Nosotros, los mexicanos, tenemos la maldita costumbre de creer que todo lo extranjero es mejor, siempre nos estamos comparando con lo que vemos u oímos de otros países, aunque en muchas ocasiones no tengamos la audacia de comprobar la veracidad de la fuente de información. No hemos podido superar este complejo. Por eso es que este artículo tiene como objeto presentar un comentario muy general acerca de la injusticia social (encarcelamiento) que prevalece en las clases pobres y marginadas de los Estados Unidos y la voluntad política que pretende enmendar ese error para explorar las posibilidades de una dinámica social más igualitaria y más equilibrada que ofrezca mejores oportunidades a los estratos más desprotegidos. No es una solución espectacular sino un gran esfuerzo social que pretende transformar años de injusticia y error en tiempos mejores; una iniciativa que vale la pena emprender.
Estados Unidos (USA) es un país donde todo está regulado y documentado, que posee complejos sistemas de seguridad y vigilancia que registran cualquier falta o error por pequeños que sean. Aunque esta imagen pudiera aparentar un país sumamente organizado, también pudiera significar la de un sistema controlador listo para sancionar cualquier falta que pudiera ser leve, sin consecuencias pero que podría quedar registrada en tu expediente y que al acumular más faltas estas influirán automáticamente en tu expediente criminal (éste se inicia a la menor falta). Lo peor del caso es que si llegas a acumular tres faltas que el juez considere constituyen un riesgo para la sociedad, él te aplicara una severa sanción porque te considerará reincidente de conductas impropias, en otras palabras, te estará aplicando la regla de three strikes and you are out, tres faltas o delitos te hacen acreedor a una condena severa, bastante severa. Tal es el caso de muchos delincuentes que cometieron faltas menores y que ahora están purgando sentencias largas de muchos años en cualquiera de los 5000 reclusorios que existen en el país. Este encarcelamiento global ha llevado al país a encerrar a más de 2.5 millones de personas y la cantidad seguía en aumento. De acuerdo con J. Petersilia en Beyond the Prison Bubble, en el Wilson Quaterly, Invierno del 2011; los delitos graves más comunes son: posesión de drogas, asesinato involuntario, robo sin violencia, mientras que los menos graves fueron ofensas de orden público (manejar en estado de ebriedad, armas sin licencia, conducta desordenada, resistencia al arresto, violencia doméstica, etcétera; en ese orden). De los 2.5 millones se estima que 1.6 millones son negros y latinos con un grado de escolaridad que no sobrepasa la primaria.
En ningún otro sistema administrativo de los Estados Unidos las manifestaciones raciales son más obvias que en el sistema carcelario. Las estadísticas indican que por cada preso blanco hay ocho negros que, aparte del estigma social, están imposibilitados para conseguir trabajo y de manera indirecta son candidatos a repetir el ciclo cárcel-delincuencia, tal como lo asevera Glenn C. Loury en Incarcerated America Boston Review, Julio/Agosto, 2007. De acuerdo con entrevistas a diversas autoridades carcelarias, 10 – 15% de esos presos pudieran adquirir su libertad inmediata dado que no son peligrosos ni tienen un perfil de reincidencia. Sin embargo estos ex presidiarios no tienen la estructura social ni cuentan con los apoyos necesarios para satisfacer todas las condiciones bajo las cuales han adquirido su libertad y cometen alguna otra falta menor que los hace reincidentes y vuelven a la cárcel.
En algunas ocasiones se ha sugerido que es una estrategia política para controlar a la población negra o latina pero también se ha insinuado que esta estrategia es parte de un lucrativo negocio que empezó con la privatización de los penales, de ahí el gran interés de retener la máxima cantidad de presos. Se calcula que cada preso (joven y en buena salud) le cuesta al estado $23,000 anuales, arrojando un total de 200 millones de millones de dólares al año en aprehensiones y costos de encarcelamiento.
