Sin perdón no hay futuro: INEHRM a sanar las heridas de la “guerra sucia”

La explosión del tema del secuestro de Eugenio Garza Sada atribuida a una facción de la Liga Comunista 23 de Septiembre por parte del ahora...

24 de septiembre, 2019

Alexia Barrios Gomez

La explosión del tema del secuestro de Eugenio Garza Sada atribuida a una facción de la Liga Comunista 23 de Septiembre por parte del ahora ex director del Instituto Nacional de Estudios Históricos las Revoluciones en México, debe servir como punto de partida para que el actual gobierno promueva, encabece y apoye al final el juicio histórico a una de las épocas más tristes de nuestra vida nacional: el foco guerrillero y cómo fue combatido por el régimen.

Cuando Vicente Fox ganó la presidencia, una de las acciones comprometidas con los grupos que promovieron su “voto útil” fue crear una fiscalía especializada, a cargo de Ignacio Carrillo Prieto, quien llevó a juicio de Luis Echeverría, acusado de dos masacres: la de la Plaza de Tlatelolco, en 1968, cuando era secretario de Gobernación y responsable de la política interna, y la del Jueves de Corpus, en 1971, cargos de los que fue exonerado por tribunales. Nada más. Pese al impacto político, nadie quedó satisfecho por lo alcalzado por esa Fiscalía y se acusó que en SEDENA y hasta el propio Fox pusieron obstáculos.

Ahora que algunos testigos y actores de esa época están dentro de la 4T sería muy pertinente que una vez reabierto el debate de la “guerra sucia” contra activistas, dirigentes, movimientos sociales e insurgentes en el México de las décadas de 1960 a 2000, se convocara a que participen principalmente los actores, que con testimonios vivos de ex combatientes de esas guerrillas abran el foro no para linchar ni enjuiciar, sino para sanar esas heridas que siguen despertando odios y rencores. Los puntos temáticos tendrían que ser abiertos y en las cuales confluyan informaciones de lo que hubo detrás, en el entorno mundial y en los intereses de grupos políticos locales de entonces. Mi sugerencia es:

El contexto sociopolítico en que surgieron los movimientos insurgentes en los 60s y los 70s del siglo pasado.
Cómo funcionó el aparato represor del Estado autoritario del viejo régimen: la DFS, las brigadas de ajusticiamiento y “guardias blancas” pagadas por algunos empresarios.
Los actores externos, no sólo de la CIA de EUA, sino también el papel de los cubanos como enganchadores, delatores y aliados del régimen mexicano.
El papel de los partidos y gobiernos chinos, cubanos y soviéticos en el reclutamiento y abandono de muchos jóvenes utopistas y revolucionarios.
Cómo jugaron en las universidades los dirigentes, las instituciones del norte del país como Chihuahua, Nuevo León, en el pacífico como Sonora y Jalisco, en el centro como el DF, Edomex y Puebla, así como en el sur, como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, principalmente.
El devenir previo y posterior de la llamada “apertura democrática” del echeverrismo.
El papel del catolicismo pro Teología de la Liberación en esta coyuntura.
La continuidad de esa “apertura” con JoLoPo hasta la reforma política de 1977.
El papel de medios de comunicación, que eran supeditados totales al poder presidencial en turno y que acusaban a los guerrilleros de delitos cometidos incluso por policías o extranjeros aliados del gobierno.
Cómo digirieron los ex guerrilleros las amnistías y cómo formaron partidos satelitales del PRI, una gran paradoja.
La herencia de esos ex guerrilleros ahora: quiénes son y dónde están.
El impacto político a la democratización de México de esos movimientos.

El título de este artículo está inspirado en Desmond Tutu, quien cita al propio Nelson Mandela con lo siguiente: “La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica ha puesto el foco en todos nosotros. Demond Tutu ha transmitido nuestro dolor y nuestra pena común, nuestra esperanza y nuestra confianza en el futuro.”.

Ahí queda de tarea.

POST DATA

El subdirector jurídico de PEMEX Rodrigo Loustaunau Martínez, mediante oficio ha solicitado al área de recursos humanos dar carpetazo a los 679 JUICIOS LABORALES que exigen reinstalación y resercimiento económico que enfrenta la paraestatal mediante negociación y desvinculación de los trabajadores afectados en sus derechos. Más aún, a la fecha ha detenido la liquidación de quienes han sido despedidos injustificadamente de diciembre de 2018 a la fecha. Se trataría de una medida arbitraria y contraria a las leyes laborales del país.