“Cada quién tiene lo que se merece”, Dicho popular
El negocio de las drogas es ruin, cruel y despiadado, degrada y envilece a todos los involucrados que de una u otra forma participan en él. No es solo la relación del adicto y el proveedor los que interactúan en la compra y venta, sino que existe detrás toda una gama de actividades y logísticas en donde intervienen muchas personalidades con diversas funciones. Las personalidades más sobresalientes son: el productor o el operador en el campo, el transportista, el vendedor, el consumidor, el adicto consuetudinario, los policías, los jueces, los políticos, los médicos, las autoridades administrativas, etcétera; es un gran negocio que requiere una elevada organización y una logística impecable, donde nadie puede fallar en sus funciones, el negocio no lo permite.
En un artículo previo se describieron algunas de las características toxicológicas y los efectos clínicos del oxycontin y el fentanilo, dos poderosos opiáceos que han causado un incremento espectacular en el número de decesos y han provocado una gran miseria emocional en los propios adictos y sus familiares. Además, también debemos agregar los estragos sociales y económicos que se producen al invalidar la capacidad productiva de los adictos.1 Es un negocio muy complejo que ha permeado prácticamente a todas las sociedades del mundo y del que pocos salen bien librados, consumidores y proveedores solo viven de perversas ambiciones y efímeros poderes; que pronto pasan al olvido.2
Esta triste historia se desarrolló en el vecino país del norte, donde algún especialista en química de alcaloides tuvo la visión de alterar la estructura molecular de los alcaloides naturales con el fin de potenciar la acción de los neurotransmisores, en especial la dopamina y aumentar la sensación placentera de los analgésicos, antidepresivos y ansiolíticos en un lapso menor al resto de los opiáceos naturales.
Todo empezó en 1995 cuando la compañía Purdue Pharma, establecida en Stamford Connecticut, recibió la aprobación de la FDA (equivalente a la Secretaria de Salubridad) para producir y comercializar el nuevo analgésico llamado OxyContin, clasificado para usarse en dolores moderados mediante una receta autorizada. Los médicos no solían recetar opiáceos porque sabían de sus propiedades adictivas y consideraban que no eran una buena opción para sus pacientes. Sin embargo, los ejecutivos de la compañía tenían otros planes con el producto, empezaron con una agresiva campaña promocional ofreciendo estímulos a los médicos dispuestos a recetar el producto; muchos de ellos accedieron al soborno y empezaron a recetarlos. Poco después fueron inducidos a recetar cantidades inverosímiles, treinta píldoras para cualquier lastimadura o incidente menor que tan solo con tres pastillas serían suficientes. Si el paciente deseaba más píldoras, solo tenía que pedirlas, inclusive por teléfono3 o internet; la situación se volvió tan descarada que un pueblo de West Virginia con tan solo 372 habitantes recibió nueve millones de pastillas de hidrocodona en un lapso de dos años.4 Otro caso por demás espectacular fue el de los hermanos Jeffrey y Chris George, quienes al amparo de la ley en Florida abrieron en 2010 lo que se llamaba la South Florida Pain Clinic en West Palm Beach, un galerón con varios cubículos y una amplísima sala de espera con todas las comodidades. Ahí 12 – 14 médicos atendían a 500 clientes diarios (adictos y revendedores) surtiéndoles recetas para opiáceos a razón de 4.5 minutos por cliente. Obviamente, no se preguntaba ni el nombre sino la cantidad de pastillas para calcular el precio. Era un negocio formidable, los volúmenes de droga y las ganancias fueron inconmensurables para todos, camioneros de todas partes del país hacían escala en West Palm Beach, inclusive ellos establecieron el OxyExpress (de Florida a Kentucky) como ruta de distribución hacia el medio oeste. No hay duda alguna que todo mundo estaba involucrado. El negocio era tan burdo y tan aparente que se terminó pronto, en el 2011, año en que ambos hermanos fueron aprehendidos.5
El 17 de diciembre del 2017 fue un día de sorpresas, el programa 60 Minutes presentó el documental Big Crisis y el periódico Washington Post publicó un extenso reportaje que describía las causas y los orígenes de la Crisis del Opio en los Estados Unidos. Ambos medios informativos difundían con detalle la investigación que durante más de dos años el Departament of Justice (DOJ) y la DEA habían realizado a la compañía McKesson, poderoso líder en la distribución de los opiáceos con sede en San Francisco.
