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Adiós a las Juntas de conciliación y arbitraje, ¡¿Y?!

“El que se mueve no sale en la foto”.

9 de febrero, 2017

“El que se mueve no sale en la foto”. Esta era la singular forma en que cierto líder sindical daba a entender que aquel empleado que “hiciera olas”, fuera para denunciar corruptelas, violación de derechos laborales o cualquier otra cosa incorrecta, era sujeto de despido. Tristemente la realidad laboral en México no ha cambiado y la sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje por Centros de conciliación especializados, anunciada recientemente por el secretario del Trabajo y Previsión Social, ayuda muy poco. El problema no está en que los mexicanos no peleen por sus derechos laborales porque el proceso de demanda sea lento, sino porque que están en la indefensión total ante empleadores que violan los derechos laborales de manera flagrante y la existencia de mecanismos que disuaden a los trabajadores de emprender acción legal.

Todos hemos vivido o conocemos a alguien que haya padecido alguna nefasta práctica laboral. Algunos ejemplos: hacerte firmar tu renuncia el día que te contratan, hacer pruebas de embarazo, pagar por honorarios asimilados a salarios a empleados de tiempo completo. (Para aquellos que no lo saben, los honorarios asimilados a salarios ni siquiera existen en la legislación laboral, es una opción fiscal para el trabajador; es decir, la empresa no lo puede imponer. Es una alternativa para aquellas personas físicas que prestan servicios profesionales -entiéndase profesionistas independientes-, que por la duración de un proyecto de trabajo les conviene que su cliente -la empresa- les pague sus honorarios de manera mensual, de manera similar a los salarios: sin pago de IVA y sin la entrega mensual de recibos de honorarios. Como se supone que no son empleados de la empresa y no están de tiempo completo, ésta no tiene la obligación de pagar seguridad social). Entre esto y otras mañas pareciera que tener prestaciones de ley es un lujo que solo tienen algunos afortunados.

Algunos podrán alegar que lo anterior ocurre porque los empleados mexicanos no conocen sus derechos laborales. También podría decirse que muchos están condicionados a no discutir con el jefe ni “hacer olas”, por el riesgo de ser tachados como “empleados problema”. Sin embargo, ¿qué ocurre con aquellos que no tienen el citado condicionamiento y conocen sus derechos laborales? La respuesta es simple: se dice que algunas empresas comparten una lista negra donde aparecen los nombres de trabajadores que han exigido respeto a sus derechos laborales, ya sea directamente en la empresa o iniciado procesos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Si bien jamás he visto tal lista, sí he escuchado a gerentes de Capital Humano mencionarla y afirmar que tienen la instrucción de consultarla para no contratar a “personas conflictivas”. Si la dichosa lista en verdad existe, entonces las empresas están actuando cual mafia que violenta la ley y reprime a quienes están en todo su derecho de defenderse. Ante la duda, muchos mexicanos no demandan a su empleador por miedo a aparecer en la infame lista y tener problemas para encontrar trabajo. No hay mecanismo disuasivo más efectivo que el miedo.

Bajo este panorama, la sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje por Centros de conciliación especializados es como regalarle zapatos a un niño que muere de hambre. Si bien no está mal mejorar un proceso que hasta la fecha no ayuda en nada, se debe atacar el problema de raíz: la falta de información y de mecanismos de control.

Es imprescindible invertir en informar a la población sobre sus derechos laborales. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) solo el 17% de la población entre los 22 y 64 años han alcanzado (no necesariamente terminado) la educación superior[1] y no todos ellos reciben instrucción sobre sus derechos laborales. Con tales cifras ¿a alguien le sorprende que algunas empresas hagan lo que quieran con los trabajadores?

También es necesario contar con mecanismos de monitoreo de las prácticas laborales. Así como los empleadores investigan los antecedentes de los candidatos a un puesto, los trabajadores tienen el derecho de saber qué empresas tienen malas prácticas. Si bien la sociedad civil organizada y organizaciones internacionales podrían hacer esto, ello debería ser obligación de la autoridad laboral o de alguna otra instancia institucional.

La situación laboral en México es indignante, pues además de malos sueldos los trabajadores deben tolerar violaciones a sus derechos laborales. Todos merecemos una vida digna y mucho de ello empieza por un trabajo digno y de calidad.

[1] OCDE (2013) Panorama de la educación México. Recuperada el 6 de febrero de 2017 de https://www.oecd.org/edu/Mexico_EAG2013%20Country%20note%20(ESP).pdf

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