Remando Contra Corriente

18 de julio, 2014

AdminRHT

Vía México Evalúa Hace apenas unas cuantas semanas, el 16 de junio, se publicaron los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) con datos de 2013 .[1] La encuesta ofrece información muy útil para nutrir el diseño de políticas y programas públicos, ya que documenta la opinión, percepción y experiencias de la población mayor de edad a nivel nacional con respecto a los servicios públicos que recibe, los trámites que efectúa, los principales problemas públicos, el nivel de corrupción, la utilización de Internet para realizar trámites o consultar información gubernamental, entre otros temas. Después de revisar los resultados más notorios de la encuesta no tenemos más opción que confirmar un hecho lamentable: se mantiene la desconfianza de los mexicanos en sus instituciones públicas, en sus políticos y gobernantes. Además, la mitad de los encuestados considera que la corrupción es en general un gran problema. Por si…

Vía México Evalúa

Hace apenas unas cuantas semanas, el 16 de junio, se publicaron los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) con datos de 2013.[1] La encuesta ofrece información muy útil para nutrir el diseño de políticas y programas públicos, ya que documenta la opinión, percepción y experiencias de la población mayor de edad a nivel nacional con respecto a los servicios públicos que recibe, los trámites que efectúa, los principales problemas públicos, el nivel de corrupción, la utilización de Internet para realizar trámites o consultar información gubernamental, entre otros temas.

Después de revisar los resultados más notorios de la encuesta no tenemos más opción que confirmar un hecho lamentable: se mantiene la desconfianza de los mexicanos en sus instituciones públicas, en sus políticos y gobernantes. Además, la mitad de los encuestados considera que la corrupción es en general un gran problema.

Por si fuera poco, los ciudadanos también se mostraron insatisfechos con los servicios públicos que reciben. Por ejemplo, en promedio sólo 49% de la población dice estar satisfecha con los servicios públicos bajo demanda (de educación pública básica y universitaria, IMSS, ISSSTE, Seguro Popular y con el suministro de energía eléctrica). Aún más baja se encuentra la satisfacción con otros servicios básicos, como los servicios de calles y avenidas, policía y alumbrado público, que está por los suelos, con niveles de satisfacción de hasta 22%, 26% y 35% respectivamente.

Además, yendo un poco más a fondo, es evidente el papel tan poco efectivo de los programas y políticas para mejorar la situación social y económica de varios estados de nuestro país que, de manera consistente, sabemos que son los más pobres y que enfrentan mayores carencias sociales. En especial es el caso de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Aunque no hay que perder de vista a Michoacán, Puebla y Tabasco.

Varios de estos estados continuamente obtienen niveles bajos en el Índice de Desarrollo Humano de México (IDH), el cual resulta de medir tres aspectos fundamentales: nivel educativo, acceso a la salud y nivel de ingreso. Sin embargo, los ciudadanos de esas entidades federativas fueron al mismo tiempo los que calificaron peor los servicios públicos que recibieron. Por ejemplo, Chiapas, Oaxaca y Guerrero (con niveles de desarrollo humano de 0.648, 0.668 y 0.671 respectivamente) se ubican por debajo de la media nacional de 0.739 en el IDH y, paralelamente, la calificación que en promedio asignaron a sus servicios públicos básicos y bajo demanda fue de 6.1, 6.0 y 5.4, también por debajo de la media nacional de 6.6. Esto significa que ante un bajo nivel de desarrollo humano parece que los gobiernos proveen servicios aparentemente de peor calidad.

Las trampas de pobreza y la transferencia de bajos niveles de capital humano de padres a hijos constituyen círculos viciosos difíciles de romper. Si una comunidad tiene en principio un bajo nivel en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), y además de ello recibe servicios públicos de mala calidad, resulta efectivamente difícil que los niveles de educación y salud –dos de las dimensiones del IDH– aumenten. Además, también se ha documentado que parte de la desconfianza en las instituciones proviene de la incapacidad de igualar las condiciones de vida de la población.[2] Los gobiernos en las regiones menos desarrolladas tienen una mayor obligación de ofrecer mejores servicios públicos para lograr romper con estos círculos viciosos y para fortalecer la confianza ciudadana.

