El caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pone sobre la mesa un complejo proceso de extradición solicitado por Estados Unidos, respaldado por acusaciones de un gran jurado por delitos graves como narcotráfico y uso de armas. Expertos advierten que, más allá del procedimiento legal —que incluye órdenes de aprehensión y un posible desafuero—, el tema plantea un fuerte dilema político para México: responder a la presión internacional o defender su soberanía. En juego están no solo las implicaciones jurídicas, sino también el impacto en la relación bilateral y posibles escenarios que podrían escalar la tensión entre ambos países.
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