LA ABERRANTE IMPUTACIÓN A LA CONSTITUCIÓN COMO CAUSANTE DE DAÑO SOCIAL Y ECONÓMICO EN LA INVESTIGACIÓN CONTRA RICARDO ANAYA

Durante esta última semana hemos conocido del procedimiento penal que se sigue en contra de Ricardo Anaya, quien mediante las redes sociales ha manifestado en múltiples ocasiones que esa investigación, de índole criminal, es una “persecución política...

30 de agosto, 2021

Eduardo Sodi

Ante esas manifestaciones de Anaya, el presidente pidió en su “mañanera” a la Fiscalía General de la República (FGR) que hiciera pública la causa de acusación contra el panista. En “cumplimiento” a la petición, la Fiscalía “autónoma” emitió un comunicado, en el que se lee:

“… Emilio “N”, en su denuncia de 2020, señaló que recibió instrucciones “superiores” para entregar 6 millones 800 mil pesos a Ricardo “N”, para que votara a favor de la Reforma Energética que privatiza la producción petrolera mexicana, en favor de las empresas extranjeras como Odebrecht Brasil (…) Según consta en diligencias ministeriales, dicha cantidad le fue entregada a Ricardo (…) en el año 2014 (…) Posteriormente (…) quedó constancia de que Ricardo “N” votó a favor de la misma.

“La secuencia de todas las diligencias señaladas (…) evidencian una línea clara y consecuente de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido…”

Lo expuesto por la FGR es de lo más aberrante jurídicamente que puede darse en un Estado de Derecho, ya que en su comunicado público se advierte que se inició una investigación en contra del ex candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, por haber recibido dinero (es hipótesis) para votar en favor de la reforma energética constitucional, promulgada en diciembre del año 2013 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de ese mismo mes y año, sosteniéndose en la acusación que, tal acto, constituye el delito de cohecho, lo que de acreditarse sería cierto.

En efecto, el cohecho es una conducta delictiva que se traduce en la recepción de dinero u otros bienes por parte de un servidor público, por hacer o dejar de hacer sus funciones, resultando, en este caso de muy difícil comprobación, en cuanto a que habría que demostrarse que, antes de la votación a esas reformas, se le ofreció a Anaya un pago por su voto, siendo extraño que, según la propia carpeta de investigación, en la parte que se ha hecho pública, ese pago se le hizo varios meses después de que emitió su voto, a saber, el voto en diciembre de 2013 y el pago en agosto de 2014.

Además de tal hipótesis, relativa al delito de cohecho, se expuso en el comunicado de la FGR, que la reforma a la constitución, tuvo por objeto la entrega del patrimonio petrolero a los extranjeros y que tal, le ha traído consecuencias de sufrimiento social y económico a México, lo que resulta en una opinión insostenible e ilegal.

Así es, la reforma a la Carta Magna en materia energética de finales de 2013, se realizó en cumplimiento al artículo 135 de la misma Constitución que determina que, para su reforma, debe aprobarse por las dos terceras partes del Congreso, es decir, de cada cámara legislativa, lo que se conoce como “mayoría calificada” y, adicionalmente, se requiere el voto de por lo menos la mitad de los congresos de las 32 entidades federativas, para que, en su conjunto, Congreso Federal y legislaturas de los Estados, formen el “Poder Constituyente”, único que puede reformar nuestro Máximo Cuerpo Legal.

En el caso, se modificó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con una votación en el Senado con 95 votos a favor y 32 en contra y, posteriormente en la Cámara de Diputados se aprobó la reforma con una votación de 354 a favor y 134 en contra, y uno de esos trescientos cincuenta y cuatro votos fue el de Ricardo Anaya Cortés. Después de ello, el proyecto de reforma se turnó a los Congresos de los Estados, emitiéndose votaciones en cada una de las legislaturas locales, para que al final la reforma constitucional quedara aprobada por la votación a favor de 26 Estados de la República.

