Lo 16 mil muertos del PRD en Guerrero… y contando

La mayor traición del PRD a la sociedad, a sus bases de apoyo y razón de ser, está en la entidad más emblemática...

23 de agosto, 2016

La mayor traición del PRD a la sociedad, a sus bases de apoyo y razón de ser, está en la entidad más emblemática de la lucha de la izquierda revolucionaria: Guerrero.

En Guerrero las izquierdas se perdieron al postular a candidatos sin una mínima identidad de izquierda, sin haberse preparado para gobernar y sin respetar a sus propios muertos, sus luchas contra el caciquismo y, peor aún, haberse doblegado al poder del dinero que les compró candidaturas, los hizo socios de intereses oscuros y los tiene al borde de su muerte política.

Zeferino, Aguirre y Ortega con más de 16 mil asesinatos y desapariciones

Directo y terriblemente cruel, Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, publicó en La Jornada el sábado pasado que “En el macizo de la Sierra Madre del Sur, donde por siglos ha campeado la pobreza, los pueblos que resisten contra el infortunio se desangran por la violencia criminal. La guerra fatídica contra el narcotráfico dejó una estela sangrienta de 16 mil 359 asesinatos entre 2005 y 2015”. Es decir, diez años durante los cuales el PRD estuvo en el poder estatal.

Y sigue Barrera: “El silencio de los pueblos de la Tierra Caliente de Guerrero está marcado por el terror impuesto por las organizaciones delincuenciales. Nadie se atreve a romper las cadenas del oprobio. Las mismas autoridades municipales no sólo han sucumbido ante el crimen organizado, también son víctimas de sus pactos y complicidades inconfesables”. Contundentemente cierto, esta organización social recoge el sentir de los guerrerenses, lo que se dice en “el dominio público” y entre periodistas que han preferido callar, y son los pactos de esta clase política con la delincuencia que hoy por hoy, tiene en vilo al otro estado más combativo de México.

Esta historia de diez años puede resumirse de esta manera: en 2005, se recordará, cuando el priista Héctor Astudillo Flores perdiera la gubernatura, el PRD se alzó el triunfo con Zeferino Torreblanca Galindo para el periodo 2005-2011, con el cual arrancó la era del terror, los atentados y su famosa rendición ante el poder del narcotráfico “ni puedo, ni quiero ni tengo por qué combatir al narco”. Al concluir éste y contra su voluntad, los Chuchos y Marcelo Ebrard impusieron a Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien estuvo embriagado en el poder hasta el 2014 por los lamentables hechos de Iguala y los 43 desaparecidos; vino luego el interinato del vicerrector de la UAG, Rogelio Ortega Martínez, quien entre 2014 y 2015 se dedicó a hacer los negocios de su vida y la de sus cuates a los que proveyó de puestos, contratos y salarios.

Durante esos diez años los guerrerenses no han tenido paz: asesinatos, desapariciones, violencia, narcotráfico, tragedia y dolor, con nulo crecimiento económico, turístico y en empleo, colocándose en las llamadas, cifras de la vergüenza y en las constantes alertas para visitantes extranjeros. Peor que un tsunami, los diez años perredistas han destacado por el desorden social, económico y político.

La herencia maldita o la rifa del tigre

De acuerdo con La Jornada, El Sur de Acapulco, Héctor Astudillo Flores, a partir del 27 de octubre del 2015, recibió una entidad con un impresionante número de desapareciones, muertes, boquete financiero por más de 4 mil millones de pesos, desorden social, político, economico y un clima de narcoviolencia que colocaba a Guerrero en los primeros lugares de todo lo malo (índices de seguridad: más 16 mil muertos) y los último lugares en lo bueno (inversión, educación, desarrollo humano).

En el gobierno de Zeferino Torreblanca, el distanciamiento de líderes histórico del PRD con el mandatario fue evidente y las negociaciones con grupos de interés externos al partido abrieron el paso para que emergieran militantes de dudosa reputación como lo fue el mismísimo Sebastián de la Rosa Peláez, entonces secretario particuar de Torreblanca y uno de los protectores de José Luis Abarca, o Catalino Duarte Ortuño, hombre clave en la red de complicidades políticas y criminales en la Tierra Caliente.

La situación fue más complicada, porque no sólo hubo distanciamiento de la vieja guardia de izquierda con el PRD guerrerense, totalmente al servicio de intereses oscuros. En 2006 fueron ultimados Fidel Arellano Arellano y Julián Peralta Adame, dirigentes sociales en los municipios de Ciudad Altamirano y Tixtla. En 2007, en Marquelia, pistoleros asesinaron a Martín Romero Romero, dirigente campesino involucrado en la defensa de tierras en Campamento General; Enrique Rodríguez y Paciano Adame Serrano, éste dirigente social en Arcelia.

