En mi columna del 6 de octubre de 2014, escribí:
“Lo ocurrido el 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México, y en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre, por más que nos indigne, no debe causarnos sorpresa alguna. Después de todo, son dos eventos más que se añadirán a la larga lista de desapariciones forzadas y asesinatos o ejecuciones extrajudiciales cometidos por miembros de nuestras fuerzas armadas o cuerpos policíacos (…) Los casos de Tlatlaya e Iguala tienen un común denominador: civiles que fueron asesinados o desaparecidos por fuerzas de seguridad: militares en el Estado de México, y policías en Guerrero. Vienen a añadirse a otros que desde hace años han sido ampliamente documentados y denunciados por diversas organizaciones…”.
Años antes, el 9 de mayo de 2011, escribí:
“¿Quién recuerda hoy que el 21 de septiembre de 1941, por órdenes del presidente Ávila Camacho, el Ejército disparó contra unos 200 obreros huelguistas de la Cooperativa de Vestuario y Equipo, la empresa paraestatal que fabricaba los uniformes del ejército y la policía, cuando marchaban hacia la casa del presidente, en la colonia Del Valle, para pedirle mejores salarios y condiciones laborales? ¿Quién recuerda a los nueve obreros que murieron? (…) ¿Recuerda alguien a los 5000 mineros de Palau, Nueva Rosita y Cloete, Coahuila, que después de caminar 1500 kilómetros desde sus minas hasta la Ciudad de México, para exigir mejores salarios y democracia sindical, fueron reprimidos y arrestados por el gobierno del presidente Miguel Alemán, el 10 de abril de 1951? (…) Tampoco son muchos quienes recuerdan la masacre del 7 de julio de 1952, cuando soldados dispararon contra miles de personas que en el centro de la Ciudad de México protestaban contra los resultados de la elección presidencial del 1 de julio anterior, que oficialmente ganó Adolfo Ruiz Cortines. Ese día 7, por órdenes de Miguel Alemán, los seguidores del candidato opositor, Manuel Henríquez Guzmán, fueron atacados por el Ejército y la policía. Se habló entonces de unos 200 muertos cuyos cadáveres fueron incinerados en el Campo Militar Número 1 (…) Casi nadie se acuerda de la matanza de casi 90 campesinos copreros en Acapulco, el 20 de agosto de 1967”.
El sábado pasado, al encabezar el evento en donde se informó el estado que guarda la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que desde que estaba en campaña dijo “que si se aclaraba de que habían participado militares, se tenía que decir, saber y castigar a los responsables”. Añadió que “se han otorgado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar, cero impunidad”. Además, indicó que iban a entregarle “el informe de si ya se detuvo a los que están prófugos y que tienen que ver sobre todo con las Fuerzas Armadas”.
Durante décadas, militares, policías y paramilitares reprimieron violentamente a quienes protestaron pacíficamente contra el gobierno. Los que ordenaron que se matara o hiriera a tantos mexicanos, nunca respondieron por sus crímenes.
Espero que AMLO, a diferencia de sus antecesores, permita que los soldados, guardias nacionales y policías que cometan cualquier delito sean denunciados, enjuiciados y castigados; que haya “cero impunidad”.
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