El nuevo gobierno de @lopezobrador, ¿y los casinos?

La industria del entretenimiento en México es una tarea en ciernes aun cuando el país es la vanguardia en varios de sus segmentos...

14 de septiembre, 2018

Alexia Barrios Gomez

^{Contribuciones en impuestos del sector de juegos y sorteos 2014-2016}

La industria del entretenimiento en México es una tarea en ciernes aun cuando el país es la vanguardia en varios de sus segmentos, la cual genera miles de millones de pesos y que a la luz de los números, está prácticamente desaprovechada. Por ejemplo, el entretenimiento dentro de casa está dominado casi monopólicamente por dos o tres empresas fabricantes de estrellas y, por supuesto, de los medios de comunicación tradicionales, donde el duopolio televisivo sigue imponiendo las reglas del mercado. En el caso del entretenimiento fuera de casa, como los cines, los parques de diversiones, los conciertos musicales, palenques y las casas de juego, estamos casi en pañales y de lo aún poco que existe, se mantiene el predominio de dos empresas, una cuasi monopolio como Ocesa y ahora con una competencia pequeña del Grupo Salinas, siendo que cada uno de estos segmentos favorecerían al dinamismo económico del país y todo lo que ello implica: diversidad de ofertas, precios accesibles, mejor calidad de servicios, generación de empleos, competencia, mejor infraestructura, profesionalización en la atención al público, espectáculos de nivel y mayor transparencia en el manejo de los recursos financieros que la población sedienta de diversión y esparcimiento.

Un caso de interés y de reciente explosión en nuestro país, si consideramos que éste existe desde hace décadas en otras naciones, es la industria de los juegos con apuestas y los sorteos, donde caben desde las carreras de caballos y galgos hasta los casinos, pasando por los palenques y otros torneos, que además de padecer una ley obsoleta de 1947 y un reglamento irregular de 2004 (y que la Suprema Corte tuvo que ratificar ante una industria ya en movimiento), los responsables de marcar las pautas a los órganos reguladores, parecen no haber entendido a fondo su funcionamiento, utilidad, ganancia social y riesgos (salud pública, control financiero ante el blanqueo transnacional, infiltración de intereses transnacionales y de seguridad pública y nacional), mientras en otros países las ofertas crecen de manera acelerada para ofertar nuevas alternativas de entretenimiento e innovación tecnológica.

En México esta industria está en pañales pero también ante el riesgo de una debacle por la falta de adaptación de leyes y mecanismos regulatorios. En 2004, por asuntos políticos del entonces secretario de Gobernación con aspiraciones presidenciales, se impuso una reforma al reglamento de Juegos y Sorteos y unas adiciones más en el actual sexenio, mientras que una iniciativa de nueva ley en la materia fue aprobada por los diputados pero durmió el sueño de los justos en el Senado de la República durante la pasada legislatura.

Entre el 2005 y el 2010 se abrieron cerca de 200 casinos, con poca o nula supervisión por parte de las autoridades federales y sí mucha complicidad de los alcaldes y algunos gobernadores que le vieron el beneficio económico. Esta situación provocó un desorden en cuanto a quiénes eran los dueños, y el origen de los recursos para instalar los casinos y, peor todavía, quiénes eran los clientes fuertes de sus mesas de juego.

Ahora viene el reto de impulsar una ley para este sector, en un gobierno en ciernes que está ya siendo abordado por grupos y actores de interés ligados al sector de juegos y sorteos, ya sea a favor o en contra. Por ejemplo ahí están Tatiana Clouthier, quien fuera una de las impulsoras de la restricción a casinos en la zona metropolitana de Monterrey, lo mismo que el ex subsecretario de Gobernación Abraham González Uyeda, al que han señalado de ser un permisionario casinero, y el ex director de Atención de SEGOB Iván Peña Neder, acusado públicamente ser de la “mafia de Gobernación”. A ellos se les deben sumar al menos cuatro casineros más que, bajo el halo de otras empresas e intereses, tienen intereses en Jalisco, Nuevo León y Baja California, y los cuales se sumaron públicamente a la campaña de Andrés Manuel López Obrador.