De la misma forma, se puede observar cómo la calificación del servicio de oferta de agua potable es la más baja para Puebla, Oaxaca, Tabasco y Guerrero. Igualmente, en el servicio de educación pública básica Puebla, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán figuran entre los siete más deficientes. También, en el caso del seguro popular Chiapas, Oaxaca y Puebla son de los estados peor evaluados.

El académico Paul Whiteley de la Universidad de Essex afirmó en un estudio que los tres factores que más deprimen la confianza en las instituciones son: el desempeño de los programas, servicios y políticas públicas, la objetividad y equidad de los procesos políticos (reformas, elecciones) y eventos específicos, como escándalos que involucren a políticos.[3]

Así, la falta de confianza de los ciudadanos mexicanos hacia las instituciones públicas no se ha forjado en vano o sin razones.

Ojalá que todo quedara en unos simples números, pero el trasfondo de estos resultados se traduce en que hay limitaciones adicionales para que México trascienda sus problemas. Un aspecto bastante dañino de la desconfianza en las instituciones es que en un contexto así las políticas públicas suelen ser menos efectivas o más difíciles de implementar. La confianza ciudadana implica que la población está dispuesta a hacer sacrificios en favor de un programa o reforma porque cree que en el futuro habrá beneficios que se repartirán objetivamente. La desconfianza implica resistencia. Por ejemplo, la política fiscal es menos efectiva cuando hay desconfianza; es más complejo y costoso recaudar impuestos cuando los ciudadanos están menos dispuestos a pagarlos.

El buen desempeño de las instituciones se ha asociado con el desarrollo económico y hasta con mejores niveles de ingreso. Las instituciones permiten el intercambio económico, político y social en una sociedad, pero cuando hay desconfianza se reduce la cooperación de las partes en estos intercambios, y se incrementan los costos de dichas relaciones o transacciones, se genera incertidumbre sobre la generación de beneficios y su distribución. Por ejemplo, la reciente reforma educativa en México, que se ha distinguido por la falta de cooperación y resistencia de ciertos grupos de maestros, y esa falta de cooperación en la práctica se ha visto reflejada en leyes estatales que no cumplen con el espíritu de la reforma, así todavía no sabemos si la reforma logrará mejorar la calidad educativa.

Los intercambios económicos, sociales y políticos son vehículos fundamentales para desarrollar a un país. Cuando van lento y con fallas, la prosperidad también llegará lentamente. Los gobiernos en turno enfrentan un reto mayúsculo; gobernar y reformar en este contexto es como remar un bote en un río, pero en contra de la corriente.

Muy destacados economistas han reconocido el rol de la confianza en los sistemas económicos y políticos. Francis Fukuyama escribió en 1995 un libro de nombre “Confianza: las virtudes sociales y la creación de prosperidad”[4] en donde argumenta que la confianza es una característica fundamental que influye determinantemente en la prosperidad y la competitividad de un país. Explica que es la aceptación de las normas compartidas la que permite ejecutar acuerdos comerciales, políticos. Para él es un activo inmensamente valioso que debemos generar y conservar. Afirma que durante décadas fue la diferencia en la prosperidad económica que vivieron EEUU, Alemania y Japón. Incluso, Keneth Arrow, Premio Nobel de Economía, afirmó que la confianza es especialmente importante en las transacciones comerciales y en el funcionamiento de los sistemas financieros, los cuales son indispensables en la generaciónde crecimiento económico.

Por su parte, Paul Zak indica que cuando la confianza es baja en una sociedad,[5] no fluirán los recursos económicos suficientes para sostener un crecimiento adecuado y afirma que esto puede volverse una trampa de bajo crecimiento, en especial, en países en donde hay corrupción y un débil estado de derecho.

