Durante los 35 años que llevo difundiendo mis opiniones en diversos medios de comunicación he sido demandado tres veces por individuos que creyeron o sintieron que los calumnié, ofendí su honor o mancillé buen nombre. En todos los casos los jueces fallaron en contra de los demandantes.
Quienes me demandaron eran personas que ocupaban o habían ocupado importantes cargos dentro de la administración pública federal que reaccionaron negativamente al verse aludidos por mí. Se ofendieron porque critiqué su desempeño como funcionarios o cuestioné el origen de sus patrimonios aparentemente cuantiosos.
En nuestro país muchos de los que llegan a ocupar puestos públicos importantes difícilmente pueden justificar el origen de sus fortunas y mucho menos defender la mediocridad con que han llevado a cabo sus responsabilidades. Sin embargo, entre estos todavía hay algunos que tienen el cinismo de actuar judicialmente contra aquellos que informan al público sobre algunas de sus fechorías, sean éstas probables o comprobables.
A este grupo de desvergonzados pertenece la dirigente cetemista y diputada priista por el XI Distrito Electoral de Chiapas, María de Jesús Olvera Mejía, quien a pesar de sus sacrosantos nombres de pila aparentemente está inmiscuida en diversos asuntos que podrían acabar con su carrera política y hasta con su libertad.
Los ilícitos en que supuestamente está inmiscuida la legisladora fueron dados a conocer el 25 de octubre de 2016 por Silvano Bautista, reportero del tuxtleño Diario de Chiapas. Ese día, Silvano informó que Olvera Mejía enfrenta ocho averiguaciones previas por su presunta participación en los delitos de motín, despojo, robo con violencia, homicidio en grado de tentativa, privación ilegal de la libertad, falsificación de documentos oficiales, fraude y asociación delictuosa. Las denuncias no han progresado debido al fuero legislativo que la protege.
Después de darse a conocer las ocho denuncias en su contra, la diputada demandó al reportero por daño moral, exigiéndole que repare el daño mediante el pago de 5 millones de pesos.
El lunes pasado, Diario de Chiapas publicó una carta abierta en donde aseguró que “la nota periodística que generó encono a la diputada está bien sustentada en fuentes identificables” y que “hasta ahora, después de un año, la versión de los denunciantes sobre la existencia de varias averiguaciones previas en contra de la diputada Olvera, sigue sin desmentirse, por lo que solicitamos públicamente que la autoridad proceda conforme a derecho, y no se solape en razón del fuero, probables conductas delincuenciales de la legisladora”.
La demanda contra el periodista ha detonado una ola de repudio contra la desprestigiada y desvergonzada diputada. En Chiapas exigen que avancen las averiguaciones previas en su contra, que el PRI la expulse de sus filas y que sus compañeros legisladores la sometan a juicio político.
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