El avance tecnológico y la digitalización han sido fundamentales para la humanidad. Sin embargo, no todo ha sido bueno durante esta evolución, pues también se han sofisticado los procesos para generar fraudes y robo de información de los usuarios de internet, incluyendo a personas, empresas y gobiernos.
La ciberseguridad se ha convertido en un reto en todos los niveles, pues cada vez son más frecuentes los ataques cibernéticos en los que se vulnera la seguridad y la privacidad de los usuarios. La realidad es que nadie está exento de este tipo de ataque, pues, incluso, se han dado al más alto nivel y alrededor de todo el mundo.
Un ejemplo es lo que ocurrió en México durante el 2018, cuando se materializó el ataque al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), que generó pérdidas por más de 400 millones de pesos. Ante esta situación, las autoridades financieras mexicanas adoptaron un protocolo de ciberseguridad para atender ataques cibernéticos.
De acuerdo con el Índice Global de Ciberseguridad 2020 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, México ocupó el lugar 63 de 175 en su nivel de preparación en ciberseguridad durante el año 2018 y en 2020 alcanzó el lugar 52 de 194 países. Este índice detectó que uno de los desafíos de la ciberseguridad fue la pandemia de COVID-19 que promovió la transición de las actividades cotidianas hacia la esfera digital.
Si bien es cierto que México es un país que ha mostrado avances en materia de ciberseguridad, aún quedan áreas de oportunidad que deben ser atendidas con urgencia. A inicios del mes, hubo una filtración de documentos y datos sensibles de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) que comprometió un total de 6 terabytes de información, conocido como Guacamaya Leaks. Este ciberataque mostró la fragilidad de los sistemas de seguridad de la institución.
Ante esta situación de vulnerabilidad de las dependencias del gobierno, los legisladores se han dado a la tarea de acelerar la discusión para avalar la Ley Federal de Ciberseguridad. El objetivo es que antes del 15 de diciembre próximo se aprueben los cambios al marco legal para prevenir ciberataques; el primer borrador contempla la existencia de una Agencia Nacional de Ciberseguridad, un equipo de inteligencia y respuesta a incidentes, unidades de ciberseguridad y una Fiscalía Especializada en Delincuencia Cibernética.1
De acuerdo con el presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, Javier López Casarín, en los próximos días se pondrá a consideración de los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado y de la que él preside, el primer borrador de iniciativa de ley de Ciberseguridad. Cabe señalar que de manera general también se busca imponer penas más severas, mayor coordinación entre autoridades federales y locales, así como mejorar la colaboración con el extranjero. 2
La realidad es que el ataque cibernético a la SEDENA marcará un parteaguas en la manera en la que se concibe la interacción de las instituciones con la tecnología. Aunque los riesgos no pueden desaparecer por completo, es posible reducirlos y prevenirlos, por ello, la discusión de la Ley es un primer paso para intentar garantizar el resguardo de información sensible. En palabras de la experta Teresa Cabrera, “el enfoque de atención de incidencias debe cambiar a uno de prevención de riesgos.”
*Nota basada en la columna publicada por Teresa Cabrera en la Revista Foro Jurídico, “Ciberseguridad y Compliance: Nuevos Retos Corporativos”.
1 https://www.eleconomista.com.mx/politica/La-ruta-de-la-Ley-de-Ciberseguridad-20221007-0067.html
2 https://www.eleconomista.com.mx/politica/La-ruta-de-la-Ley-de-Ciberseguridad-20221007-0067.html
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