La presidenta Claudia Sheinbaum dijo el sábado que gobierna sin “parafernalia” y puso como ejemplo que su seguridad depende de 10 jóvenes de la ayudantía. Políticamente suena bien; en materia de seguridad, es una decisión peligrosa.
10 personas no bastan para protegerla. En un país donde la delincuencia organizada dispone de armamento de guerra y redes de inteligencia propias, y el ambiente político está lleno de opositores radicalizados contra la presidenta, un equipo tan reducido apenas alcanza para acompañarla físicamente, no para garantizar su integridad. Los especialistas en protección ejecutiva coinciden: se requieren entre 60 y 120 elementos entrenados, distribuidos en tres anillos —protección inmediata, control de entorno e inteligencia preventiva— para cubrir adecuadamente a una figura de ese nivel.
El martes pasado, al caminar por el Centro Histórico de la CDMX, un individuo logró acercarse y tocar indebidamente a la presidenta. El hecho, más allá del acoso, evidenció que el círculo de seguridad inmediata falló. Si alguien puede romper el perímetro para agredirla, también podría hacerlo para atentar contra ella. El episodio mostró que la “cercanía sin parafernalia” es una vulnerabilidad.
La seguridad de un jefe de Estado no es un privilegio, sino una responsabilidad institucional. Su función es proteger la continuidad del gobierno y evitar una crisis política o social derivada de un ataque. Un atentado contra la presidenta tendría además consecuencias económicas y diplomáticas inmediatas, capaces de desestabilizar al país y minar la confianza internacional en México. Por eso, los países que enfrentan amenazas de terrorismo, violencia política o crimen organizado —como Estados Unidos, Francia, Colombia o Brasil— tienen estructuras amplias y profesionales: el Servicio Secreto de EEUU emplea más de 3 000 agentes; el Grupo de Seguridad de la Presidencia de la República (GSPR) francés tiene entre 90 y 120; la Seguridad Presidencial colombiana dispone de unos 200 efectivos; y en Brasil un equipo de alrededor de 150 personas cuidan al presidente. México no puede pretender que 10 jóvenes civiles sustituyan esa capacidad técnica y humana.
Importa también quién dirige la ayudantía. Su jefe, Juan José Ramírez Mendoza, hermano de Sebastián Ramírez, exdirigente de Morena y actual titular de Fonatur, carece de trayectoria conocida en protección ejecutiva. Ningún documento público acredita su formación táctica, militar o policial. Antes de su ingreso al servicio público trabajó, según reportes, como coordinador de marketing deportivo en radio y televisión. Poner a una persona con ese perfil al frente de la seguridad inmediata de la presidenta es confundir lealtad con capacidad.
No se trata de volver a los excesos del pasado. El antiguo Estado Mayor Presidencial era demasiado grande, pero dentro de él había profesionales experimentados en protección y logística. Lo sensato sería recuperar ese nivel de especialización sin el aparato innecesario.
Gobernar sin ostentación es deseable; exponerse, no. La presidenta puede seguir mostrando cercanía, pero bajo un esquema profesional que no dependa de la improvisación ni de la suerte. 10 no bastan.
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