Luego entonces, casi cien Senadores, que sumados a más de trescientos cincuenta diputados y otros cientos de legisladores estatales, aprobaron las reformas constitucionales. ¿Y así la Fiscalía General de la República pretende que se sancione penalmente a Anaya y, al parecer a otros investigados, por votar a favor de la reforma energética? Una pretensión aberrante ya que, como está plenamente documentado en el proceso legislativo, esta reforma se aprobó por el “Poder Constituyente”.

La Constitución Política, siendo la Ley Suprema es incuestionable jurídicamente, esto es, que no existe ninguna autoridad, ni organismo público, ni autónomo, ni de cualquier especie, que tenga facultades para que, oficialmente, en el ejercicio de sus atribuciones y competencia, pueda tachar de incorrectas o ilegales las reformas constitucionales; es más, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación está impedida para emitir resolución alguna que determine que alguna Norma Constitucional es ilegal, incorrecta o dañina para el país, ni siquiera emitir opinión que la descalifique, ya que la principal función de la Corte es la de ser el Órgano Máximo de Control Constitucional, que le obliga a defender nuestra Carta Magna en su integridad y sin calificarla de buena o mala.

Por ello es absurda la pretensión de la Fiscalía General de la República, al sostener su acusación en que la emisión del voto de Ricardo Anaya constituye una causa criminal, ya que tal hecho equivale a prejuzgar oficialmente la reforma Constitucional como generadora de un daño social y económico a México. Y más absurdo es que ante tal imputación el Juez de Control, Gustavo Aquiles Villaseñor, haya citado a Anaya a declarar, pues es como tener por cierto, indudable e incuestionable, tanto para el Fiscal como para el mencionado Juez, que la Constitución actual, en la parte de su regulación energética, ha afectado y afecta al país. Simplemente, no se puede acusar a nadie por reformar la Constitución.

Que no haya confusión. No defiendo ni a Anaya Cortés ni a nadie que se esté investigando por haber votado favorablemente las reformas constitucionales, sino al Estado de Derecho, pues, en el caso, no solo se está imputando que hubo una colusión delictiva para aprobar las reformas constitucionales en materia de energía, sino también se está acusando, denostando y contraviniendo a la propia Constitución vigente, lo que se ha hecho en actuaciones oficiales, tanto por la Fiscalía General de la República, como por el Juez de Control, resultando en una verdadera aberración jurídica, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no puede ser motivo de descalificación oficial para sostener tal acusación. Esto ya es, repito, ¡ABERRANTE y de MIEDO!

