Refiriéndose a la venta generalizada de armas en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esto en su conferencia de prensa del lunes pasado: “Seguiremos insistiendo… No descartamos que puedan llevar a cabo modificaciones a su Constitución porque no se puede permanecer con las mismas leyes de siempre cuando son otras las realidades… Vamos a seguir insistiendo en que haya control en la venta de armas, que no se puedan adquirir las armas en cualquier centro comercial… Sin ningún control…”.
La modificación a la que se refiere el presidente tiene que ver con la Segunda Enmienda a la Constitución de EEUU que, junto con otras nueve enmiendas que conforman el llamado Bill of Rights (Carta de Derechos), fue ratificada en 1791.
El texto vigente desde hace 228 años que Andrés Manuel quisiera ver modificado o reinterpretado por la Suprema Corte de EEUU señala que “Siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del Pueblo a poseer y portar armas no será infringido”.
Para los historiadores de la constitución estadounidense, la enmienda se aprobó y ratificó para: 1) Reconocer el derecho natural de la legítima defensa; 2) permitir a un pueblo armado combatir a un gobierno antidemocrático; 3) y permitir a la gente organizar un sistema de milicias ciudadanas.
Sin embargo, como se explica en www.ranker.com: “En 1791, las armas comunes incluían mosquetes y pistolas de chispa (…) un ‘mosquete típico de la era revolucionaria’ tenía una capacidad de cargador de una ronda, y podía disparar alrededor de tres rondas efectivas por minuto, en manos del portador más hábil. Su rango de precisión máxima tenía que estar dentro de los 50 metros. Compare esto con un ‘AR-15 típico de hoy en día, que tiene una capacidad de cargador de 30 disparos, tiene un disparo efectivo de 45 disparos por minuto y un rango de precisión de 550 metros. Estas son armas muy diferentes’”.
Andrés Manuel no está solo en su pretensión de lograr una modificación a la Segunda Enmienda. De acuerdo con una encuesta realizada por Gallup en octubre del año pasado, el 61% de los estadounidenses está a favor de que la venta de armas sea más estricta. Sin embargo, el 57% está en contra de una ley que haga ilegal fabricar, vender o poseer armas semiautomáticas conocidas como rifles de asalto o el “AR-15 típico”. O sea, que la mayoría acepta que se vendan armas de todo tipo, pero que la venta esté regulada para impedir que las puedan adquirir quienes tengan antecedentes criminales, una relación con grupos extremistas o que padezcan una enfermedad mental.
Por el momento es improbable que el congreso o la Suprema Corte de EEUU hagan algo para dificultar la venta de armas, incluso las diseñadas para ser utilizadas por militares. La solicitud del presidente de México seguramente será ignorada.
Desde hace años he dicho que la única manera de controlar la entrada de armas a nuestro país es mediante un riguroso control en nuestras fronteras, verificando la procedencia y legalidad de todo lo que ingrese por tierra, aire o mar. ¿Si puede controlarse la entrada de migrantes, por qué no la de armas?
¿A quién le importa más que no entren armas a México? ¿A los mexicanos o a los gringos? La respuesta es evidente.
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