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Desde luego, en dichas sociedades (como al menos hasta ahora es el caso de nuestro país) proveer atención médica y servicios educativos (al menos básicos) a sus ciudadanos (y contribuyentes) es obligación del Estado, pero, al mismo tiempo, debido a la diversidad geográfica, cultural y socioeconómica, también existe un amplio abanico de opciones ofrecidas por la iniciativa privada a las que cada quien, desde sus posibilidades y deseos, puede acceder.
Te podría interesar:
Medicamentos controlados, retos virales y sobredosis: ¿cómo proteger a nuestros hijos y alumnos? (ruizhealytimes.com)
Lo que es un hecho es que sin importar cuáles sean las motivaciones para decidir acudir a los servicios privados (como buscar una mejor atención, por la calidad de lo que ofrecen, porque las instancias gubernamentales no logran cubrir las necesidades de todos o, simplemente, porque se tiene la capacidad y la libertad de “pagar por algo mejor”), poder decidir qué es lo que queremos para nuestras familias es un derecho que como ciudadanos debemos respetar y proteger.
Los datos
Todo lo anterior viene a colación (y debe ponernos en alerta) debido a la información publicada durante la última semana en los principales medios noticiosos, que gira en torno al seminario organizado por el Conacyt bajo el título "Libros de Texto Gratuitos. Avances y retos de una nueva política", moderado por el chavista Sady Arturo Loaiza, y cuyos puntos más destacables son (tomados del artículo publicado por el periódico REFORMA, 22 de marzo, 2023):
El señor Max Arriaga, Director de Materiales Educativos de la SEP, afirma que…
Fuente: Democracy Index, 2022. Economist Intelligence Unit.
Por supuesto que un régimen democrático no garantiza, de ninguna manera, que se resuelvan, de una sola vez y para siempre, los problemas nacionales. Pero sí garantiza que se puedan ir resolviendo gradualmente y en paz, mediante el diálogo y, sobre todo, respetando las libertades y los derechos civiles de la ciudadanía, con la posibilidad real de poder deshacerse de un gobierno cuando éste no funciona debidamente y sustituirlo por otro que se espera pueda hacer mejor las cosas.
Aquí se hace relevante nuestro segundo señalamiento al inicio de este escrito: la democracia es también una cultura, una forma de vida social mucho más civilizada y más exigente que otros regímenes alternativos, en los que no se requiere mucho más que obediencia y estómago para tragarse lo que ordenen desde el poder. Como lo han señalado varios filósofos, la democracia, para que funcione, requiere de sólidas raíces éticas entre la ciudadanía: de entrada, que cada uno asuma, como rasgo fundamental de madurez, su mayoría de edad y el sentido claro de corresponsabilidad con el bien común de la sociedad en que viven. Una ciudadanía democrática se deshace de la creencia de que su bienestar general depende de algún líder mesiánico o de las soluciones que pueda aportar “papá gobierno”. Tal vez por esto, primeramente, la democracia plena sea difícil y muchas personas prefieran abdicar de su responsabilidad en favor de alguien “superior” que se haga cargo.
Además, la cultura democrática presupone una concepción horizontal, en contraste con vertical, de la construcción del bien común, donde éste se logra fundamentalmente mediante el diálogo y la generación de acuerdos a partir de dos principios: la búsqueda de la verdad (el reconocimiento de las cosas como son, de donde se sigue la consecución de la justicia) y el respeto a cada persona en su singularidad y reconociendo que cada persona piensa distinto que las otras y vive la realidad desde otra perspectiva.
El diálogo requiere escucha activa y razón cordial: la capacidad de esforzarse para comprender a los otros que, siendo respetables entes de razón, miran y viven al mundo distinto que nosotros. Por esto, cabe decir, la civilización democrática requiere también de generosidad y apertura de mente. No hay, no puede haber, democracia si se pretende imponer un pensamiento único, intransigente y cerrado. De hecho, la cultura democrática se desarrolla desde la tolerancia y, necesariamente, en torno al espacio del centro político: los extremistas, los de pensamiento único en el que no cabe más que una versión de los acontecimientos, resultan disfuncionales para un orden democrático, abierto y plural.
Entonces, concluyo que, en nuestro México actual, nos convendría: 1) reconocer el valor de la civilización democrática, que hoy podemos perder para regresar a un régimen autoritario, que no deja de ser una especie de barbarie; 2) reflexionar sobre las obligaciones éticas ciudadanas que la democracia nos exige, incluyendo, sobre todo, la valoración de esos otros, “chairos” o “fifís”, que con diferente mirada experimentan la realidad desde la otra orilla del espectro político; 3) en especial, comprender las enormes deudas sociales que nuestra joven democracia no ha podido resolver y han llevado a tantos mexicanos a decepcionarse de los resultados de nuestra reciente vida política.
Por último, de cara a las elecciones del 2024, sería deseable que el candidato de la oposición al autoritarismo creciente de la 4T, refuerce el espacio del centro político, con civilidad y cultura democrática y no atice más a la polarización que cada mañana se promueve desde Palacio Nacional (y se complementa desde el otro extremo político ideológico), porque, cuando se rompe el espacio del centro político y el afán de entendimiento mutuo, muy fácilmente se cae en la posibilidad de una guerra civil.
- La iniciativa privada (empresarios) debe sacar las manos de la educación del país para que impere la visión de la izquierda,
- Los libros de texto que no edite y supervise el Estado serán ilegales.
