Poco más de 85 funcionarios y exfuncionarios han sido detenidos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
La cifra no permite concluir que exista un problema mayor al identificado por las autoridades pero sí plantea una pregunta legítima: si el Estado enfrenta organizaciones capaces de controlar territorios, operar mercados ilícitos multimillonarios e infiltrar gobiernos municipales, ¿las investigaciones sobre las redes de protección institucional y financiera avanzan al mismo ritmo que las acciones contra los operadores criminales?
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