Así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador el martes pasado: “como a las 9:30 de la noche, se produjo un incendio en un albergue de migrantes en la frontera, en Ciudad Juárez (…) perdieron la vida 39 migrantes. (…) se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados y, como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego. No imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia”.
Lo que tampoco imaginaron los 68 extranjeros que estaban encerrados en ese lugar es que ninguno de sus vigilantes les abriría las puertas para que pudieran escapar de las llamas que mataron a 40 de ellos.
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Será la FGR la que aclare lo que sucedió, aunque es probable que no se nos dará la versión completa del caso ya que desde el martes los principales funcionarios encargados del tema migratorio lo politizaron al tratar de exculparse, echándole la bolita a otros.
AMLO culpó, primero, a los que le prendieron fuego a las colchonetas y, luego, a periodistas que “Están muy interesados en esto, más por el dolor que les puede causar, por el amarillismo. Estoy viendo lo de las redes sociales, todos nuestros adversarios y la mayoría de los medios de comunicación están en contra de nosotros”.
El secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, entrevistado por Joaquín López Dóriga en Grupo Fórmula, responsabilizó a Marcelo Ebrard al decir que “hay un acuerdo al interior del gobierno y es Marcelo, el secretario de Relaciones Exteriores, quien se encarga del tema migratorio”, mientras que éste se limitó a responderle vía Twitter que “Dejo cualquier consideración de índole política para otros momentos. Cada cual debe hacer lo que le corresponde en esta hora”.
El “acuerdo al interior del gobierno” que esgrimió López Hernández para responsabilizar a Ebrard es el decreto que expidió AMLO en septiembre de 2019 que creó la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyo objeto es “fungir como instancia de coordinación de las políticas, programas y acciones que las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal tienen en materia migratoria, para el cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias de coordinación que al efecto establezca la Comisión en dicha materia”.
Sin embargo, la Ley de Migración vigente señala que la Secretaría de Gobernación es responsable de “Fijar y suprimir los lugares destinados al tránsito internacional de personas” y que al Instituto Nacional de Migración (INM), que es un órgano administrativo desconcentrado de dicha secretaría, le corresponde “Presentar en las estaciones migratorias o en los lugares habilitados para tal fin, a las personas” y que “Para la presentación de migrantes, el Instituto establecerá estaciones migratorias o habilitará estancias provisionales en los lugares de la República que estime convenientes”.
Con base en lo anterior es de suponerse que el INM administra la estación migratoria de Ciudad Juárez de acuerdo a las “políticas, programas y acciones” que coordina Relaciones Exteriores.
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Bien haría AMLO en aclarar este punto con el fin de deslindar responsabilidades.
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