Para bien o para mal, el tema de la industria del juego no será algo desconocido para el nuevo gobierno, del que se esperarían resultados en el mediano plazo, pues por ahora, este sector no forma parte de sus prioridades aunque sí deberá estar entre la agenda de riesgos de la próxima agenda de gobierno y seguridad. Cuestión de recordar que a Felipe Calderón le estalló el Casino Royale y a Enrique Peña Nieto las disputas entre las mafias de casineros de Nuevo León, donde a golpe de asesinatos y denuncias internacionales se han dado con todo; de Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila y Baja California, donde las cosas han subido a tal tono que autoridades de estas entidades han prohibido parcial o totalmente dicha industria bajo acusaciones de formar parte del crimen organizado.

El reto es complicado para una administración entrante que deberá entender a fondo cómo funcionan las casas de apuestas, los costos y beneficios que ellas traen consigo y ponerlos sobre la mesa antes de cualquier decisión. En el mundo, si las autoridades saben hacer las cosas, se pueden incorporar a estos negociso en casos positivos como han ocurrido en España, Chile, Argentina y los Estados Unidos, donde la participación de la industria de juego con apuestas en el PIB es significativa; 1% en EUA, 2.5% en España, 2% en Argentina, 0.8% en Chile, según datos del 2017.

En México, según datos de las asociaciones de casineros, apenas se aporta el 0.15% del PIB, algo así como 29,000 miles de millones de pesos.

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El mercado del juego en México

De acuerdo con los datos de la Dirección General de Juegos y Sorteos de SEGOB, existen 37 grandes permisionarios para operar casinos en el país, de los cuales dos grupos empresariales concentran la mayoría de éstos: Codere (española) y Caliente (mexicana), lo que en sí ya es preocupante por la figura de “competidor preponderante”, es decir, cuasi monopolio.

De la lista presentada abajo por Bingos de México, destacan dos permisos revocados: Megasport, cuyos operadores han logrado darle la vuelta a la cancelación utilizando alianzas estratégicas con otros permisionarios, y Entretenimiento de México (EMEX), cuyo caso se debe a asuntos de conflicto político entre los propietarios Juan José y Arturo Rojas Cardona con funcionarios del sexenio de Felipe Calderón que le pedían participación en el mismo, desatando una de las guerras mediáticas más intensas al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto que incluyó acusaciones de crimen organizado, lavado de dinero, complicidades y conflicto de interés, los cuales a su vez contaminaron el tema de insubsistencia de Exciting Games, cuyo accionista principal tiene demandado al Estado mexicano.

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Las marcas líderes que se mantienen hasta ahora son Codere/CIE con siete empresas permisionarias con 137 licencias de las cuales tienen registradas 99; Caliente también con siete permisionarias con 76 licencias y ocupadas 40; CIRSA con dos permisionarias con 58 permisos y 42 abiertos; Apuestas Internacionales de Grupo Televisa con sus Play City tiene 55 licencias y sólo abiertos 21 casinos (que ahora están venta por insuficiencias del negocio); Atracciones y Emociones Vallarta (un polémico grupo que originalmente fue dado a los hijos de Ramón Aguirre) tienen 50 permisos y sólo 28 en funcionamiento; y los demás como Comechi, El Palacio de los Números, Comercializadora de Juegos de la Frontera, con alianzas poco claras, temporales, sospechosas y ligadas tanto a empresarios de baja reputación y envueltos en escándalos e investigaciones.

