- ¿Corrupción e Impunidad seguirán de la mano?
La tragedia que enlutó a 26 familias en la Ciudad de México el pasado 19 de septiembre, derivado del derrumbe de parte del Colegio Rébsamen en el sismo acontecido, tal parece que se pretendiera darle carpetazo. O que el tema se vaya diluyendo, sin que hasta el momento se tenga información completa de que la muerte de 19 niños y siete adultos, así como la corrupción que la propició se les aplique la ley y no quede IMPUNE.
Esto viene a colación porque a pesar de que se conoció que los peritajes llevados a cabo por instrucciones de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, que determinaron que la construcción del cuarto nivel en el Colegio Enrique Rébsamen, estaba fuera de norma y que como consecuencia ocasionó que el derrumbe de la misma con las fatídicas consecuencias ya conocidas.
Determinando que en el cuarto nivel construyeron en 2016 un departamento, en el que al tener piso de porcelanato, material que es difícil de malear, por lo cual se requiere una buena estructura para ser soportado. Dicho piso tenía un peso de casi una tonelada, de acuerdo a los peritajes. Teniendo como resultado provocar que el día del temblor, los pilares que sostenían la construcción no se fracturaran, sino que se cayeran.
Posteriormente de ser presentados los dictámenes ante un Juez de Control, se libró una orden de aprehensión en contra de Mónica García Villegas, por homicidio culposo, de 19 niños y siete adultos.
Pero hasta el momento nada se sabe de la dueña del Colegio, dando a pensar de que pudiera ya no estar en la Ciudad de México, e inclusive en el país.
A pesar de lo contundente de los resultados de estos peritajes, da la impresión de que la gravedad de lo que aconteció en este Colegio, insisto, se vaya diluyendo y que otras noticias, cubriendo la corrupción que lo propició.
Comento lo anterior, porque después de que el caso también ocurrido el 19 de septiembre, en el Tecnológico de Monterrey ubicado en la misma Delegación Tlalpan que el Colegio Rébsamen, que se había mantenido en bajo perfil, se convierta ahora en la noticia que interesa y acapara los espacios en los medios. Y no porque sea de menor importancia que ahí hayan fallecido cinco estudiantes y 40 heridos, sino que hasta ahora las familias de dos estudiantes muertos denuncien a la institución por negligencia el pasado 30 de octubre.
Argumentando que no se hizo nada durante los 12 días que separaron los movimientos sísmicos del 7 y 19 de septiembre, aun que los puentes que se cayeron, ya habían mostrado deficiencias. Y a pesar de ello, las autoridades del Tec de Monterrey no realizaron ninguna gestión preventiva, como ordenan los protocolos de protección civil como: acordonar la zona, suspender actividades, evacuar a los estudiantes presentes y ordenar la intervención de peritos estructurales para revisar y decidir si las instalaciones podían seguir funcionando.
De igual manera, hay otra información que al igual que la del Tec de Monterrey sí se difunde y es la vinculación a proceso penal a Jaime Smith Ríos, corresponsable de instalaciones del colapsado edificio de Emiliano Zapata 56 en la colonia Portales, delegación Benito Juárez, llamando la atención que sea el único detenido hasta ahora por el derrumbe de inmuebles tras el sismo del 19 de septiembre pasado.
Determinándose que hay elementos de prueba suficientes para procesar a Smith Ríos por los delitos de corresponsabilidad de la obra y homicidio doloso en perjuicio de Matilde Téllez y Karla Kauri Santos, quienes fallecieron bajo los escombros del citado inmueble.
Y sin malinterpretar las cosas, insistiendo en el tema de el o los responsables en el derrumbe del Colegio Rébsamen, porque respecto al edificio de Emiliano Zapata sí se ha actuado con rapidez para detener a este responsable y a pesar de los dictámenes y de que existe una orden de aprehensión contra la directora y dueña del Rébsamen, no sucede lo mismo.
Siendo que entre otras muchas causas que se presentan para determinar la culpabilidad de Jaime Smith Ríos, está la responsabilidad por omisión al no notificar por ninguna vía de una serie de anomalías que hubo en la construcción del inmueble y que van desde la falta de un corresponsable de seguridad estructural, hasta fallas en los métodos y materiales de construcción de cimientos, castillos y trabes.