El mismo Paul Zak demostró que para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones es necesario primero mejorar el desempeño de las políticas y servicios públicos, sobre todo la educativa, y aquellas que impacten positivamente la desigualdad social, así como el cumplimiento de la ley. De su trabajo se concluye que la primer carta la debe jugar el gobierno (Zak y Knack, 2001). Sin embargo, el año pasado se propuso una reforma fiscal bastante ambiciosa, en un contexto económico completamente adverso, y desde luego con una baja confianza ciudadana. Y parece que no va bien. El crecimiento económico no se recupera y la confianza tampoco.

Pero ¿cómo buscar una mayor recaudación de impuestos en un país donde se percibe corrupción en todos los sectores sin antes mejorar los niveles de confianza en las instituciones? ¿Quién quiere pagar impuestos en un país en donde menos de la mitad de la población está satisfecha con los servicios públicos? ¿Cómo augurarle éxito a ésta y a otras reformas?

Es necesario incrementar la calidad de los servicios públicos, el desempeño de los programas, avanzar más decididamente en el combate a la corrupción, es decir, seguir los consejos de Paul Zak. A pesar de la reforma constitucional en materia de transparencia, todavía no comienzan las discusiones de las leyes secundarias en esta materia, y los análisis para aprobar las leyes que darán vida al órgano anticorrupción han sido aplazados. La posible mejoría para fortalecer los controles institucionales y ciudadanos del desempeño gubernamental, y que podrían ayudar a recuperar algo de confianza, transcurre a una muy baja velocidad.

Esa lentitud posiblemente ha tenido otro efecto indeseable: ha relajado el control de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Esta institución mantiene la vigilancia y el control de la operación de la Administración Pública Federal mediante órganos internos de control (OIC) que habitan al interior de las dependencias y entidades federales. Pero el “fin”de la SFP fue anunciado desde 2012, con la propuesta para la creación del órgano anticorrupción. Es razonable pensar que ese anuncio debilitó su fuerza. Ahora los OIC de la SFP pueden ser vistos como “muertos vivientes” o “zombis”. Ir lento en la reforma anticorrupción y mantener a la SFP en “stand by mode”no es precisamente la señal más prudente para fortalecer la confianza de los ciudadanos.

El impacto de las reformas que se están aprobando, y en general de las políticas públicas, sería más efectivo si la confianza ciudadana se incrementara. Para recuperar la confianza es necesario primero elevar el desempeño gubernamental mejorando la calidad de los servicios públicos y combatiendo la corrupción. Ignorar la desaprobación ciudadana es ingenuo, como navegar en un bote de remos en contra de la corriente.

______________________________________________________________________

Fuentes:

Essex Daily (27 de septiembre, 2013) Public perception of government’s trust worthiness and honesty has plummeted.

Ferrini, Luca (2012) The Impotance of Institutions to Economic Development.

Fukuyama, Francis (1995) Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. The Free Press.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2013) Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. INEGI. México.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2010) Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: nueva metodología. UNDP. México.

Zak, Paul y Stephen Knack (2001) Building Trust: Public Policy, Interpersonal Trust, and Economic Development. Documento MPRA 25055. Banco Mundial. Munich Personal RePEc Archive. [Disponible

[1] La Encuesta Nacional de Impacto Gubernamental (ENCIG) 2013 se levantó en el periodo comprendido entre el 4 de noviembre y el 13 de diciembre del 2013.

[2] The importance of institutions to economic development

[3] Paul Whiteley

[4] Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity

[5] Paul Zak es profesor de economía, psicología y administración en la Universidad de Claremont, así como es director fundador del Centro de Estudios en Neuroeconomía en la misma universidad. También es profesor de neurología en el centro médico de la Universidad de Loma Linda.

* Por Mariana Campos, Coordinadora del área de Gasto público y Transparencia de México Evalúa, con la asistencia del investigador Osvaldo Landaverde.

* Texto publicado el 10/07/2014 en Animal Político: http://bit.ly/1omvZn5

Comentarios