El nombre de los permisionarios y de los operadores de las casas de juego están en constante movimiento y la autoridad, que debería sancionar y vigilar, llega tarde e informa muy a destiempo para analizar la situación prevaleciente en cada empresa. Esto podría ocurrir dependiendo de qué empresa (nacional o extranjera) compra las licencias de Apuestas Internacionales (Play City) o de Comercializadora de Juegos de la Frontera (Big Bola) cuyos propietarios buscan deshacerse de este negocio que los ha puesto en la mira de las autoridades hacendarias. Más aún, qué cuentas se le debe hacer a la principal empresa transnacional en México cuyos accionistas dominantes son los llamados “fondos buitre” que han creado serios conflictos en países como Argentina o España.

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La insuficiente y sospechosa autoridad de SEGOB

La falta de probidad de los funcionarios encargados del trabajo de supervisión de un área de alto riesgo como son los juegos con apuestas en la presente administración hizo que el sector naufragara y que en este momento, prácticamente esté en una incrucijada de renovarse, modernizarse o terminar en simples salas de maquinitas sin ninguna atracción para el cliente, ni de beneficio para el país.

La primera funcionaria peñanietista para atender este sector fue Marcela González Salas quien entre 2012 y 2015 hizo un trabajo titubeante al principio y de carácter político después al revocar los permisos de Entretenimiento de México (EMEX) de los hermanos Arturo y Juan José Rojas Cardona por considerar que era el financiador principal del Partido Acción Nacional (PAN), en especial de haber estado detrás de la entonces alcaldesa de Monterrey, Nuevo León, Margarita Arellanes (hoy militante del PT) y de haber perjudicado los negocios de Grupo Caliente, del mexiquense Jorge Hank Rohn; es decir, golpe y contragolpe entre casineros, teniendo a la autoridad como marioneta. Otro caso menor fue con Operadora Megasport también vinculada a beneficiar al PAN, aunque los socios de este negocio lograron sobrevivir y sin hacer tanto ruido están presentes con los casinos central, entre otros.

A la salida de González Salas en 2013 llegó un funcionario de menor perfil pero más ganoso, con apariencia de duro para meter orden y no dejarse chantajear por ninguno de los casineros: Luis Felipe Cangas Hernández. Al principio ofreció que la nueva Ley de Juegos y Sorteos se iba a aprobar (lo que nunca ocurrió), que no iba a permitir ningún casino ilegal (cumplido a medias, porque a su salida se dieron a conocer que operaban diversos en Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas y Chihuahua) y que su política era que en lugares donde existieran altos índices de inseguridad no se darían permisos ni anuencias, cosa que no fue así.

De los anteriores 37 permisionarios al recibir Cangas se mantuvo casi igual, pero hubo dos permisos otorgados por éste y del que hay muchas sospechas de quiénes serán los veraderos dueños: Espectáculos Deportivos de Occidente y Operadora de Coincidencias Numéricas. Más aún, Luis Felipe Cangas otorgó autorizaciones para que 40 permisos pudieran entrar en operación, beneficiándose a Pur Umazal, Megasport, Jumamex, Winstar, Sabiá Corporation y de paso hacerse de la vista gorda a la alianza entre los otrora “enemigos” Caliente y EMEX para abrir dos salas en Nuevo León (San Nicolás de los Garza y Guadalupe).

Quien suplió a Luis Felipe Cangas es Eduardo Cacho Silva, quien era director de Servicios General de la UNAM (la policía universitaria) y cuya gestión siempre estuvo cuestionada porque fue con él con quien se desató la violencia en el campus de Ciudad Universitaria como feminicidios, asaltos, narcomenudeo y porrismo. Sin mayor experiencia pero con buenos contactos como el ex rector José Narro y el ex gobernador, ex senador y ex líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, desde enero del año en curso está navegando el cierre de la administración de Enrique Peña Nieto.

