El proceso electoral del 2014-2015 continúa mediante la organización de las elecciones federales y locales. Y, conforme avanza la organización se nos dice –en diversos medios de comunicación- que el Instituto Nacional Electoral (INE) organiza un plan alterno en Oaxaca ante la amenaza de la disidencia magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en cerrar las escuelas donde se instalaran las mesas de casilla para la votación del próximo 7 de junio.
De las cinco mil 228 casillas aprobadas por las Juntas Distritales Ejecutivas, mil 183 son las casillas que se instalarán en escuelas públicas y privadas. Lugar, al parecer controlado por la sección magisterial.
Sin embargo, aunque el INE disponga con reubicar las casillas, es decir, que ante tal amenaza ubique nuevos domicilios para instalar las casillas en lugar de los planteles escolares, y con ello se pretenda otorgar solución a la amenaza, es posible que no sea suficiente, pues resulta que no solo se pretende instalar casillas en las escuelas, también se colocaran casillas en domicilios particulares, en oficinas y en lugares públicos.
En otras palabras, con todo y cambio de domicilio en la instalación de las casillas, parece indicar que la CNTE prosiguiera impulsando la idea y muy probablemente la practica en llevar a cabo el bloqueo de la realización de los próximos comicios.
¿Será posible que la CNTE logre su objetivo? ¿Será posible que otros sectores de la sociedad impidan la instalación de las casillas?
Mientras la amenaza se cumple, esperemos que no sea así, en materia de delitos electorales la Ley General refiere que “se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años a quien: “Realice por cualquier medio algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado que atente contra la libertad del sufragio, o perturbe el orden o el libre acceso de los electores a la casilla”.
Además, estimado lector, determina la ley de delitos electorales que: “Si la conducta se realiza por una o varias personas armadas o que utilicen o porten objetos peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta en una mitad”. Asimismo, con independencia de las conductas que correspondan por la comisión de otros delitos.
Así que, querido lector, la actitud de quienes pretenden boicotear la realización de las próximas elecciones, es una actitud que atenta contra el funcionamiento de las instituciones democráticas, y por ende, transgrede el derecho al sufragio y voto de los mexicanos.
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