En esta ocasión inicio con dos dichos “más pronto cae un hablador que un cojo”, y “el prometer no empobrece, el cumplir es lo que aniquila”, para referirme a los hechos acontecidos el pasado 10 de febrero por la noche en el penal de Topo Chico, en el estado de Nuevo León, donde es Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, quien no ha dejado de festinar que llegó a ese cargo como candidato “independiente”.
Que pronto le cambio el panorama al señor “independiente”, y de ser “El Bronco” en el 2015, pasó a ser “El Bocón” en el 2016.
La masacre que se vivió en este penal, es muy grave, tan grave como que el señor Gobernador “Independiente”, se haya tardado tantas horas en salir a informar que había sucedido. Y para colmo, con información errónea, como asegurar la muerte de 52 reos del penal del Topo Chico, 12 heridos, cinco de gravedad, durante un enfrentamiento ocurrido al interior del centro penitenciario entre dos grupos criminales.
Información que posteriormente y obvió, ya no él, se tuvo que desmentir y finalmente señalar que fueron 49 los muertos al interior de este penal.
Y con toda la tranquilidad del mundo, posteriormente desmentir que el motín se debiera a la recaptura de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, sino que se trató de un enfrentamiento entre dos “zetas”. Fue un enfrentamiento entre dos gentes del mismo cártel, los dos son “zetas”, no tiene nada que ver con ese otro asunto”, externó. Así como si fuera algo normal que sucediera.
Los hechos difundidos por los medios resaltan que noche del 10 y la madrugada del 11 de febrero, una pelea entre dos grupos de reclusos antagónicos liderados por Jorge Iván Hernández Cantú, “El Credo”, y por Juan Pedro Zaldívar Farías, “El Z-27”, originaron el motín en el interior del centro penitenciario de Monterrey, Nuevo León.
Donde masacraron a 49 reos, inclusive a algunos de ellos lo quemaron. Y tan tranquilo como si nada grave hubiere sucedido, el Gobernador Independiente se limitó a decir que desde que tomó posesión como gobernador propuso sacar al penal del Topo del Chico de la zona donde se encuentra ubicado. Que ahí es imposible tener un tema de resguardo total, de intervención inmediata; el terreno está en el centro de la ciudad. Tenemos un penal viejo, un sistema de protección viejo, muy deteriorado y que no da las condiciones de que podamos intervenir pronto, además de que tenemos un déficit en el tema de custodios porque nadie quiere ser custodio en una situación de esa manera”, manifestó.
Como si no supiera que sucedía en ese penal, donde el hacinamiento estaba fuera de toda realidad, ya pasada la tragedia vino la revisión donde en verdad es de no creerse lo que se encontró, los presos del penal de Topo Chico viviendo con lujos que no poseen el común de los ciudadanos. Entre otras cosas, baños sauna, minisplit, frigobar, parrillas eléctricas, un acuario, caminadora para ejercitarse, colchones de alta calidad y hasta habitaciones con acabados de lujo.
Obviamente los líderes de estos grupos de narcos eran los que gozaban de más privilegios y se presume que ante la mirada consentidora de la propia directora Gregoria Salazar.
En el centro penitenciario se desmantelaron 280 puntos semifijos de venta de abarrotes y alimentos que eran operados por el crimen organizado, de manera directa o mediante el cobro de piso. Un bar con techos con pinturas con una imagen de la Santa Muerte y otra de una calavera.
Ahora resulta que el Gobernador Independiente, no sabía nada de esto, aunque si se le había informado e inclusive advertido de lo que sucedía.
La primera advertencia fue de la Sección Segunda de la Séptima Zona Militar, posteriormente de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la tercera de organizaciones de derechos humanos. Pero no le importó hacer algo o bien, terminar con el gran negocio dado que la extorsión a los familiares de los reos para evitar el asesinato o los golpes en contra de los internos, gracias a la complicidad de las autoridades penitenciarias, les dejaba hasta 15 millones mensuales por el cobro de cuota o la venta de drogas, así como negocios colaterales, mismos que financiaban la guerra del narco en la entidad.
De igual manera, se le advirtió que las cárceles se estaban volviendo una bomba de tiempo por la coexistencia de reos del crimen organizado y los detenidos por delitos comunes. Y que cinco millones de estos ingresos eran para los custodios, jefes de guardia comisarios o los directivos del centro de reclusión, presuponiéndose que uno de los beneficiarios era la oficina de la Secretaría de Seguridad Pública.
El penal de Topo Chico tiene más de 3,900 reclusos, cuando está diseñado para capacidad máxima de 2,500. A su llegada como Gobernador, el “Bronco” Rodríguez, solicitó el traslado de reos del fuero federal a cárceles federales, lo cual no se llevó a cabo.
La noche de la masacre, después de 40 minutos y poco antes de la medianoche, lo reportaron a la Secretaría de Seguridad Pública. Y como siempre sucede, la cuerda se rompe por lo más delgado y el gobierno de Nuevo León detuvo a tres funcionarios del penal de Topo Chico acusados de poner a disposición de los Zetas el control del penal y con ello haber propiciado la riña del jueves, en la que murieron 49 reos.
La directora del penal de Topo Chico, Gregoria Salazar Robles; Jesús Fernando Domínguez Jaramillo, quien era subcomisario de Administración Penitenciaria, y el custodio José Reyes Hernández Aguilar, quienes enfrentan los cargos de homicidio calificado y abuso de autoridad por la riña del jueves. Salazar Robles fue designada como directora del penal el 28 de marzo del 2012, todavía en el gobierno del priista Rodrigo Medina.
Según el gobierno estatal, dichos funcionarios fueron corresponsables del ingreso de drogas al penal, de permitir diversas modalidades de autogobierno y omitir todo tipo de medidas de seguridad, para permitirles operar libremente.
Muy preocupante lo que sucedió en el penal de Topo Chico y debe ser una llamada urgente de atención, en todos los penales del país.
Y vaya la llamada en los Reclusorios de la ahora Ciudad de México, donde ha sido ya denunciado, el hacinamiento, corrupción, indebida atención médica, falta de privacidad, ausencia de oportunidades reales para la reinserción social, maltrato e imposibilidad para presentar quejas son el común denominador de fallas que encontró en su visita en México el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro, a finales del 2015.
No podemos olvidar el robo de los planos del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria julio del 2015, pero para Patricia Mercado, secretaria del Gobierno del Distrito Federal, no fue muy importante, ya que afirmó que Hazael Ruíz, subsecretario del Sistema Penitenciario capitalino, no sería removido del cargo, luego que se registrará el robo de los planos del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria. Indicando que el robo de la laptop, que tienen en sus archivos, los planos del Centro Penitenciario, no pone en riesgo la seguridad del penal.
En fin, terminamos con otro dicho “si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”.
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