Durante el discurso que pronunció el martes pasado con motivo del segundo aniversario de su toma de posesión, el presidente Andrés Manuel López Obrador aludió solo una vez al tema del medio ambiente cuando dijo que “Las Islas Marías dejaron de ser penal y se convirtieron en el Centro de Educación Ambiental y Cultural ‘Muros de Agua-José Revueltas’”, creado para capacitar a jóvenes en temas ambientales.
Es un hecho que a lo largo de su gestión, AMLO no ha demostrado tener un gran interés en los temas medioambientales y si bien puso en acción el programa Sembrando Vida, con el fin de sembrar cientos de millones de árboles frutales y maderables, éste ha resultado un fracaso. El año pasado, solo se sembraron 80 millones de los 575 millones de árboles que iban a sembrarse –apenas el 14% de lo planeado – y este año tampoco se alcanzará el objetivo. Además, no se sabe cuántos de los árboles sembrados han sobrevivido porque la Secretaría de Bienestar no informa sobre el asunto.
La actitud del presidente contrasta con la postura de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, quien ayer declaró el estado de emergencia climática para su país después de que su parlamento reconoció “el impacto devastador que el clima volátil y extremo tendrá en Nueva Zelanda, en el bienestar de los neozelandeses, en sus industrias primarias, disponibilidad de agua y salud pública a través de inundaciones, aumento del nivel del mar e incendios forestales”.
Ardern comprometió a su gobierno a reducir a cero sus emisiones netas de dióxido de carbono para 2025 y calificó al cambio climático como uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo.
Desde el 5 de diciembre de 2016, en que el gobierno de la ciudad australiana de Darebin declaró la emergencia climática para su localidad, 1400 gobiernos locales en 28 países también lo han hecho.
Además de Nueva Zelanda, desde abril de 2019 también la han declarado a nivel nacional o subnacional los gobiernos de Andorra, Argentina, Austria, Bangladés, Canadá, Corea del Sur, Escocia, España, Francia, Gales, Irlanda, Italia, Japón, Maldivas y Malta.
En México, ni el gobierno federal ni ninguno de los gobiernos estatales o municipales han declarado la emergencia climática pese a que nuestro país ya resiente los efectos del cambio climático.
Parece que ya todos olvidaron que en 2011 nuestro país padeció la peor sequía de su historia que causó la muerte por hambre o sed de 1.7 millones de cabezas de ganado y la pérdida de cosechas en casi 900 000 hectáreas en cinco estados del norte.
Algunos expertos estiman que el cambio climático puede contribuir a que para 2030 las tierras de cultivo en México se reduzcan entre un 40 y 70% y entre un 80 y 100% para 2100.
Dentro de pocos años el cambio climático arruinará a México, provocará hambrunas y la falta de agua obligará a millones de mexicanos a abandonar para siempre los lugares en donde viven.
Hasta hoy, las autoridades no previenen ni castigan la destrucción de los bosques y la contaminación de ríos, lagos y mares, y el gobierno de la 4T apuesta a que la explotación de los combustibles fósiles sacará a México de su pobreza.
¡Pobres de nuestros hijos y nietos! Pagarán muy caro por la irresponsabilidad ambiental de nuestros gobernantes.
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