Prohibido prohibir, sí, pero no en asuntos de salud pública

El jueves 19 de noviembre pasado, el director general de la encuestadora AZ2, Juan Azcárraga, presentó en mi programa en Grupo Fórmula los resultados de su encuesta semanal, que en esa ocasión realizó para conocer la opinión...

4 de diciembre, 2020

El jueves 19 de noviembre pasado, el director general de la encuestadora AZ2, Juan Azcárraga, presentó en mi programa en Grupo Fórmula los resultados de su encuesta semanal, que en esa ocasión realizó para conocer la opinión de las personas en torno al sector salud y las vacunas contra el COVID-19.

Un resultado de la encuesta que me sorprendió es que solo el 68% de los encuestados dice que sí se vacunará contra el COVID-19.

El 32% que no solicitará que le apliquen la vacuna, representa a unas 41.6 millones de personas que podrán infectarse con el coronavirus SARS-CoV-2 y a su vez infectar a otros que no hayan desarrollado la inmunidad contra él.

El tener a tantos portadores potenciales del SARS-CoV-2, implica un gran riesgo para quienes no hayan sido vacunados aún, y también para los que estén ya vacunados, porque nadie sabe a ciencia cierta qué tanta inmunidad proporcionarán las diferentes vacunas a las personas según su edad, sexo, grupo étnico o estado de salud. Tampoco se sabe con precisión cuánto durará dicha inmunidad en las personas vacunadas.

Lo que se busca con la vacunación es crear la denominada “inmunidad de rebaño” o “comunitaria” que, de acuerdo a lo que se anota en www.bannerhealth,com, “ocurre cuando una población se hace inmune a una enfermedad. Ya sea debido a la existencia de una vacuna o por exposición, en la medida en que el porcentaje de personas inmunes va en aumento, la probabilidad de que una persona que es contagiosa se encuentre con e infecte a una persona que no sea inmune, disminuye. Llega el momento en que las probabilidades de propagación de la enfermedad son tan bajas, que se considera que esa población ha adquirido inmunidad de rebaño”.

Los expertos aún no se han puesto de acuerdo sobre el número de personas que deben recibir la vacuna para que se establezca dicha inmunidad. Los estimados van del 60% al 80%.

Las autoridades de salud –que hasta ahora no han sabido combatir la pandemia al no sugerirle a AMLO que su gobierno ordene el uso obligatorio del cubrebocas– deberían ir por lo seguro y fijarse como meta que el 80% de la población sea vacunada para lograr la inmunidad colectiva. Por eso, la aplicación de la vacuna debería ser obligatoria.

Desafortunadamente, como el gobierno de la 4T afirma que está prohibido prohibir, solo se vacunarán quienes así lo soliciten y quién sabe si se logrará crear la inmunidad colectiva deseada.

Comprendo perfectamente que el presidente quiera respetar la libertad de cada mexicano para decidir lo que más le convenga, pero hay asuntos en que dicha libertad debe ser acotada, como cuando la seguridad de los demás está en riesgo.

Si el presidente no cree que sea correcto ordenar el uso obligatorio de un cubrebocas, a sabiendas de que alguien puede infectar y causarle la muerte a otro, ¿por qué sí está de acuerdo con la prohibición de portar armas, que impide que los mexicanos puedan defenderse de los delincuentes?

Prohibido prohibir sí, pero no en asuntos de salud pública que pongan en riesgo la seguridad física o patrimonial de las demás personas. Por eso, antes de que mueran más personas, el presidente debe decretar que la gente use un cubrebocas en lugares públicos y que todos se apliquen una vacuna anticovid, aunque no crean en su eficacia.

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