La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) adquirió nueve camionetas Jeep Grand Cherokee blindadas para sus ministros, con un costo unitario de entre 1.7 y 3 millones de pesos. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, de acuerdo con información que le proporcionó la propia Corte, la compra generó un ahorro de más de mil millones de pesos al sustituir un contrato de renta previo. Sin embargo, los números no cuadran.
La SCJN justifica la compra con dos argumentos: el ahorro económico y la necesidad de garantizar la seguridad de los ministros. Pero ¿realmente se ahorró mil millones de pesos? Para saberlo, es necesario analizar los datos.
En 2019, el SAT pagó 277 millones de pesos por rentar 79 camionetas blindadas durante cuatro años, lo que equivale a 876,000 pesos anuales por vehículo. Si aplicamos esta tarifa a las 11 camionetas que antes usaban los ministros de la SCJN, el costo anual habría sido de 9.6 millones de pesos. En tres años, el gasto acumulado habría sido de 28.8 millones de pesos, una cifra similar al costo máximo de la compra actual (27 millones de pesos por 9 camionetas).
Esto significa que, con base en los datos del SAT, el gasto único de compra equivale a tres años de renta. Pero la SCJN afirma que el ahorro es de mil millones de pesos. ¿Cómo es posible? Incluso considerando un aumento anual del 4.5% por inflación, se necesitarían 42 años de renta para alcanzar esa cifra. Sin inflación, serían 104 años. Algo está mal.
La Corte no ha hecho públicos los términos del contrato de renta anterior. ¿Qué incluía? ¿Era más caro que el del SAT? Sin esta información, el argumento del ahorro resulta inválido.
El segundo argumento es la seguridad y que el blindaje es necesario para proteger a los ministros. Pero no se necesitaban vehículos de lujo. En otros países los jueces usan vehículos blindados estándar. La falta de explicaciones refuerza la percepción de que se priorizó el lujo sobre la austeridad.
Le toca a la SCJN transparentar los detalles y hasta ahora no lo ha hecho. Esta opacidad es inaceptable, especialmente cuando se trata de recursos públicos que administran ministros cuya honestidad supuestamente está muy por encima de la de sus antecesores.
El problema no es solo el gasto, sino la falta de rendición de cuentas. La credibilidad de las instituciones depende de la transparencia. No hay argumento que sirva.
El asunto también evidencia la doble moral de quienes han criticado la compra. Antes, se rentaban 11 camionetas sin mayor escrutinio. Ahora, con 9 camionetas compradas, se critica el gasto. Antes no se cuestionó el gasto recurrente de la renta porque no generaba titulares, mientras que una compra millonaria sí.
El verdadero escándalo no son las camionetas, sino la opacidad en el gasto. La SCJN debe explicar con claridad y precisión cómo se llegó a la cifra de mil millones de pesos y por qué se eligieron vehículos de lujo. De lo contrario, su desprestigio seguirá aumentando.
Cuando las instituciones actúan sin transparencia, la desconfianza es inevitable. La nueva SCJN, promovida por la presidenta Sheinbaum y compuesta por ministros electos por una minoría de minorías de ciudadanos, debe rendir cuentas y demostrar que es diferente de la que la precedió.
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