La aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión es, en el mejor de los casos, un avance legislativo necesario. Endurece penas, tipifica modalidades, homologa criterios entre entidades y formaliza la persecución de oficio. Pero, como suele ocurrir en México, la ley es solo la fotografía de un país imaginado, no del país real.
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