Tan solo Arnold Schwarzenegger, el ex gobernador de California que se sintió el depurador estatal, construyó 21 prisiones, gastando el 10% de su presupuesto total anual. Esto causó una gran conmoción pues fue cuando se supo que muchas prisiones estatales serían privatizadas, es decir la cárcel se transformaría en negocio ya que el estado concesionaría la administración y operación a un grupo de particulares. Este volumen tan cuantioso de presidiarios hizo que el sistema se colapsara, al grado de que muchos sociólogos, criminólogos y psicólogos advirtieron que esta política tan represiva como improductiva solo estaba ocasionando un encarcelamiento masivo de poblaciones en edad productiva que iba a tener serias dificultades para reincorporarse a la sociedad y que por lo tanto eran candidatos viables para regresar a la prisión. Si no estaban en la prisión, al no encontrar trabajo muchos de ellos terminarían delinquiendo y de todas maneras volverían a ser reencarcelados. Los expertos advirtieron que esta dinámica social tan impopular como represiva únicamente iba a fomentar un sentimiento más profundo de desigualdad económica, inestabilidad social y de discriminación hacia las minorías1. Recordemos que estos tres elementos fueron factores decisivos en los recientes disturbios en Ferguson, Missouri y Baltimore, Maryland que se iniciaron a partir de flagrantes actos de brutalidad policiaca.
Es tanta la problemática social y política que se ha generado en USA que recientemente algunos condados de varios estados han modificado sus leyes para permitir liberaciones tempranas de muchos reos cuyo perfil les permite asimilarse a la sociedad, o bien han considerado otras alternativas más funcionales como ayudarlos a encontrar trabajo, cambiarles el resto de la condena por trabajo social, facilitarles el arresto domiciliario supervisado, recurrir al uso de un brazalete electrónico, etcétera. Estas estrategias han dado tan buen resultado que el Departamento de Estado aprontó la modificación de algunos reglamentos federales y ha anunciado la liberación de 6000 presos y que tendrá efecto entre el 30 de Octubre y el 2 de Noviembre de este año. Los convictos beneficiados son aquellos traficantes o poseedores de drogas en muy menor escala, sin antecedentes previos y que han demostrado un buen comportamiento. Al parecer, esta sería la liberación prematura de muchos delincuentes, que de resultar satisfactoria podría ser el preámbulo de la liberación de otros 8,500 presos señalada entre el primero de Noviembre del 2015 y el primero de Noviembre del 2016, según Sari Horwitz en su artículo en el Washington Post: “Justice Department set to free 6,000 prisoners, largest one-time release” del 6 de Octubre del 2015.
Estas modificaciones a los reglamentos y sentencias pronunciadas en los 80’s y los 90’s que significan la liberación de tantos presidiarios, le ahorrarán tan solo al Departamento de Estado nueve millones de millones de dólares, lo cual corresponde a un 30% de su presupuesto anual, los ahorros a los condados estatales aun no han sido calculados pero son cuantiosos.
Además del inconmensurable ahorro económico que esto representa para todo el país, lo más asombroso es este cambio de política tan positivo, pues después de todo recordemos que las leyes y reglamentos fueron escritas y votadas por los ciudadanos blancos, en muchas ocasiones en prejuicio de los negros y ahora están rectificando por que han visto un mayor riesgo y costo en la desigualdad social y ha provocado que a la larga no sería conveniente para nadie. No es una señal de buena voluntad sino de conveniencia económica y social que pudiera ser benéfica para los diferentes estratos de la sociedad norteamericana en términos de confianza y justicia social. Asimismo, estos cambios podrían considerarse como un buen indicio para aliviar las tensiones sociales que han llegado a extremos verdaderamente alarmantes.
Veremos qué pasa, el ensayo de esta nueva política económica bien vale la pena.
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Bibliografía
Rough Justice. The Economist Julio 34, 2010
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