Ahí es donde se tiene que poner atención, porque al concluir el cierre del sexenio de Felipe Calderón autorizó dos permisos para operar, los cuales ahora están insubsistentes y uno más peleado a muerte. Con Vicente Fox, Santiago Creel fueron más de 230 licencias y la ampliación de algunos más para fondear su campaña fallida a la presidencia de la República. ¿Qué sorpresas nos esperan con Cacho Silva si éste no es vigilado por el equipo entrante de Olga Sánchez Codero y Zoé Robledo?

Las carreras con apuestas (el negocio fallido del hipódromo de las Américas y ¿ya no hay más hipódromos?)

El otrora espacio emblemático del jetset mexicano, el Hipódromo de las Américas, el óvalo de Sotelo, vive aún las secuelas del cierre del que fue objeto en hace casi 20 años, cuya concesión a Administradora Mexicana del Hipódromo, filial de CIE, no ha cumplido con la misión central del permiso: promover la industria hípica.

Peor aún, dicha empresa que se benefició misteriosamente de la licencia de operación en 1996 y que fue ampliado para casas de juego, a las que puso mayor atención, ha dejado de ser la accionista mayoritaria, pues la española Codere es la que ostenta la mayoría. Y por si las cosas fueran menores, resulta que los españoles (la familia Martínez Sampedro) y el mexicano (en este caso Alejandro Soberón Kuri), ya tampoco poseen el control de dicha empresa enclavada en un área estratégica del campo militar número uno de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues serían los fondos buitre los que tienen la mayoría.

El portal especializado, Azar Plus informó así en enero pasado: “Los fondos oportunistas Silver Point, Abrams Capital y Contrarian cumplieron su plan y tomaron el control de la empresa de juego Codere, con la designación de un nuevo presidente y un director general. Lo hicieron en una reunión del consejo de administración en la que se encontraron con la oposición frontal de la familia fundadora, los Martínez Sampedro, que hasta ahora controlaban la gestión, dispuesta a impugnar las decisiones del consejo y batallar en la junta de accionistas que en las próximas semanas celebrará la compañía”.

Con los conflictos administrativos entre accionistas y los intereses oscuros de los “fondos buitre”, la industria hípica está en crisis y no se ha vislumbrado hasta ahora que alguna autoridad esté interesada en sacarla adelante.

Enrique Rodríguez Cano, especialista en la materia, ha dado cuenta de las fallas y también propuestas para relanzarla. Así, expuso hace unos años en estas páginas que “sólo como ejemplo el contexto latinoamericano de la crianza de caballos de Sangre Pura de Carreras. En Venezuela —a pesar de Chávez y Maduro— se crían más de 1,500 potrillos al año; en Argentina casi 7 mil. La hípica uruguaya, gracias a la sensatez de sus gobernantes, ha crecido y se crían más de 2,000 caballos al año. En Panamá la hípica crece; recientemente el presidente Juan Carlos Varela premió personalmente el Clásico Presidencial y refrendó en televisión abierta seguir apoyando a la industria hípica de su país”.

Y el autor recuerda que “en las buenas épocas, en México se criaban más de 2,500 potrillos al año, tan sólo 1,500 en los estados de Sonora y Sinaloa. Me informan que para este año se registraron 221 nacimientos. ¡La debacle anunciada!”

De ahí que su organización, la Unión Mexicana de Criadores de Caballos tenga años luchando para que se les tome en cuenta al grado que fue ilegalmente descalificada por la empresa y ridículamente el acceso del ingeniero Rodríguez Cano a las instalaciones del hipódromo le fue negado. Este año, sin embargo, el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, les otorgó “El Amparo y Protección de la Justicia Federal” acerca de la solicitud que le hicimos a la Secretaría de Gobernación de la INVALIDEZ DEL ORGANO TECNICO DE CONSULTA (La Comisión Mexicana de Carreras). Como consecuencia la Sexta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, rectificando su decisión, ha ordenado a la SEGOB que emita un nuevo acuerdo que hasta ahora está en suspenso.

