Morena se prepara a criminalizar la protesta social

Si la prolongación del mandato de Jaime Bonilla en Baja California fue un ensayo de la mal llamada “Cuarta Transformación” para extender la temporalidad del...

29 de julio, 2019

Si la prolongación del mandato de Jaime Bonilla en Baja California fue un ensayo de la mal llamada “Cuarta Transformación” para extender la temporalidad del mandato ciudadano por encima de la Constitución y de los principios de NO REELECCIÓN, en Tabasco, el Congreso local está por aprobar este lunes 29 de julio una serie de reformas al Código Penal para sancionar de diez a 20 años de prisión para las personas que cometan “delitos” contra la libertad de tránsito; de oposición a que se ejecuten trabajos y obras públicas e interrupción o dificultad del servicio público de comunicación. Más aún, se sumarán más de la mitad de la condena a quienes hayan sido ex servidores públicos y estén participando en dichas protestas.

La bancada de MORENA en Tabasco, haciendo suya una iniciativa del diputado del PRI, Gerald Washington Herrera Castellanos (sobrino del ex alcalde Walter Herrera, ejecutado en 2016 y relacionado con Martín Flores Torruco, también asesinado ese año), a través de la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil del Congreso de Tabasco, aprobó por mayoría de votos de la bancada de Morena, esta reforma al Código Penal que busca criminalizar a todo aquel que obstruya obras públicas, léanse: Dos Bocas y Tren Maya, en Tabasco.

Consulta aquí el Dictamen del Código Penal para el Estado de Tabasco

Si esta reforma se traslada al ámbito federal, entonces estamos en un peligroso ensayo que va en contra natura del propio presidente de la República, quien hizo de la protesta social a todo su modo de vida y su ascenso a la primera magistratura de la nación.

De pasar, esta reforma modifica los artículos 299, 306, 307 y 308 y a la adición al artículo 196 Bis, y del artículo 308 Bis, todos del Código Penal para el Estado de Tabasco y será bajado al pleno este lunes 29 de julio, que en resumen:

  1. Se criminaliza al trabajador, cuando realice una protestas.
     
  2. Se criminaliza a la libre asociación de trabajadores y manifestaciones y expresiones de los trabajadores.
     
  3. Se criminaliza la libre expresión y manifestación ciudadana por lo que es contrario a la esencia de los artículos 6 y 7 Constitucional y a los Derechos Humanos.
     
  4. Se criminaliza el derecho a exigir trabajo al Estado y sus representantes temporales.
     
  5. Amenaza con cárcel y multa a quienes expresen y/o manifiesten rechazo a las políticas y decisiones que afecten a la sociedad, comunidad, ecosistemas y a todo aquello que vulnere la calidad de vida en el estado.

Esta reforma considera que el delito contra la libertad de tránsito existirá cuando cualquier persona que, careciendo de facultad legal, impida total o parcialmente libre tránsito de personas, por la comisión de este delito, se impondrán prisión de uno a cinco años y multa de 150 a 200 días.




Contra su origen y derechos políticos, los diputados de MORENA y el propio gobernador de Tabasco, pasan por alto su propia historia y ahora no quieren que nadie les obstaculice sus decisiones sin pena de ser encarcelados.

En Tabasco, se ha acusado esta reforma como “Ley Antimarchas”, “Ley Antiamlos” y “Ley del Garrote”, por las consecuencias que tiene el inhibir la protesta social.

Estas mismas dos últimas semanas, el presidente López Obrador, ante las protestas de ciudadanos en Chiapas, expresó “yo no me chupo el dedo”, al igual que las protestas en San Luis Potosí: “quién los mandó a provocarme”, en rechazo y descalificación a quienes hoy le protestan no cuando él encabezaba dichas manifestaciones.

La pena se incrementará en Tabasco el doble cuando el responsable se haga acompañar de personas menores de edad. En el delito de oposición a que se ejecute trabajos y obras públicas, se le podrá aplicar mayor prisión que puede ir de 6 hasta los 13 años.

Obstruir el Servicio Público de Comunicación se sancionará con prisión de seis meses a cuatro años y multa de 40 a cien días, para la persona que dificulte el servicio público local de comunicación, obstaculizando alguna vía local de comunicación o secuestrando y retener un medio local de transporte público de personas de carga, y con esta reforma se les podrá aplicar mayor presión que puede ir de uno hasta ocho años.

Si nada los detiene, además de Baja California, los legisladores locales de MORENA en Tabasco darán un paso de alto riesgo por las dedicatorias que tienen estas leyes, por cierto, muy propias de las derechas y no de un partido que dice ser de izquierda.

 

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enero 1, 1970

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