El 28 de abril de este año, Colombia se convirtió en el 37° país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), fundada en 1961, y a la cual pertenecen Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Chile, República de Corea, Dinamarca, República Eslovaca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquía.
En su sitio oecd.org, la organización señala que su objetivo es “diseñar políticas que fomenten la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todos (…) trabajamos para establecer estándares internacionales basados en evidencia y encontrar soluciones a una variedad de desafíos sociales, económicos y ambientales. Desde la mejora del desempeño económico y la creación de empleos hasta el fomento de una educación sólida y la lucha contra la evasión fiscal internacional…”.
La organización ha sido dirigida desde 2006 por José Ángel Gurría, quien durante el sexenio de Ernesto Zedillo estuvo al frente de dos secretarías: primero la de Relaciones Exteriores y luego la de Hacienda y Crédito Público.
Los estudios y reportes que regularmente emite la OCDE son valorados y estudiados por quienes de alguna manera están relacionados con las áreas de la economía, las finanzas, los negocios y la educación, entre otras.
Se puede estar o no de acuerdo con las conclusiones de algunos de estos documentos, pero nadie cuestiona la seriedad y el profesionalismo con que se elaboran.
Hace unos días, la organización difundió su Índice Internacional de Competitividad Fiscal 2020 (International Tax Competitiveness Index 2020) cuyo objetivo es “medir el grado en que el sistema tributario de un país se adhiere a dos importantes aspectos de la política fiscal: competitividad y neutralidad. Un código fiscal competitivo es aquel que mantiene tasas impositivas marginales bajas. En el mundo globalizado de hoy el capital es muy móvil. Las empresas pueden optar por invertir en varios países en todo el mundo para encontrar la más alta tasa de retorno. Esto significa que las empresas buscan los países con las tasas impositivas más bajas a la inversión para así maximizar su tasa de retorno. Si la tasa impositiva de un país es demasiado alta las inversiones se dirigen hacia otros países, lo que causa un crecimiento económico más lento. Además, las elevadas tasas de un impuesto marginal pueden promover la evasión fiscal”.
México quedó en el lugar 31 del índice, arriba solo de Francia, Portugal, Polonia, Chile e Italia (Colombia no fue incluida). En lo que a impuestos corporativos se refiere, también quedó en el 31. Tratándose de impuestos individuales, se ubicó en el 13; en el 25 en impuestos al consumo; y en el 8 respecto a impuestos a la propiedad. En cuanto a la internacionalización de sus leyes fiscales, quedó en el lugar 35, arriba de Chile.
En resumen, nuestro sistema fiscal es poco competitivo comparado con los de la mayoría de los países de la OCDE.
Ojalá lo tomen en cuenta quienes, tarde o temprano, diseñen el nuevo sistema tributario que tanto le urge a México.
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