Además, en 2008 se documentó que, Lorenzo Fernández Ortega, integrante de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa en Ayutla de los Libres, y Homero Lorenzo Ríos, ex edil del mismo municipio y candidato a diputado local fue asesinado y para el 2009, los ejecutados fueron: Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosa, dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco en Ayutla de los Libres; Álvaro Rosas Martínez, dirigente municipal perredista en Petatlán, y Natalio Solano González, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Copanatoyac.

Asimismo, Javier Rodríguez Aceves, ex alcalde de Petatlán en el trienio 2002-2005, quien fue ejecutado luego de ofrecer una conferencia de prensa y también, Faustino Vázquez Jiménez, ultimado en Chilapa cuando entregaba nombramientos a representantes del partido, y a Juan Sarabia Adame, otro más ejecutado en Chichihualco.

Para el 5 de julio de 2009, en la comunidad "El Capadero", municipio de Coahuayutla, fueron asesinadas 12 personas cuando se dirigían a votar. Algunas son Marcelo Rivera Martínez, su esposa Beatriz Romero, su suegra Abigail Romero y su primo Valente Rivera Romero. También el regidor Macario Rivera Lozano, Pascual Rivera Romero, Carlos Rivera Lozano, Ricarda Rivera Romero y Remedios Romero y en 2010, fueron asesinados, José Luis Sotelo Román, secretario general del ayuntamiento de Coyuca de Catalán y uno de los principales activistas del PRD, Santana Reyes Chamú, ex alcalde de Ajuchitlán del Progreso (1995-1998), Antonio Bahena Nava, ex secretario general del ayuntamiento de Cocula, y Claudio Hernández Palacios, ex regidor en Cutzamala de Pinzón y ex dirigente municipal

La lista y referencias son largas y documentadas todas por La Jornad: http://www.jornada.unam.mx/2010/10/31/estados/027n1est

Un hecho trascendente fue lo que ocurrió la mañana del 20 de agosto del 2009 (y lo que se descubriría después), cuando hombres armados últimaron a balazos a Armando Chavarría Barrera, entonces presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local y uno de los prospectos del PRD para la candidatura a suceder a Zeferino. El canibalismo no se hizo esperar y el grupo político de Chavarría, acusó crimen político al gobernador mientras que éste respondió filtrando un informe “de inteligencia” dando cuenta de propiedades, automóviles y hasta “la casa chica”. Durante siete años, los gobiernos perredistas, sospechosamente no han logrado avances en las indagatorias del "Caso Chavarría" aunque su grupo sigue lucrando con su muerte.

"Si se suman los asesinatos ocurridos en Guerrero de 2008 a 2015, la cifra que se obtiene es de 15 mil 891 casos. Ese es el saldo de la violencia durante los diez años de gobierno del PRD en el estado", calcula el diario El Sur (http://suracapulco.mx/9/la-era-del-prd-en-guerrero-15-mil-891-asesinatos/).

El año más violento en Guerrero fue el 2012, con 2 mil 646 ejecuciones, cuando Ángel Aguirre Rivero.

Pero las condiciones no paran ahí. El caso Iguala con los 43 desaparecidos pudieron ser el escarmiento más duro que pudo recibir partido alguno y obligarlo a recapacitar, depurarse, refundarse o desaparecer. Nada de eso.

Al menos dos alcaldes fueron indiciados por haber sido vinculados al narcotráfico y uno, asesinado, aparentemente por estos mismos motivos: Ambrocio Soto Duarte, el edil de Pungarabato el 24 de julio pasado.

¿Por qué no para la violencia en Acapulco?

Y uno más, el más importante, porque es el que está al frente de Acapulco de Juárez, Jesús Evodio Velázquez, tendría algo más que miedo, al tener contratados para su seguridad alrededor de 50 elementos y hasta los millonarios servicios de un despacho de seguridad privada liderados por un ex funcionario federal de muy baja reputación.

Al momento, son más de 900 muertes ligadas al narcotráfico en Acapulco; 258 oficialmente contabilizadas en los tres primeros meses de su gestión y los demás en lo que va del 2016. Sin contar, con las detenciones en cadena de las cabezas delincuenciales que aparecen muy cercanos a su gestión y trayectoria política (y claro, de los Chuchos), como lo han difundido columnistas nacionales.