Con un peritaje elaborado por la firma Nava Díaz y Asociados, el agente del Ministerio Público dijo que los castillos eran prefabricados e inferiores hasta en 10 centímetros al diámetro requerido; además, la varilla utilizada era de un calibre menor al ideal y el armado de las trabes fue deficiente lo que, en conjunto, disminuyó la resistencia de la estructura a los sismos.
Sigo insistiendo, qué sucede con el caso del Colegio Rébsamen, dado que si ya existe una orden de aprehensión y nada pasa.
Mientras tanto, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que se encarga de la defensa de los familiares de 14 personas que perdieron la vida en el Colegio Rébsamen a causa del sismo, dió a conocer que no solamente actuará por la vía penal, sino también por la vía administrativa y laboral.
En voz del presidente de la Barra, José Mario de la Garza Marroquín, señaló: “Por lo pronto, la denuncia penal ya está interpuesta y sigue su curso en la Procuraduría capitalina. Pero aparte de la penal actuaremos por otras vías, como la administrativa y la laboral. Si hay funcionarios públicos responsables de esta tragedia, deben ser castigados. Y también tomaremos en cuenta a las personas que trabajaban en el Rébsamen y fueron afectadas en sus derechos laborales”. Agregando que aparte de la defensa de las víctimas, la Barra intentará incidir en la “modificación de leyes y reglamentos” en materia de construcción en la Ciudad de México.
“Esto ya será en una segunda fase, pues de ser necesario debe modificarse la normatividad en materia de construcción, a fin de evitar más muertes y tragedias como la que acabamos de vivir”, dijo.
Importante destacar que Ana Velázquez y Rogelio Rul, padres de familia del Colegio Rébsamen que perdieron a sus hijos, externaron que fueron los propios familiares afectados quienes a través de Transparencia Mexicana solicitaron a la Barra de Abogados que los defendiera, y esta institución aceptó, haciéndolo incluso de manera gratuita. Defendiendo únicamente a 14 familias afectadas, pues hay otras que tienen a sus propios abogados y están emprendiendo acciones legales por cuenta propia.
Llamando la atención lo externado por los abogados de que no se ha tenido contacto ni con la dueña y directora del Colegio Rébsamen, Mónica García Villegas, ni las autoridades de delegación Tlalpan, que fueron quienes otorgaron los permisos para construir y operar su institución educativa.
Ante esta realidad de lo que sigue aconteciendo en el tema de la tragedia del Colegio Rébsamen, se hace necesario mencionar que la cadena de responsabilidad de lo acontecido el 19 de septiembre, pasa por el director responsable de Obras, el corresponsable, el director de Obras delegacional y la autoridad central, incluida la SEP, por los permisos que otorgó como responsable de la educación pública y privada de la capital.
Respecto a la Delegación Tlalpan, revisándose su portal, donde se desarrolla la relatoría del caso, se evidencia la ausencia de manifestaciones de construcción y ampliación ejecutadas en el inmueble. Contando con un permiso para operar desde 1983, de acuerdo a la oficina de Planeación Urbana de la delegación Tlalpan.
Asentándose que en el número 11 de Rancho Tamborero, se autorizó la construcción de una “escuela para jardín de niños” y en el número 19 la edificación de dos departamentos en cuatro niveles, con el uso de suelo número 1372 y con la autorización de Seguridad Urbana No. 6701. Quien se encargó de vigilar la construcción fue el DRO, arquitecto Max Betancourt Villaseñor, con número de licencia 845.
De acuerdo a la normatividad actual, el colegio Rébsamen está dentro del grupo A en materia estructural, lo cual obliga a presentar una constancia de Seguridad Estructural, que debe ser renovada cada cinco años, o después de un sismo cuando la misma lo determine. En el año 2014, el ingeniero Arturo Pérez Rodríguez, corresponsable de obra de la delegación, pidió pruebas de carga e inspecciones a la estructura. Asimismo, Juan Mario Velarde Gámez y Juan Apolinar Torales Iniesta certificaron que el inmueble, con más de 30 años de operación, cumplía con el reglamento y podía soportar un sismo. ¿Será esta la larga cadena que pretenden cubrir o proteger? ¿Dónde está la Delegada de Tlalpan Claudia Sheinbaum que ya no da la cara?
Con toda esta información nada puede hacerse para detener a los responsables. ¿Corrupción e Impunidad taparán esta tragedia?
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