A AMLO le puede fallar la campaña

19 de agosto, 2020

Eduardo Ruiz-Healy

La campaña mediática que el presidente Andrés Manuel López Obrador aparentemente está armando contra quienes aprobaron la Reforma Energética de 2013 se basa en acusaciones supuestamente hechas por el ex director general de PEMEX, Emilio Lozoya, contra altos funcionarios de la anterior administración y senadores y diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión de México.

Los principales funcionarios que Lozoya pretende involucrar en el asunto de probables pagos hechos a legisladores para que aprobaran la mencionada reforma son el entonces presidente Enrique Peña Nieto y quien en ese año era su secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Ambos supuestamente le ordenaron cuánto dinero repartir a cada uno de los senadores y al diputado que él menciona en su versión de los hechos.

Los exlegisladores a quienes acusa el exdirector de PEMEX, de acuerdo con la información filtrada el lunes pasado por Ciro Gómez Leyva en su noticiero Imagen Noticias, son: Ricardo Anaya, el excandidato presidencial panista que al aprobarse la reforma era diputado por el PAN y presidente de la Cámara de Diputados; los senadores panistas Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle y Francisco Domínguez, quien hoy es gobernador de Querétaro; el entonces perredista Miguel Barbosa y hoy gobernador morenista de Puebla; y el priista David Penchyna, quien era el presidente de la Comisión de Energía del Senado.

Llama la atención que entre estos seis, Lozoya haya mencionado a Barbosa, porque antes y después de la aprobación de la reforma, éste manifestó su oposición a la misma junto con el resto de los senadores perredistas y sus aliados del PT.

¿Para qué darle dinero a un senador que ni remotamente iba a votar a favor de la reforma?

Es más, ¿para qué darles dinero a los legisladores del PAN y PRI si de antemano estaban a favor de la reforma?

Pudiera suponerse que los 68.7 millones de pesos que, según la versión de Ciro, les fueron dados a los seis, estarían destinados para los bolsillos de diputados o senadores que no pensaban votar a favor de la reforma, que eran precisamente los del PRD y PT, que finalmente votaron en contra.

Llama también la atención que la reforma se aprobara en el Senado el martes 10 de diciembre de 2013 y que, otra vez, de acuerdo a la información filtrada, los pagos se realizaran después de esa fecha, a partir del 11 de diciembre y hasta principios de 2014.

Pudiera también suponerse que, si se compraron votos, el pago por ellos fuera efectuado por adelantado, porque no es usual que este tipo de favores se paguen después de que son hechos y menos entre políticos que desconfían de su propia sombra.

La verdad es que la acusación de Lozoya hasta ahora no tiene substancia. Se dice que hay recibos que avalan las entregas del dinero, si esto es cierto, ¿quién las firmó?, ¿son auténticas las firmas?, ¿cómo constatar que no las inventó Lozoya?

También se dice que hay un video, pero ¿dónde está?, ¿quién lo grabó?, ¿fue legal su grabación?

Uno de los involucrados por el exdirector de PEMEX, el gobernador Barbosa, ya anunció que lo demandará por daño moral y lo retó a que pruebe que recibió un centavo.

Por todo lo anterior, la campaña mediática que pretende armar AMLO no solo puede fracasar, sino resultarle contraproducente.

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