La iniciativa de reforma electoral presentada ayer por la presidenta Claudia Sheinbaum rediseña, en un solo paquete, la representación legislativa, el financiamiento, la fiscalización y la participación directa. El punto central, como insiste la oposición, es que el diseño permitiría que Morena incremente su fuerza en la Cámara de Diputados y en el Senado, aun sin aumentar su votación.
En la Cámara de Diputados se mantienen 500 curules, pero cambia la esencia de las 200 de representación proporcional. Cien se asignarían a los “mejores perdedores”: candidatos con los porcentajes más altos en su distrito sin haber ganado. Al amarrar parte de la representación proporcional al desempeño territorial, se favorece a quien tenga estructura nacional y capacidad de competir distrito por distrito; ahí Morena tiene ventaja. Para PRI y MC, cuya representación depende en gran medida de plurinominales y de votos dispersos, el cambio implica bancadas más pequeñas. El PAN resistiría mejor por su capacidad territorial, aunque también perdería representación proporcional.
Las otras 100 diputaciones se elegirían en listas regionales mediante voto directo en cinco circunscripciones. Esto reduce el control de las cúpulas sobre quién entra, pero también dificulta que los partidos aseguren espacios para perfiles técnicos que rara vez ganan campañas de popularidad.
En el Senado, el ajuste es más concentrador: de 128 a 96 y eliminación de los 32 de lista nacional. Sin ese componente, los partidos con votación nacional relevante pero sin suficientes triunfos estatales quedarían con poca presencia. Ejercicios realizados con los resultados de 2024 apuntan a que, con esa regla, Morena y aliados habrían quedado más cerca de la mayoría calificada, con menor necesidad de negociación.
La reforma también reduce el financiamiento público que reciben los partidos. Además, obliga al Instituto Nacional Electoral (INE) a reportar diariamente sus gastos a través del sistema financiero, lo que eleva el riesgo de sanciones por fallas administrativas, sin garantizar un freno al dinero ilegal.
En radio y televisión, el tiempo se reduce de 48 a 35 minutos diarios. En el entorno digital, se exige etiquetar el contenido generado con inteligencia artificial y se asigna a las plataformas una responsabilidad que puede derivar en bloqueos discrecionales. Se institucionalizan consultas y referéndums con un umbral del 40% para ser vinculantes, incluso en materia electoral, lo que abre una ruta paralela a la negociación legislativa.
Para los partidos, votar a favor de la iniciativa tendría efectos distintos. Morena aumentaría su fuerza en ambas cámaras. Para PRI y MC, que dependen más de la representación proporcional, la reforma puede traducirse en bancadas más pequeñas. El PAN aguantaría mejor por su fuerza territorial, aunque también perdería representación. Para el PT y el PVEM, el dilema es claro: si avalan reglas que reducen plurinominales y premian territorialidad, su futuro queda amarrado a que Morena les siga regalando candidaturas ganables. Si Morena deja de necesitarlos, la reforma les habrá quitado el mecanismo que les permite existir hoy. Votar a favor sería para ellos, tarde o temprano, su suicidio político; ¿lo harán?
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