En un verdadero escándalo se convirtió la denuncia en contra de Arturo Escobar, que nuevamente repercutirá en que se pierda la credibilidad y confianza en áreas de gobierno, siendo en este caso la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
Importante es recapitular como se han dado los hechos, que inician del conocimiento público, luego de que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la PGR solicitó a un juez girar una orden de aprehensión en su contra, por presuntamente cometer delitos electorales mientras fue secretario de procesos electorales del Verde Ecologista. Según la Fepade, el PVEM compró las tarjetas “Premia Platino” a proveedores no autorizados por el Instituto Nacional Electoral (INE), y por eso inició la indagatoria.
Esto motivó que Arturo Escobar renunciara como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, donde se desempeñaba desde el pasado 9 de septiembre.
Sobre el caso, la PGR informó en un comunicado que “se consignó la Averiguación Previa relacionada con presuntos delitos electorales cometidos por un dirigente de un partido político y empresarios por las aportaciones en dinero y en especie cuando existe prohibición legal para ello”.
En términos de lo dispuesto por el artículo 142, párrafo segundo del Código Federal de Procedimientos Penales, el Juez tiene diez días, contados a partir de la radicación del expediente, para ordenar o negar la orden de aprehensión. Así inicio el tema, que motivó fuertes críticas hacia Escobar.
Y como si eso no fuera poco, el panorama se le complicó a quien hizo la denuncia, Santiago Nieto, titular de la Fepade, al publicársele en un diario de circulación nacional, que trabajó por más de un año como asesor del grupo parlamentario del PRD en el Senado, información que omitió declarar dentro de su Curriculum Vitae, que por ley tenía que entregar para ser nombrado titular de dicha Fiscalía.
Agregándose que fue asesor de la bancada perredista en la Cámara Alta por 18 meses, periodo por el que acordó el cobro de un millón 80 mil pesos por servicios de asesoría, investigación, recopilación y análisis.
Asimismo, en entrevista radiofónica, Miguel Barbosa, coordinador del PRD en el Senado de la República, confirmó que el titular de la Fepade, fue asesor de su grupo previamente a ser elegido en el cargo que actualmente desempeña.
En consecuencia, el Partido Verde contraatacó, a través del senador Pablo Escudero, presentando una denuncia ante la PGR, contra Santiago Nieto Castillo, al considerar que aplicó el viejo sistema inquisitorio y violó al menos de 10 ordenamientos legales durante la investigación de Arturo Escobar, ex subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación.
Destacando que el PVEM respetará la decisión del juez aun si le dicta auto de formal prisión a Escobar y Vega y opinó que Nieto Castillo perdió “la legitimidad” de cara a los 14 comicios del 2016.
Previo a la denuncia, en conferencia de prensa, el legislador del PVEM acusó al fiscal de haber presentado en medios de comunicación el expediente de Escobar sin haberlo notificado primero al interesado, con lo que violó su presunción de inocencia. Escudero Morales consideró además que Santiago Nieto ha perdido legitimidad de manera rápida, luego de que pudo haber cobrado “más de 1 millón de pesos por parte del PRD, que era empleado del PRD, que falseó su currículum, que no nos quiso informar que cobraba en el PRD, pues evidentemente dudamos de su imparcialidad y objetividad”.
Por otra parte, el líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, afirmó que el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, actuó de mala fe al ocultarle información al Senado de la República.
Sumándose a las opiniones, el presidente del PRD, Agustín Basave Benítez, calificó como una “cortina de humo” la denuncia que presentó el PVEM contra el titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo.
Como respuesta a la denuncia presentada por el senador Escudero ante la PGR, la Fepade tiene como argumento una tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de mayo del 2013 (CLXXVIII), en la que se precisa que “el titular de la Fepade no tiene prohibición constitucional ni legal para abstenerse de hacer del conocimiento público la consignación de una averiguación."
El proporcionar información sobre eventos de interés nacional para un debido ejercicio del derecho a la información no puede justificar la violación de los derechos fundamentales de los detenidos y acusados.
Lo que no se valoró en todos estos dimes y diretes, es como señalé, el descrédito para la Fepade, al no acreditar los delitos imputados a Arturo Escobar, según argumentó el Juez que lleva el caso. Lo cual muestra que sí hubo mala intención.
Y más aún, si tampoco se deja claro si el Fiscal violó alguna ley o reglamento en la información que no dio a conocer al Senado de la República cuando lo aprobaron para el cargo que ocupa.
La pérdida de credibilidad y confianza será enorme, para en quien debe la ciudadanía tenerla en su totalidad, respecto a los procesos electorales, ni más ni menos. Tiempo al Tiempo.
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