McKesson es un emporio distribuidor de drogas que administraba 30 almacenes distribuidores para abastecer a sus consumidores; sus ganancias se estiman en 200 millones de millones de dólares, tiene un historial nefasto, sus políticas están orientadas a producir ganancias y no otra cosa, es una compañía que siempre está en incumplimiento de las reglas, por lo que ha sido multada en varias ocasiones durante varios años.6
El escándalo de la Opium Crisis surgió en el 2014 cuando se descubrió que la compañía había disminuido los volúmenes de producción y distribución (evitando así el pago de impuestos y el estimado de las ganancias), posteriormente incurrió en prácticas ilegales de transportación y venta, proveyendo el producto a bandas delincuentes en Michigan y Ohio; sobornó a personal médico y administrativo de muchos condados para aumentar el número de recetas y los volúmenes de venta. Ese mismo año, las autoridades federales empezaron a negociar las sanciones y las nuevas políticas de operación con los abogados de McKesson. Dichas platicas y acuerdos duraron tres años y se terminaron en enero del 2017 con un desenlace inesperado, del cual hablaremos más adelante.6
David Schiller era el Jefe de la DEA en Denver y líder de la exhaustiva y prolongada investigación que junto al DOJ se llevó a cabo contra McKesson. Ambas corporaciones habían logrado grandes éxitos, sus evidencias y documentos eran irrefutables, tanto así que estaban muy seguros que saldrían exitosos en la solución de este complicado proyecto; tanto así que Schiller pedía se aplicase una multa de un millón de millones de dólares y la desaparición de las bodegas distribuidoras. Consideró que esta sanción serviría como una clara advertencia para los productores y traficantes de las drogas. Asimismo, se cumpliría un gran logro profesional y resolvería un problema social que estaba significando una cuantiosa derrama económica. Hasta aquí todo era júbilo y optimismo, se pensaba en una victoria total contra McKesson.
Sin embargo, en abril del 2016 cuando la crisis estaba en su clímax y la cuenta de decesos por sobredosis llegaba a más de 200,000, el Congreso y los gestores buitres que pululan en Washington D.C. empezaron a manifestarse. Sus actuaciones y argumentos prevalecían ante los diluidos alegatos y evidencias de los abogados de la DEA y el DOJ. Simplemente éstos no contaron con el apoyo político necesario, y sus gestiones y esfuerzos se fueron diluyendo.6,7
En enero del 2017 las pláticas y negociaciones llegaron a su fin; el acuerdo fue: McKesson se comprometía a modificar sus políticas y procedimientos para cumplir con la ley, debían pagar una multa de 150 millones de dólares y acatar una suspensión temporal en sus operaciones de cuatro de sus bodegas-centros distribuidores. Una vez más, McKesson salía bien librada, como si un supremo espíritu la protegiera.
John H. Hammergren, alto ejecutivo de McKesson recibió o se adjudicó un bono por 100 millones de dólares para distribuirlo entre su personal por haber logrado un objetivo de ventas superior a ocho millones de millones.6
Se calcula que la industria farmacéutica gastó 102 millones de dólares entre 2014 y 2016 para sobornar a los políticos y senadores y tener vía libre en sus proyectos comerciales.4,7 Obviamente, esto fue un escándalo mayúsculo que entre otras cosas, sirvió para sacudir algunas buenas conciencias y así apresurar al Presidente Trump a enviar al Congreso la iniciativa de ley Crisis de los Opiáceos, considerándola como una Emergencia de Salud Pública. Dicha iniciativa anunciada el 10 de octubre del año pasado pretende regular los aspectos básicos de la producción, distribución y venta de los opiáceos. Los hechos y las actualidades obligan a recordar al Caballo de Troya….
Tal vez estemos en una nueva etapa de moral y quienes pertenecemos a otra generación no nos hemos dado cuenta y por ello juzgamos como degradación moral hechos y situaciones que son comunes y corrientes todas las noches en Roma, Hamburgo, Paris, Baltimore, etc. donde selectas juventudes dan rienda suelta a sus instintos cada vez más primitivos.
La historia es actual e inconclusa, tal vez no tenga fin. En lo que cabe a la vigencia política, podríamos decir que aún cuando este problema es muy complejo, ningún funcionario de otro país puede siquiera sugerir la culpabilidad o la injerencia de otro país cuando tiene al verdadero enemigo en su casa.
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Referencias
- Antonio G. Trejo.; OxyContin y Fentanilo. Ruiz Healy Times, Junio 19 del 2017
- Anónimo.; The New Drug Warriors. The Economist. May 2nd, 2015
- Jeffrey Kluger.; The New Drug Crisis. Time, September 13, 2010
- Anónimo.; Drug Czar Nominee Pulls Out After Opioid Report. The Week. October 27, 2017
- Programa de Television; American Pain Management Serie American Greed. TV CNBC Dicember 23, 2017
- Lenny Bernstein.; Scott Highm.; We feel like our system was hijacked asked: DEA agents says a huge opioid case ended in a whimper. Washington Post December 17, 2017
- Scott Higham.; Lenny Bernstein.; The Drug Industry’s Triumph Over the DEA. The Washington Post. October 15, 2017
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