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Del remolque de la muerte a los chivos expiatorios

Martes, 25 de Septiembre 2018 - 15:30

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Israel Aparicio

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En las crónicas de la transición entre un gobierno que parece nunca tuvo ni la capacidad, ni la intención de procurar un estado de derecho y otro que robó el protagonismo al régimen decadente, pero que no cuenta aún con los hilos del poder político, se ha ido un extraño y largo periodo de incertidumbres, y no pocas pifias declarativas.

El país ha sido noticia sensacionalista por los tráileres que transportaban remolques frigoríficos llenos de cadáveres que ya no caben en los servicios forenses del estado de Jalisco, todo esto cortesía del aún gobernador, Aristóteles Sandoval, miembro de esa tragicómica banda priísta de malhechores denominados como “la nueva generación de políticos”. La macabra realidad en Jalisco y el país, retrata un país azotado por la deshumanización, las carencias insalvables en la procuración de justicia, la barbarie de una guerra delincuencial que deja muertos por doquier y una increíble realidad digna de países africanos que en verdad están en banca rota, como dijera el presidente electo, Don Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que va haciéndose afecto a quedarse varado en los aeropuertos.

Las imágenes de personal caminando encima de los cadáveres, envueltos en simples bolsas negras utilizadas para la basura, demuestra la descomposición gubernamental del estado de Jalisco, pero sobre todo la normalización de la violencia que han dejado sexenios de abandono en materia de procuración de justicia. Las reacciones mediáticas del gobernador al despedir al titular de los servicios forenses y al fiscal general de Jalisco, fueron solo para deslindarse de su responsabilidad, ya que en un país medianamente civilizado, esta macabra situación debería haber costado el cargo al mismo gobernante.

Todo el sistema de procuración de justicia mexicano está sumergido en la debacle más preocupante y el caso de estos contenedores que paseaban por ciudades de Jalisco, sin rumbo fijo ni protocolos, demuestran que esta deleznable situación podría ocurrir en cualquier entidad federativa que no invierte en el adecuado manejo de los cadáveres por la sencilla razón de que los muertos no generan votos ni clientelas políticas. Son vistos como daños colaterales de una guerra sin final, donde nadie quiere hacerse responsable del infierno en materia de inseguridad que persiste y aumenta en el país.

Aunque el gobernador de Jalisco haya ordenado se construya un anfiteatro con capacidad suficiente para estos cuerpos en proceso de reconocimiento y se empiece a construir un panteón para enterrarlos conforme a la ley, este lamentable caso ha desnudado la insensibilidad política y la incapacidad del Estado mexicano para procurar la mínima justicia para las miles de víctimas de la guerra contra el narco y el crimen organizado.

Por si fuera poco, la difícil realidad en materia de seguridad, el presidente electo, AMLO, no colabora en nada para la solución cuando anticipa que no existirán “chivos expiatorios” y al asegurar, con muy poco tacto político, que este tipo de situaciones como las de Jalisco, son producto del presunto fraude electoral en 2006, donde Felipe Calderón para justificar su polémico triunfo, inició una guerra absurda y sin estrategia contra el narcotráfico.

Es preocupante pensar que el país es en realidad una enorme fosa clandestina, donde no se distinguen los muertos enterrados y cuerpos desaparecidos por el crimen organizado, de la incapacidad de las procuradurías y servicios forenses que no se dan abasto ante innumerables cadáveres que apenas son registrados, investigados y pocas veces identificados para entregarlos (en el mejor de los casos) a sus familias.

El presidente electo, al reunirse con víctimas de estas tragedias tan cotidianas, descubrió la gravedad de la crisis de seguridad, por lo que ofreció disculparse a nombre del Estado mexicano, además de pedirles mantenerse unidos en torno a sus desgracias, para poder ayudarlos en lo “humanamente posible”.

La incurable herida que provocó que mexicanos hartos de los gobiernos incompetentes y negligentes votaran masivamente en favor del tabasqueño, no otorgarán el perdón, ni permitirán el olvido de las vejaciones, asesinatos, victimización y nulo respeto por sus víctimas. Al nuevo presidente le exigirán justicia y no se confortaran con una amnistía, así sea un camino más rumbo a la labor titánica de la reconciliación nacional.

Si bien la bancarrota en materia económica no existe a pesar de la insuficiente repartición de la riqueza, sí representa un problema gigantesco la procuración de justicia, la imparable espiral de violencia y los gobernadores execrables que no terminan por ayudar en nada al proceso de reconstrucción del país, al que aspira el presidente electo. Si se suman las innecesarias y polémicas declaraciones, un nulo esfuerzo del gobierno saliente por terminar de forma decente su mandato, y sobre todo, no se toma con seriedad el enorme monstruo que representa la sangrienta guerra contra el narco, la última esperanza de recuperar el estado de derecho estará condenada al fracaso con nuestra incipiente democracia.



Número 23 - Noviembre 2018
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