Nos hemos convertido en una sociedad acostumbrada a ver como un gran número de personas viola regularmente los reglamento, códigos y leyes que existen, entre otras cosas, para mantener el orden, proporcionar seguridad, promover la disciplina colectiva, garantizar la impartición de la justicia, desarrollar la economía, y educar y proporcionar niveles de bienestar adecuados a los integrantes de la sociedad.
Desobedecemos las leyes porque nadie se encarga de hacer que las respetemos o porque el castigo que se nos impone por desobedecerlas es mínimo o nulo.
Nos pasamos los altos del semáforo y conducimos nuestros vehículos a exceso de velocidad porque no hay policías que sean capaces de detenernos y multarnos.
Los microbuseros de la Ciudad de México escandalizan con sus cornetas de aire, que aparentemente tienen prohibido instalar en sus unidades, porque los inspectores de la Secretaría de Movilidad de Gobierno del DF no hacen su trabajo.
Los zánganos que durante años han vivido de los recursos que la sociedad aporta al fisco, como son los maestros de la CNTE, los ex trabajadores de la desaparecida Luz y Fuerza del Centro y los miembros de otros grupos, rompen la ley al bloquear nuestras calles y carreteras. Y los funcionarios responsables de impedirlo también la rompen al permitírselo.
La delincuencia organizada opera a lo largo y ancho del país porque ha sabido sobornar a un elevado número de funcionarios de los poderes ejecutivo y judicial responsables de combatirlos.
Son muchísimas las empresas que prefieren violar una ley u otra porque que el monto de las multas que se les aplican por no acatarlas es menor al que tendrían que invertir para que poder cumplirlas debidamente.
La cantidad de funcionarios púbicos que no obedecen ciertas leyes es elevada porque no existe castigo alguno por desobedecerlas o porque el castigo es meramente simbólico y no les afecta ni la cartera ni la carrera.
En resumen, las leyes no se aplican de manera pareja porque en el país hay muchas organizaciones, empresas y personas que están por encima de la ley gracias a su poder e influencia política y/o económica.
Frente a estos individuos y grupos que constituyen una clase dorada estamos los millones de mexicanos que por convicción o temor actuamos de acuerdo a lo que las leyes, códigos y reglamentos nos señalan. Mexicanos que estamos hartos de ver como ciertos grupos e individuos que sin pensarlo dos veces y gozando de una absoluta impunidad las violan, afectan nuestros derechos, perjudican nuestro bienestar y frenan el de por sí lento desarrollo del país. Hombres y mujeres que exigimos que nuestras autoridades federales y locales las cumplan y las hagan cumplir antes de que sea demasiado tarde y lleguen al poder los demagogos que prometen un paraíso y terminan entregando un infierno.
Que las leyes se apliquen es una demanda generalizada que nuestros altos funcionarios se empeñan en ignorar pese a los altos riegos que eso entraña.
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