El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó ayer el Plan Nacional Hídrico 2024-2030 que busca cambiar radicalmente la forma en que el país gestiona el agua. No es cualquier tema: México enfrenta una crisis hídrica alarmante: según Aquastat, en 2020 nuestro país ocupó el lugar 139 de 178 naciones en estrés hídrico. Esto significa que se extraen casi el 45% de los recursos renovables de agua dulce, una cifra que supera con creces el umbral del 25% que define el estrés hídrico. En pocas palabras, se está explotando al máximo un recurso limitado y el tiempo para actuar se está agotando.
La gravedad del problema no se limita a cifras abstractas. En regiones como el norte del país y en el Bajío la situación ya es crítica. Ni hablar de la CDMX, que sobrevive con cada vez menos metros cúbicos de agua por habitante al año. A esta realidad se suman el cambio climático, que amenaza con sequías más severas y frecuentes, la urbanización sin control y la contaminación de cuerpos de agua. El panorama no podría ser más sombrío.
Ante esto, el Plan Nacional Hídrico parece ser la luz al final del túnel. Promete atender el problema desde múltiples ángulos: infraestructura, modernización administrativa, restauración ambiental y participación ciudadana. La idea es ambiciosa, pero como siempre, el diablo está en los detalles.
Uno de los puntos más destacados es la plataforma digital “Agua para el Bienestar”. Según el gobierno, esta herramienta reducirá trámites de 27 a 19, disminuirá los requisitos necesarios y agilizará los tiempos de respuesta. Todo suena muy bien, pero estamos hablando de un país donde la burocracia se impone. ¿Logrará esta plataforma eliminar viejos vicios o será solo otra promesa incumplida?
El plan también incluye 16 proyectos estratégicos de infraestructura esenciales para garantizar la disponibilidad de agua a largo plazo, entre los que destacan presas, desaladoras y sistemas de protección contra inundaciones. Sin embargo, cada uno de estos proyectos requiere recursos considerables. Y aquí llegamos al talón de Aquiles del plan: el presupuesto.
En 2023 se asignaron 44,500 millones de pesos para infraestructura hídrica, un aumento notable tras años de recortes, aunque lejos de los 74,900 y 74,000 millones de 2014 y 2015. En 2024, el presupuesto cayó a 62,674 millones, un 8.48% menos que los 71,700 millones del año anterior, y para 2025 se proyectan apenas 37,119 millones, menos de la mitad del monto actual. ¿Cómo avanzar con recursos en constante disminución?
Además de los problemas financieros, están los políticos. La coordinación entre los tres niveles de gobierno siempre ha sido deficiente y la revisión de concesiones, aunque necesaria, enfrentará fuertes resistencias. A esto se suma la urgencia de adaptarse al cambio climático, que no solo complica la disponibilidad del recurso, sino que también exige infraestructura resistente y soluciones innovadoras.
El Plan Nacional Hídrico tiene el potencial de marcar un antes y un después, pero su éxito depende de varios factores: continuidad política, asignación adecuada de recursos y la capacidad de enfrentar los intereses que han mantenido este problema sin resolver por décadas. En pocas palabras, se requiere voluntad política y acción contundente.
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