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En democracia, 85 países superan a México (ruizhealytimes.com) El exsecrertario espera una condena que podría ir de los 20 años de prisión hasta la cadena perpetua, en medio de un clima político efervescente, ya que muchos de sus excolaboradores son políticos en activo, legisladores, líderes de asociaciones civiles, incluidos nexos directivos con la asociación periodística convertida en últimos tiempos en un grupo de presión política. El duro golpe asestado con la condena a la mano derecha del expresidente Felipe Calderón alcanza a la segunda marcha en defensa del INE, ya que muchos de sus convocantes hacen mutis de sus relaciones estrechas con el defenestrado y otrora poderoso exsecretario. Ahora los videos y fotografías donde aparecen junto a todo su corrupto primer círculo de colaboradores, les exhiben como cómplices de ese negro periodo. El mediático caso destroza la narrativa panista de que existió una lucha contra el narcotráfico, sumado a que en los tiempos del presidente Vicente Fox, se dio el lamentable montaje televisivo que le costó a Florence Cassez ir a la cárcel luego de un proceso judicial viciado que originó un conflicto diplomático con Francia y el expresidente Nicolás Sarkozy Las ínfulas de grandeza del último expresidente emanado de las filas del PAN, le hizo escribir un ambicioso ensayo basado en su imaginaria sabiduría e impoluta imagen. El tragicómico momento no previó el mazazo de la sentencia de su alfil que los dejó en la basura de la historia nacional. En el “sesudo” análisis publicado a ocho columnas en un periódico nacional, desdeñaba el papel de la oposición, la criticaba y le llamaba a unirse para enfrentar al régimen morenista al que calificaba de semi dictatorial. 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En la carta publicada en Twitter, Calderón se dirige a las familias de los soldados, policías y fuerzas del orden para pedir lo imposible; asegurarles que no existió una falaz guerra contra el crimen organizado, por lo que los sacrificios de vidas humanas no fueron en vano. A pesar de la crudeza de la corrupción exhibida en ese periodo de gobierno panista, cabe señalar que el desprestigio no es extensivo al país, sino a la camarilla de impresentables que se empoderaron mediante elecciones muy polémicas. El fallo judicial dará munición suficiente para que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) machaque al PAN en sus conferencias matutinas. Sumado a que en una estrategia incomprensible, el derechoso partido opositor nunca supo deslindarse a tiempo del lastre político que representa el calderonismo, que ya los dejó colgados en la pasada elección presidencial, cuando el acomplejado matrimonio Zavala-Calderón renunció al no obtener la candidatura en el PAN, para dinamitar la campaña de Ricardo Anaya. El último mito genial del panismo cayó con la sentencia de culpabilidad de García Luna, a partir de este proceso judicial la narrativa política será imposible de analizar sin la traición desde el poder al Estado mexicano que padece el calvario del narcotráfico. Sin exculpar a la actual administración federal de las difíciles condiciones de inseguridad, no se puede soslayar en todo análisis serio que la debacle de la imposible guerra contra los estupefacientes (dictada desde los Estados Unidos) tuvo un momento de inflexión cuando García Luna fue impuesto desde el poder panista para sentenciar la vida y desempeño de millones de mexicanos que padecen el yugo del poder factico del narco. El fallo de culpabilidad para García Luna otorga justicia a muchos expolicías y militares que valientemente advirtieron al irascible Calderón de la corrupción de su superpolicía. Pero que fueron reprimidos y perseguidos por ser leales a su misión de proteger al país. Destacan Javier Herrera Valles, el general Tomás Ángeles Dauahar, además de políticos controvertidos como Gerardo Fernández Noroña, quien acusó al superpolicía panista de asesino y narco en sus comparecencias en el Congreso de la Unión, cuando nadie se atrevía a señalarlo. Caricaturistas, comunicadores, publicistas, no pocas asociaciones de la sociedad civil, destacados comentócratas que estuvieron cerca del exsecretario de seguridad pública, no podrán lavarse la cara después de haber minimizado el proceso judicial, o de negar los vínculos de García Luna con el narcotráfico. Luego de conocerse el veredicto fue sintomático ver una bancada panista vacía en el congreso, curiosamente desde donde se realizaban los ataques más virulentos e histriónicos contra el actual régimen. El golpe mortal a lo que queda del grupo fáctico denominado como calderonista es de proporciones gigantescas de cara a la conformación de la alianza opositora que buscará en 2024 ganar la presidencia. 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La secretaria de Economía, Olivia Salomón afirmó que el modelo de clústeres, impulsado por el exgobernador Miguel Barbosa Huerta y reforzado por el mandatario Sergio Salomón Céspedes Peregrina, ha sido exitoso porque prioriza el desarrollo económico con progreso social, al construir bienestar mientras eleva la competitividad del estado.

Lo anterior lo expuso al impartir la conferencia magistral “La conformación de la política de impulso a clústeres en Puebla”, en el marco del Congreso Internacional de Investigación Academia Journals, que se lleva a cabo en el Tecnológico Nacional de México, campus Puebla.

En este espacio, cuyo tema es “La ingeniería para la innovación y el desarrollo tecnológico sostenible”, la funcionaria destacó que, al inicio de esta administración estatal en agosto 2019, se estableció una política industrial y organizativa que mejora la competitividad de los diversos sectores económicos.

Ante los estudiantes de la institución, resaltó la importancia de que se vincule a la industria con la academia, con el fin de cubrir la necesidad de mano de obra calificada que tienen las empresas asentadas en territorio poblano y que las universidades pueden atender a través de sus egresados.

Yayetzin Sandoval González, directora del Tecnológico Nacional de México, campus Puebla, inauguró el Congreso Internacional de Investigación Academia Journals, el primero que se realiza de forma presencial después de la pandemia, en el que resaltó la importancia de la vinculación entre autoridades y universidades en beneficio de sus estudiantes.

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