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^{Fuente: SNSP}

Por la inseguridad incontrolable en Acapulco y la probable complicidad del alcalde y sus comandantes de la policía municipal, los diputados locales de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, Silvano Blanco de Aquino y Magdalena Camacho Díaz, denunciaron penalmente ante el Ministerio Público Federal a Evodio Velázquez Aguirre:

“… porque estimamos que sus acciones han sido contrarias a la ley y como consecuencia son constitutivas de delito, previsto en el artículo 139 fracción IV de la ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que textualmente señala:

‘Artículo 139.- Se sancionará con dos a ocho años de prisión y de quinientos a mil días multa, a quien:

‘IV. Asigne nombramiento de policía, ministerio público o perito oficial a persona que no haya sido certificada y registrada en los términos de esta Ley.

‘Así también las reiteradas acciones y omisión para la designación de los responsables de la seguridad pública municipal, del alcalde del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, estimamos que son constitutivas de los delitos de EJERCICIO INDEBIDO DEL SERVICIO PUBLICO, previsto en el artículo 269 fracciones I y III; DESEMPEÑO IRREGULAR DE LA FUNCION PUBLICA, previsto en el artículo 272 fracción VIII; todos del código penal vigente en Estado, Y LOS QUE RESULTEN, cometidos en agravio de la FEDERACION Y LA SOCIEDAD.”

Lo anterior, porque el alcalde se negaba a remover a su primer secretario de Seguridad Pública, Francisco Sandoval Vázquez, quien reprobó todas las pruebas de control de confianza, presentó un título apócrifo y estaba señalado de inpacidad para el cargo. Tuvo que intervenir el propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y pusiera a Sandoval como ejemplo de lo que se quiere evitar con la Policía Estatal Única, al no estar certificado para dicho cargo y entregar documentos apócrifos para que el edil rectificara. Sin embargo, para los legisladores locales de Movimiento Ciudadano, el edil incurrió en delitos federales y la PGR tendría que procederse penalmente.

Más todavía, los legisladores locales señalan a otros funcionarios sin certificar en cargos de relevancia para la seguridad del puerto de Acapulco:

“Designó a ISRAEL GONZALEZ NAVA, como titular de la COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE del Municipio de Acapulco, de Juárez, Guerrero, sin haber presentado y aprobado los exámenes de control y confianza y mucho menos estar certificado, no obstante que la función de la Policía de tránsito ó vial, como se le denomina en Acapulco, por mandato de los artículos 115 inciso h, y 21 de nuestra carta magna…”

Otros dos no certificados son el director operativo de la policía vial al C. ARTURO RIOS OCHOA, y el director de la Policía Turística Municipal MANUEL EDUARDO SONDUK, con violación flagrante al artículo 33 de la ley orgánica del municipio libre. A pesar de lo anterior, una vez más, Evodio Velázquez nombró el 23 de enero de este año al mismo FLORES SONDUK, como el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El 16 de enero de 2016, “a la remoción de ARTURO RIOS OCHOA, designó a CHRISTIAN MANUEL PATIÑO BELLO, como Director Operativo de la Policía Vial, en la coordinación General de Movilidad y Transporte, cuando esta persona NO HABIA APROBADO, los exámenes de control y confianza que le fueron practicados por los centros de evaluación federales, designados por el consejo Estatal de Seguridad Publica, el día 13 de junio de 2014, , en contravención flagrante del transitorio CUARTO, de la ley General del sistema Nacional de Seguridad Pública, que obliga a separar del servicio a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública que no obtengan el certificado a que se refiere el artículo 21 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Por instrucciones del Presidente Municipal del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero –dicen los diputados locales de MC— “los 667 elementos de los diversos cuerpos de la Policía Municipal, que no aprobaron los exámenes de control y confianza, en las evaluaciones hechas por los centros federales en el año de 2014, y por tanto no obtuvieron la certificación, fueron regresados a desempeñar sus labores de Seguridad Pública, en contravención flagrante del transitorio CUARTO, de la ley General del sistema Nacional de Seguridad Pública, que obliga a separar del servicio a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública que no obtengan el certificado a que se refiere el artículo 21 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Con estos antecedentes, nadie en el PRD Nacional se diga sorprendido si antes que Graco Ramírez, el que caiga o nos sorprenda con alguna nueva circunstancia, sea un cuadro destacado Guerrero, donde sus candidatos y representantes han cometido la peor de las traiciones al ciudadano que les dio su confianza y su esperanza.

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