Las recientes inundaciones en el centro y sureste del país, con decenas de muertos y miles de damnificados, revelan una pérdida creciente de eficacia del Estado mexicano para anticipar riesgos, responder a emergencias y garantizar servicios públicos básicos. Lo que debería ser una gestión preventiva se ha convertido en una reacción tardía, burocrática y descoordinada.
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