- "El gran reto de la SEP es hacer entender a esta gente que se ha dedicado a comercializar la educación, que deje de lado la educación y que permitan que el sueño de la izquierda se haga real.
- No puede imponerse una visión única en la educación ni un libro de texto único para los niños, debido a que la diversidad que tenemos en México no nos permite tener una sola visión. La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) y la SEP dan las orientaciones técnico-pedagógicas para que se hagan los libros de primaria y secundaria.
- Tampoco puede tacharse de ilegales a los libros que no edite el Estado (“No se puede hablar de esa manera. No hay libros ilegales. El conocimiento es diverso. Tenemos que estar abiertos y formar a nuestros niños con su criterio y hacerlos críticos. Decir que hay libros ilegales es casi llevarnos a la inquisición”).
- La Conaliteg como empresa editorial no tiene la capacidad física para producir los millones de libros, no sólo para primaria sino para secundaria.
- Cuentan con una figura jurídica que debe ser respetada.
- Deben cumplir con sus obligaciones pero al mismo tiempo cuentan con derechos establecidos por la ley.
- Junto con los ciudadanos que pagan por los servicios, constituyen una fuente de apoyo económico para el gobierno (quien, de lo contrario, debería absorber el costo total de la educación y, debe decirse, ofreciendo el mismo nivel de calidad que este sector).
Fuente: Democracy Index, 2022. Economist Intelligence Unit.
Por supuesto que un régimen democrático no garantiza, de ninguna manera, que se resuelvan, de una sola vez y para siempre, los problemas nacionales. Pero sí garantiza que se puedan ir resolviendo gradualmente y en paz, mediante el diálogo y, sobre todo, respetando las libertades y los derechos civiles de la ciudadanía, con la posibilidad real de poder deshacerse de un gobierno cuando éste no funciona debidamente y sustituirlo por otro que se espera pueda hacer mejor las cosas.
Aquí se hace relevante nuestro segundo señalamiento al inicio de este escrito: la democracia es también una cultura, una forma de vida social mucho más civilizada y más exigente que otros regímenes alternativos, en los que no se requiere mucho más que obediencia y estómago para tragarse lo que ordenen desde el poder. Como lo han señalado varios filósofos, la democracia, para que funcione, requiere de sólidas raíces éticas entre la ciudadanía: de entrada, que cada uno asuma, como rasgo fundamental de madurez, su mayoría de edad y el sentido claro de corresponsabilidad con el bien común de la sociedad en que viven. Una ciudadanía democrática se deshace de la creencia de que su bienestar general depende de algún líder mesiánico o de las soluciones que pueda aportar “papá gobierno”. Tal vez por esto, primeramente, la democracia plena sea difícil y muchas personas prefieran abdicar de su responsabilidad en favor de alguien “superior” que se haga cargo.
Además, la cultura democrática presupone una concepción horizontal, en contraste con vertical, de la construcción del bien común, donde éste se logra fundamentalmente mediante el diálogo y la generación de acuerdos a partir de dos principios: la búsqueda de la verdad (el reconocimiento de las cosas como son, de donde se sigue la consecución de la justicia) y el respeto a cada persona en su singularidad y reconociendo que cada persona piensa distinto que las otras y vive la realidad desde otra perspectiva.
El diálogo requiere escucha activa y razón cordial: la capacidad de esforzarse para comprender a los otros que, siendo respetables entes de razón, miran y viven al mundo distinto que nosotros. Por esto, cabe decir, la civilización democrática requiere también de generosidad y apertura de mente. No hay, no puede haber, democracia si se pretende imponer un pensamiento único, intransigente y cerrado. De hecho, la cultura democrática se desarrolla desde la tolerancia y, necesariamente, en torno al espacio del centro político: los extremistas, los de pensamiento único en el que no cabe más que una versión de los acontecimientos, resultan disfuncionales para un orden democrático, abierto y plural.
Entonces, concluyo que, en nuestro México actual, nos convendría: 1) reconocer el valor de la civilización democrática, que hoy podemos perder para regresar a un régimen autoritario, que no deja de ser una especie de barbarie; 2) reflexionar sobre las obligaciones éticas ciudadanas que la democracia nos exige, incluyendo, sobre todo, la valoración de esos otros, “chairos” o “fifís”, que con diferente mirada experimentan la realidad desde la otra orilla del espectro político; 3) en especial, comprender las enormes deudas sociales que nuestra joven democracia no ha podido resolver y han llevado a tantos mexicanos a decepcionarse de los resultados de nuestra reciente vida política.
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- Los libros de texto que no edite y supervise el Estado serán ilegales.
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- No puede imponerse una visión única en la educación ni un libro de texto único para los niños, debido a que la diversidad que tenemos en México no nos permite tener una sola visión. La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) y la SEP dan las orientaciones técnico-pedagógicas para que se hagan los libros de primaria y secundaria.
- Tampoco puede tacharse de ilegales a los libros que no edite el Estado (“No se puede hablar de esa manera. No hay libros ilegales. El conocimiento es diverso. Tenemos que estar abiertos y formar a nuestros niños con su criterio y hacerlos críticos. Decir que hay libros ilegales es casi llevarnos a la inquisición”).
- La Conaliteg como empresa editorial no tiene la capacidad física para producir los millones de libros, no sólo para primaria sino para secundaria.
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- Junto con los ciudadanos que pagan por los servicios, constituyen una fuente de apoyo económico para el gobierno (quien, de lo contrario, debería absorber el costo total de la educación y, debe decirse, ofreciendo el mismo nivel de calidad que este sector).
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