Líderes ricos, militantes pobres

Que los presidentes nacionales de los partidos políticos son muy ricos está suficientemente documentado.

28 de marzo, 2017

Que los presidentes nacionales de los partidos políticos son muy ricos está suficientemente documentado. Y digo muy ricos si comparamos sus fortunas con las malas condiciones en que viven la mayoría de los militantes de sus respectivos partidos. Y también un buen número de dirigentes partidistas estatales, la mayoría de ellos seguramente, pertenecen a las clases más pudientes de sus localidades.

La política en México, al igual que en la mayoría de los países, es asunto de ricos, sin importar que sean de derecha, de izquierda, de centro, o populistas sin ideología. Hacer política exitosamente exige tener acceso a cuantiosos recursos económicos y quien ingresa pobre al mundo de la política debe ingeniárselas para hacerse rápidamente de dinero para tener con que financiar su carrera.

La semana pasada nos enteramos que la presidenta nacional del PRD, quien antes de ser política fue sobrecargo en la extinta Mexicana de Aviación, adquirió en 2015 un departamento en Miami, Florida, que entonces valía 990,00 dólares, y que lo pagó mediante un enganche de 693,000 dólares, y que los 297,000 dólares restantes los obtuvo mediante un crédito que le otorgó un pequeño banco local, el Eastern National, en donde es probable que la perredista tenga depósitos por este monto o mayores, ya que es muy difícil que una persona no avecindada en Estados Unidos obtenga un crédito bancario a menos que demuestre tener suficientes activos en ese país para garantizar el pago del crédito. En total, el valor de los bienes inmobiliarios de Barrales asciende a los 40 millones de pesos, monto que, aceptémoslo, nunca hubiera reunido de seguir como azafata.

Hace varios meses nos enteramos que el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, también es un hombre de fortuna, propietario de varios locales comerciales y una gran bodega en el estado de Querétaro, inmuebles cuyas rentas le proporcionan el ingreso suficiente para tener a su familia viviendo en Atlanta, Georgia, y a sus hijos menores de edad estudiando en una escuela privada en esa misma ciudad. Al entrevistarlo sobre el asunto, el panista me explicó que sus negocios los ha realizado con el apoyo de su suegro o en sociedad con éste. Me quedó claro que Anaya tiene un suegro muy rico que ha decidido apoyar sus aspiraciones políticas propiciando que tenga ingresos monetarios considerables.

En julio del año pasado el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, presentó su declaración 3de3 en donde anotó que, entre otras cosas, es dueño de 50 automóviles Nissan Tsuru y que la mayoría de ellos los tiene trabajando como taxis. El valor de esta flotilla es elevado, mucho dinero si tomamos en cuenta que durante la mayoría de los últimos 20 años Ochoa ocupó cargos públicos de segundo o tercer nivel y se dedicó a actividades académicas. El valor de los coches tampoco toma en cuenta los millones de pesos que en el mercado negro cuestan las placas para taxis.

Ayer, el periódico Reforma publicó lo siguiente: “El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, adquirió 18 concesiones de taxis en Nuevo León entre el 2005 y el 2008 reportando oficialmente vivir en la Colonia Lagrange de San Nicolás (Nuevo León). El acreditar la residencia en Nuevo León es un requisito fundamental que establece la ley estatal para acceder a estos permisos. Sin embargo, durante los mismos años en los que reportó vivir en una de las zonas más modestas de San Nicolás, el ahora presidente del tricolor vivió en Líbano y luego regresó al País para ejercer cargos en la Ciudad de México, de acuerdo con el currículum de Ochoa y testimonios de allegados… Las concesiones están valuadas en su conjunto en casi 5 millones de pesos en el mercado negro”.

Líderes ricos, militantes pobres…

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Quienes conforman la SCJN discutieron la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, que automáticamente ordena el encarcelamiento de quienes son acusados de alguno de los siguientes delitos señalados en el Párrafo 2 del Artículo 19 de la Constitución: abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. 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Pérez Dayán señaló que “existen razones sobradas y justificadas para revisar periódica y profundamente el modo en que la figura [de prisión preventiva oficiosa] está diseñada para poder descubrir aquello que la viene alterando, pero más cierto es que mucho de este ejercicio, por lo menos, lo principal corresponde al propio Revisor de la Constitución y no a este Tribunal (…) No me corresponde asumir una tarea que no se me otorgó. No soy quién para desprender hojas de la Constitución.”. Mañana seguirá la discusión. Todo indica que la SCJN no declarará la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa pero sí la invalidez de algunas reformas a las leyes y códigos mencionados en el primer párrafo de esta columna. 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