El 28 de octubre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual nuestros legisladores federales nos invitaron a opinar, mediante la consulta popular que se realizará el 1 de agosto venidero, sobre “las acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”.
Quien participe deberá presentarse en la casilla de votación que le corresponda, se identificará con su credencial para votar, marcará con un sí o un no la pregunta que estará impresa en la papeleta que se le entregará y luego depositará ésta dentro de una urna que ahí estará colocada.
La pregunta es: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Esta es muy diferente a la que el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió cuando en agosto del año pasado le envió al Senado su propuesta de consulta: “¿Está de acuerdo o no con que autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
Por diversas razones legales y para “hacerla congruente con el tema sobre el que se consultará a la población y purgarla de cualquier elemento que la vicie”, la SCJN la modificó y es la que será sometida a consulta.
El Artículo 35 de la Constitución señala que para que la consulta sea vinculatoria, el 1 de agosto deberá participar por lo menos el 40% de los 93 439 999 ciudadanos que, de acuerdo con el corte realizado el 25 de junio pasado, están incluidos en la lista nominal del INE.
¿Participarán 37 376 000 personas?
Es difícil saberlo porque es la primera vez que en México se realiza algo así.
Si nos atenemos al porcentaje de la lista nominal que votó en las elecciones intermedias de 2009, 2015 y 2021, es probable que sí. En esos años la participación fue del 44.6%, 47.72% y 52.66%, respectivamente. Sin embargo, no es lo mismo ir a votar por legisladores federales y locales, presidentes municipales y gobernadores que dedicar parte de un domingo para ir a una casilla solo para responder a una pregunta.
Hasta ahora, no he visto encuesta alguna que indique cuántas personas han decidido participar en la consulta; pero el miércoles pasado realicé un sondeo –que no encuesta– entre mis seguidores de Twitter, a quienes les pregunté: “¿Piensas votar en la consulta popular del 1 de agosto para que se investiguen los probables delitos de los políticos y funcionarios del pasado?”.
De las 3904 personas que respondieron, el 87% dijo que no.
Curiosamente, el mismo Andrés Manuel, a pesar de ser el promotor de la consulta, ha dicho que no participará porque él está “pensando hacia adelante”.
Creo que millones de mexicanos, por razones similares o distintas a las de él, tampoco participaremos.
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