Pese a las celebraciones del gobierno por la disminución nominal de la pobreza en el país, el panorama no es nada alentador. La mejora no es sostenible, las carencias sociales son alarmantes en educación y salud y las condiciones para el crecimiento económico lucen precarias.
La reciente publicación de INEGI sobre Pobreza Multidimensional amerita una serie de reflexiones muy relevantes para el debate político. Por supuesto, el gobierno y sus voceros celebran con bombo y platillo la reducción de los niveles de pobreza en el país que muestra el reporte, proclamando que México debe ser ejemplo para el mundo y que estos resultados son prueba contundente de que “el modelo de la 4T” funciona (supongo que se refieren a la destrucción institucional del estado para canalizar miles de millones de pesos a transferencias directas para las familias y haber forzado por decreto el aumento de los salarios mínimos). Dice Doña Claudia que en esto consiste “el humanismo mexicano”. El caso requiere un análisis más profundo y una crítica que muchos analistas no se atreven a hacer sobre la relatividad de estos datos y lo mucho que esconden. Echemos una mirada más a fondo.
La nota principal que destaca el reporte de INEGI es que, entre 2018 y 2024, el número de persona viviendo en situación de pobreza se redujo de 51.9 a 38.5 millones (de 41.9% a 29.6% de la población). En cuanto a personas en pobreza extrema, también se muestra una reducción, de 8.7 a 7 millones de personas en el mismo periodo (de 7% a 5%), después de que había aumentado hasta cerca de 12 millones entre 2020 y 2021. Esto, en principio, parece una mejora importante en el nivel de vida de los mexicanos y es lo que celebra el gobierno. Sin embargo, “el Diablo está en los detalles”: El mismo reporte de INEGI muestra que la población vulnerable por carencias sociales creció de 32.7 a 41.9 millones de personas (de 26 a 32%).
En este ámbito lo que destaca son dos aspectos cruciales para aliviar la pobreza estructural (concepto que se refiere a una forma persistente y profunda de pobreza arraigada en las condiciones sistémicas de una comunidad; a una limitación crónica de oportunidades para salir adelante por ellos mismos): el rezago educativo y la carencia de atención a servicios de salud. El rezago educativo se define como “la no conclusión de la escolaridad obligatoria en la edad esperada”. Aquí pasamos de 22 millones de personas en 2018 a 24.2 seis años después, pero más allá del número, es preciso atender a una valoración cualitativa no considerada en esta medición: también cuenta la calidad de la educación recibida, cuestión en que el retroceso es dramático (por el empeoramiento de la calidad de los contenidos, la desaparición de las mediciones sobre aprovechamiento de los alumnos y la entrega de la educación a las mafias sindicales). Por otro lado, la población sin acceso a servicios de salud aumentó de 18.8 a 44.5 millones de personas en el primer sexenio de la 4T. La destrucción del Seguro Popular, la falta de abastecimiento de medicinas y el fracaso del IMSS Bienestar, tienen también un impacto dramático en la calidad de vida de las personas que, si ahora tienen un ingreso económico mayor, la atención médica la tienen que sufragar por su cuenta o sufrir las consecuencias de no atenderse. Estos dos datos regresivos, a mi juicio, anulan los vítores de los celebrantes.
En cuanto a la indiscutible mejora en el nivel de ingresos de las familias también debemos hacer consideraciones importantes. La causa principal de este incremento radica en el aumento del salario mínimo, que pasó de $2,133 a $7,468 pesos mensuales entre 2018 y 2024 (y ya es de $8,364 este año), cuadriplicándose en este periodo. Acierto indiscutible de política pública y acto elemental de justicia distributiva, el problema es que estos aumentos se han dado por decreto presidencial y no por una elevación de la productividad, lo que hace difícil que siga creciendo de este modo sin dislocar las cadenas productivas y el empleo.
El crecimiento de ingresos no se debe (como muchos creen) a las “transferencias del Bienestar” impulsadas por AMLO y continuadas por Sheinbaum, sino a los ingresos que reciben las personas por su trabajo: En promedio, de cada 100 pesos que recibe una persona, 87 provienen de su actividad laboral y sólo 4 pesos recibe de las transferencias gubernamentales (el resto viene de pensiones por jubilación, rentas de una propiedad u otras transferencias privadas). Esto implica que, sin duda alguna, la mejor política para combatir la pobreza es fomentar los empleos productivos y la actividad empresarial. Aquí debemos considerar que el crecimiento económico ha sido raquítico en los últimos 7 años -incluyendo el actual- (México es el peor país en Latinoamérica con excepción de Venezuela, con todo y T-MEC y nuestra privilegiada geografía para el nearshoring); que la inversión tanto privada como pública está en mínimos históricos y que las condiciones percibidas por la comunidad empresarial son desfavorables dada la desconfianza en el régimen; el empleo formal no crece y cada vez más personas viven como pueden en la economía informal. Añadamos que el rezago educativo resulta un lastre aterrador para nuestro futuro, porque los empleos en la economía tecnológica requieren cada vez un más sofisticado capital intelectual. (Una publicación de la OCDE muestra que México es el país que menos invierte por estudiante: 3,000 dólares/año cuando el promedio en esta lista ronda los 11 mil).
Además, contrario a lo que afirman Claudia y los voceros del régimen, las transferencias directas resultan muy cuestionables: En 2024 el estado gastó ¡700 mil millones de pesos!, beneficiando nada más a 1 de cada 3 familias (2/3 no reciben nada) y los que reciben no son los más pobres (porque no hay ningún criterio de selección social para hacerse acreedor de estos beneficios). Estas transferencias, que ya han costado la destrucción institucional del Estado merced a la estúpida “austeridad franciscana” de la administración pública, además resultan insostenibles por la carga fiscal que representan para un gobierno que ya no tiene dinero.
Pese al celebrado crecimiento de ingresos, la situación económica de las familias está muy lejos de ser la deseable. Según la ENIGH-2024, el 40% de las familias no alcanza a cubrir los costos de una canasta básica ampliada (alimentos y servicios básicos) para dos personas, en tanto el 80% de las familias vive con menos del equivalente a 1,000 dólares mensuales ($18,227 pesos) -que en una economía todavía globalizada no alcanzan para mucho-.
Por todo esto, la verdad, me parece que la celebración de muchos no es más que fuegos de artificio. Muchos juegan a hacerse tarugos frente a la situación prevaleciente. Termino recordando aquella frase del poema de Mario Benedetti: “¿De qué se ríe señor ministro? ¿De qué se ríe?”.
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