Los retos de una industria en transición

Como se ha mencionado anteriormente, la industria del entretenimiento está en un proceso acelerado de transición por el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, por lo que en cuanto a los casinos como tradicionalmente existen en instalaciones físicas prácticamente tenderán a reducirse para dar paso al juego online, que hasta ahora sigue siendo una zona gris para todos y que, sin embargo, operan ilegalmente y se evaden impuestos del orden de 200 a 500 millones de pesos anuales de IEPS, según cálculos de expertos.

José Luis Benavides, abogado experto en juegos y sorteos, va más allá y expone que los “casinos en México viven una abulia de DESARROLLO ESTRUCTURAL, ya que NO existen las necesidades de competencia y mucho menos la exigencia de los jugadores, para obligarlos en hacer grandes inversiones y así ofrecernos Salas de primer nivel, toda vez que, y con lo limitado de sus instalaciones obtienen ganancias suficientes para hacer rentables sus establecimientos… ¿USTED CONOCE UN CASINO COMO EL DEL HOTEL @WYNN DE LAS VEGAS EN NUESTRO PAÍS? ¡OBVIO QUE NO!”.

Y tiene razón, a reserva de que unas pocas salas de juego ofrecen realmente instalaciones de primer nivel, con servicios de atención al cliente casi como en Las Vegas, el resto de los lugares están para llorar: mala atención de los vendedores, poca seguridad interna y perimetral, descuidos en los controles para evitar el lavado de dinero y pésima oferta gastronómica y de entretenimiento.

“Más aún, también es un hecho que la falta de una Ley de Casinos acorde con el Siglo XXI dejó de ser URGENTE e imperante, para convertirse en una muy devaluada moneda de cambio de las negociaciones alrededor del Tratado de Libre Comercio (NAFTA), y esto, bajo la lógica de una ampliación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) que ofrezcan a los gringos múltiples opciones de: INFRAESTRUCTURA SUBSIDIADA POR EL ESTADO, DESCUENTOS FISCALES PARA DESARROLLOS TURÍSTICOS E INVERSIÓN DE BAJO COSTO, PERO CON ALTAS TASAS DE RETORNO”.

A lo anterior deben agregarse otras sugerencias más que la próxima autoridad debería considerar:

Un marco regulatorio integral –una nueva Ley- para que la industria del juego con apuestas no sólo sea considerado un entretenimiento, sino un asunto de salud pública y de la agenda de riesgo/país (conocer qué tipo de inversores son y los riesgos del uso del ciberespacio), sino una parte de las palancas del desarrollo donde estén instalados, obligando a los empresarios a invertir más en sus instalaciones, en mejorar los entornos de seguridad donde operan y en generar los empleos de calidad que se necesitan.

De lo rescatable de la estancada ley pasada debe retomarse el límite al exceso de permisos otorgados y que las empresas buscan explotar o revender sin control; la urgente regulación para el juego por internet y el juego en vivo; los mecanisos obligatorios para dotar de seguridad a los establecimientos y la obligatoriedad de medidas contra la ludopatía.

Asimismo, se deberá ser más estricto en cuanto al impacto vecinal y evitar la dispersión de salas donde no se requiere ni es turístico. Más allá de una acción social empresarial se requieren acciones coordinadas entre los gobiernos locales y las empresas de este sector que se instalan sin importar escuelas, centros sociales, habitacionales y laborales.

A cambio, los estados y la federación deberán homologar las bases y tasas tributarias, evitando la doble y triple gravación que al final quien paga es el cliente y coordinando tareas.

Es conveniente como se planteó en la iniciativa de ley que se quedó congelada en el Senado de la Legislatura pasada que se pase a la creación de un instituto del juego con apuestas y sorteos, que sea el órgano regulador central, pero también un cuerpo colegiado donde puedan transparentarse y discutirse los temas de interés y se vean representados los capitalistas, las autoridades de los tres niveles de gobierno, los trabajadores y los sectores involucrados (proveedores, colegios, organizaciones y gremios).

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