De 1989 – EE.UU. invade Panamá

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20 de diciembre, 2017

Se conoce como Invasión de Panamá al operativo militar realizado por el ejército de los Estados Unidos de América el miércoles 20 de diciembre de 19892 con el propósito de capturar al general Manuel Antonio Noriega, Gobernante de facto de Panamá, quien era requerido por la justicia estadounidense acusado del delito de narcotráfico, así como neutralizar las Fuerzas de Defensa de Panamá, milicia bajo las órdenes de Noriega. El operativo fue denominado Operation Just Cause (Operación Causa Justa) por el comando militar estadounidense.

El 20 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, George H. W. Bush, autorizó la operación militar denominada Causa Justa, justificando la invasión con los siguientes motivos:

  • Proteger la vida de los ciudadanos estadounidenses que residían en Panamá.
  • Defender la democracia y los derechos humanos en Panamá.
  • Detener a Noriega para enfrentar delitos de tráfico de drogas.
  • Respaldar el cumplimiento del Tratado Torrijos-Carter.

Los estadounidenses dispusieron de 26 000 soldados de las unidades de elite, de los comandos navales, del ejército y la 82.ª División Aerotransportada para la invasión. Las Fuerzas de Defensa Panameña sumaban apenas 12 000 efectivos y el país disponía de una minúscula fuerza aérea.

El ejército de los Estados Unidos trasladó a Panamá a la 82.ª División Aerotransportada para la operación militar, la cual contaba con 12 000 soldados. Las bases militares estadounidenses en la riberas del Canal de Panamá, según el tratado Torrijos-Carter que legalizaba la presencia militar en el istmo para la defensa conjunta por ambas naciones de la vía acuática, contaban con un ejército de 12 000 los cuales no participaron de la Operación Causa Justa, se llevó a personal de inteligencia que estaba recién en entrenamiento, de los cuales murió el Teniente Joseph T Alvertk, y fue herido Benjamin Taylor, dejando a cargo de ese grupo a George Hershell.

Dos días antes del ataque, un soldado estadounidenses fue abatido cuando traspasó un retén frente al Cuartel Central de la Guardia Nacional, lo que fue considerado como el detonante del conflicto. La invasión inició la madrugada del 20 de diciembre de 1989 con el bombardeo de múltiples instalaciones políticas y militares. El objetivo del ataque era anular cualquier respuesta del ejército panameño. El bombardeo destruiría aeropuertos y bases militares como el Aeropuerto Marcos A. Gelabert en Punta Paitilla, el Cuartel Central en el barrio de El Chorrillo, el Cuartel de Tinajitas, el Cuartel de Panamá Viejo, el Cuartel de Los Pumas, la base militar de Río Hato (donde funcionaba el instituto militar Tomás Herrera, que no era en realidad una escuela de formación castrense) o la Base Naval de Coco Solo.

La Fuerza Aérea de los Estados Unidos probo un armamento de última generación, como los bombarderos furtivos F-117 Nighthawk o los helicópteros de combate AH-64 Apache contra un ejército muy poco equipado. A pesar de la alta tecnología del armamento estadounidense, se produjeron numerosas muertes civiles al ser alcanzados muchos edificios no militares.4 El ingreso de los soldados estadounidenses al barrio El Chorrillo, fue particularmente incendiado y masacrado.

No hubo ninguna declaración de guerra y la acción fue condenada por la Asamblea General de la ONU y por la Organización de los Estados Americanos (OEA). La operación duró pocos días ante la superioridad del ejército ocupante y la poca resistencia encontrada. Noriega logró escapar y buscó asilo en la Nunciatura Apostólica. Posteriormente, se entregaría a las fuerzas de ocupación y sería puesto bajo arresto.

Guillermo Endara fue nombrado presidente del país en una base militar de EE.UU. durante la operación. En los días siguientes a la intervención, debido a la ausencia de policía y ante la pasividad de las tropas estadounidenses, se produjeron en varias ciudades saqueos y actos de vandalismo que aumentaron las pérdidas materiales.

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Porque muchas de estas empresas son fantasmas que solo sirven para  realizar diferentes operaciones empresariales sin poseer activos significativos u operaciones propias. Estas empresas no son ilegales, pero muchas veces sirven para evadir impuestos o lavar dinero. Y esta evasión es de muchísimo dinero. Un estudio realizado por la ONG británica Tax Justice Network difundido en noviembre pasado señala que cada año las corporaciones multinacionales evaden pagar 245 000 millones de dólares en impuestos en los países donde operan, mientras que las personas que trasladan su riqueza al extranjero dejan de pagarle 182 000 millones de dólares en impuestos a sus gobiernos. En total las tesorerías nacionales dejan de percibir 427 000 millones de dólares que en pesos son casi 8.8 billones. En abril de 2016, 109 medios de comunicación electrónicos e impresos en 76 países difundieron sus análisis de casi 11.5 millones de documentos confidenciales filtrados de la desaparecida firma de abogados panameña Mossack Fonseca, cuyos servicios incluían fundar y establecer compañías en un paraíso fiscal para así esconder la identidad de sus dueños. El escándalo que causaron los denominados Panama Papers fue mayúsculo porque identificó a 140 políticos, entre ellos 17 jefes y exjefes de Estado y de Gobierno que establecieron empresas offshore para realizar transacciones financieras, algunas de ellas ilegales. Uno de ellos, el primer ministro de Islandia, renunció al cargo poco después. Hace unos días, por cortesía de quien antes divulgó los Panama Papers, el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores (ICIJ, por sus siglas en inglés), se difundieron los denominados Pandora Papers, que son resultado del análisis de 11.9 millones de documentos filtrados que provienen de 14 empresas de servicios que establecieron unas 29 000 empresas offshore o fantasma para sus clientes. El escándalo originado por los Pandora Papers es mayor que el de hace cinco años porque ahora son 35 jefes y exjefes de Estado y de Gobierno, 336 políticos y funcionarios de alto nivel y más de 100 multimillonarios los que son identificados como dueños de empresas offshore o realizando transacciones financieras por medio de ellas. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por lo menos 11.3 billones de dólares se mantienen en empresas offshore y paraísos fiscales y “debido a la complejidad y el secreto del sistema extraterritorial, no es posible saber qué parte de esa riqueza está vinculada a la evasión fiscal y otros delitos y cuánto de ella involucra fondos que provienen de fuentes legítimas y han sido declarados a las autoridades fiscales correspondientes”. Después del escándalo de los Panama Papers no sucedió gran cosa y es muy probable que no suceda ahora con los Pandora Papers. Tal vez porque quienes ahí figuran son personas muy poderosas e influyentes que, a fin de cuentas, son intocables en sus respectivos países. 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Los estados más peligrosos

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