era legal y aun así ordenó que se publicara en el DOF. Lo peor del caso es que AMLO no aceptó la decisión de la SCJN y aprovechó la ocasión para lanzar una andanada de ataques verbales contra la misma. Lo mismo ocurrió cuando los legisladores de la 4T aprobaron la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), a sabiendas de que algunos de sus artículos iban en contra de la Constitución y diversas leyes. La LIE quedó sin efectos luego de que dos jueces de distrito en Materia Administrativa otorgaran decenas de suspensiones definitivas a quejosos que alegaron que dicha ley violaba diversos ordenamientos. De nuevo, AMLO arremetió contra los juzgadores, acusándolos de traición a la patria. Y la semana pasada, la antes mencionada COFECE interpuso una controversia constitucional contra la LIE por “contravenir los principios de competencia en los mercados de generación y suministro de electricidad”. En los días próximos, diputados del PAN, PRD y MC, entre otros, impugnarán un artículo transitorio de la reforma del Poder Judicial recién aprobada por el Congreso: el que amplía por dos años el periodo del presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar. Para estos legisladores y la mayoría de los constitucionalistas que han emitido una opinión al respecto, la SCJN deberá declarar inválido ese transitorio porque viola lo que el Artículo 96 de la Constitución establece claramente: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”. 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¿Cuáles de sus “afirmaciones no verdaderas” se cree AMLO?

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