Ningún candidato ofrece algo novedoso para crear un auténtico Estado de Derecho

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15 de febrero, 2018

 

El 2 de febrero pasado aseguré en este espacio que México no es estado de derecho, entendiendo como tal a aquel en que, de acuerdo a World Justice Project (WJP), se mantienen los siguientes cuatro principios universales: “1) El gobierno y sus funcionarios y agentes son responsables ante la ley; 2) Las leyes son claras, publicitadas, estables y justas, y protegen los derechos fundamentales, incluida la seguridad de las personas y los bienes; 3) El proceso mediante el cual se promulgan, administran y hacen cumplir las leyes es accesible, eficiente y justo, y; 4) La justicia es impartida por representantes competentes, éticos, independientes y neutrales que son suficientes en número, tienen recursos adecuados y reflejan la composición de las comunidades a las que sirven”.

Ese día hice señalé la baja calificación que México obtuvo en el Índice de Estado de Derecho 2017-2018 (WJP Rule of Law Index) elaborado por WJP, la cual “confirma que nuestro país dista de ser el Estado de derecho que tanto presumen muchos de nuestros funcionarios”. De entre los 113 países incluidos en el índice, el nuestro se ubicó en el lugar 92.

También anoté que el índice mide el desempeño del Estado de derecho en ocho factores: 1) Restricciones a las facultades del gobierno; 2) ausencia de corrupción; 3) gobierno abierto; 4) derechos fundamentales; 5) orden y seguridad: 6) aplicación de las leyes; 7) justicia civil y; 8) justicia criminal”. Cada uno de estos factores recibe una calificación que va del 0.0 al 1.0; mientras más alta sea la calificación más se observa el Estado de derecho en ese país.

Analicemos ahora como fue calificado México en los rubros más importantes de los factores orden y seguridad, aplicación de las leyes, justicia civil y justicia criminal se refiere.

Orden y seguridad se refiere a “qué tan bien una sociedad garantiza la seguridad de las personas y la propiedad”. En este factor México ocupa el lugar 99.

Aplicación de las leyes califica “hasta qué punto las leyes se implementan de manera justa y efectiva y hacen cumplir”. Aquí nuestro país ocupa la posición 87.




Justicia civil “mide si la gente común puede resolver sus quejas de manera pacífica y efectiva a través del sistema de justicia civil”. México queda en el lugar 100.

Justicia penal califica al sistema de justicia penal, el cual es” un aspecto clave del estado de derecho, ya que constituye el mecanismo convencional para reparar agravios y entablar acciones contra personas por delitos contra la sociedad”. En este rubro nuestro país ocupa el lugar 105 de la lista, solo arriba de El Salvador, Myanmar, Afganistán, Camerún, Camboya, Honduras, Bolivia y Venezuela.

¿Qué nos ofrece cada candidato presidencial para mejorar cada uno de estos factores? Hasta ahora no he escuchado a ninguno decirme algo realmente novedoso e interesante.

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El Artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) señala que: “… 2. El Consejo General [del INE], a propuesta de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, determinará los requisitos que cada precandidato debe cubrir al presentar su informe de ingresos y gastos de precampaña. En todo caso, el informe respectivo deberá ser entregado al órgano interno del partido competente a más tardar dentro de los siete días siguientes al de la jornada comicial interna o celebración de la asamblea respectiva; 3. Si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido y hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato…”. El Artículo 442 anota que “son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en esta Ley: … c) Los aspirantes, precandidatos, candidatos y Candidatos Independientes a cargos de elección popular…”. Luego, el 445 establece que “Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: … c) Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en especie, destinados a su precampaña o campaña; d) No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña establecidos en esta Ley…”- Y el Artículo 456 dice que “las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente: c) Respecto de las personas aspirantes, precandidatas o candidatas a cargos de elección popular: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, y; III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo…”. La ley es clara. De acuerdo con el Artículo 442 de la LEGIPE, ambos candidatos tenían la responsabilidad de cumplir con lo que establece el Artículo 229. Los dos cometieron las infraccione que se señalan en el Artículo 445. Y si bien el Artículo 456 establece tres tipos de sanción para los aspirantes, precandidatas o candidatas, la que a ellos les corresponde es la que se anota en la Fracción III porque no puede ser más claro el Inciso 3 del 229: “Si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido y hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato”. 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