La naciente y peligrosa cultura huachicolera

Huachicol es una palabra que describe a cualquier bebida destilada que es adulterada con alcohol de caña.

8 de mayo, 2017

Huachicol es una palabra que describe a cualquier bebida destilada que es adulterada con alcohol de caña. También se emplea para referirse a un combustible (gasolina o diésel) robado o adulterado. Por lo tanto, huachicolero es aquel que elabora o vende bebidas destiladas adulteradas o que roba o vende combustibles robados y/o adulterados.

Desde hace años se ha reportado como la llamada ordeña de ductos le cuesta miles de millones de pesos anualmente a Pemex. Se estima que de 2009 a 2012 el valor de los combustibles robados fue de aproximadamente 62,700 millones de pesos, mientras de 2013 a 2016 superó los 97,200 millones. En esos ocho años se robaron poco más de 14,000 millones de litros.

Tan buen negocio es el robo de gasolinas y diésel que, de ser un delito que empezó siendo perpetrado por pequeñas bandas locales, hoy es controlado por los cárteles del narco y representa la segunda fuente de sus ingresos.

Curiosamente, los huachicoleros no aceptan ser criminales y en diversos videos que hay en la red aparecen justificando sus actos, diciendo que lo único que están haciendo es robarle a un gobierno de ladrones o de un Pemex comandado por ladrones. Peor aún, afirman que no se roban nada porque lo que produce la petrolera le pertenece al pueblo, o sea a ellos. Algunos aseguran que, a diferencia de otros criminales, no le hacen daño a nadie, olvidándose que sus delitos afectan de una manera u otra a todos los mexicanos. Como ocurre en otros tipos de delitos, hay familias completas dedicadas al ilegal negocio.

Alrededor de los huachicoleros se está creando una nueva y funesta cultura que por medio de corridos y cumbias pretende posicionarlos como ladrones que únicamente les roban a ladrones. Esto, en una sociedad harta de tanta corrupción e impunidad, puede ser muy peligroso e incontrolable.

Debe quedar claro que los huachicoleros son criminales peligrosos que, como tantos, gozan de una casi absoluta impunidad.




La semana pasada murieron en Puebla cuatro soldados y seis civiles durante un enfrentamiento entre el Ejército y una banda de huachicoleros.

Comentarios
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En Washington, dos senadores (una demócrata y un republicano) y dos representantes (también un demócrata y un republicano) presentaron su iniciativa de la Ley de Competencia y Conservación del Periodismo (Journalism Competition and Preservation Act) que, de ser aprobada, permitirá que las empresas periodísticas puedan negociar colectivamente con plataformas digitales como Google y Facebook.

Al explicar los motivos de su iniciativa, el senador republicano John Kennedy dijo que “los periódicos están enfrascados en una lucha de vida o muerte con gigantes tecnológicos y no es una pelea justa. Google y Facebook no son solo empresas, son países, y no podemos tolerar que estrangulen a sus competidores de noticias impresas”.

Por su parte, la senadora demócrata Amy Klobuchar explicó que “si queremos preservar una prensa fuerte e independiente, debemos permitir que las organizaciones de noticias negocien en igualdad de condiciones con las grandes empresas de tecnología. Esta ley bipartidista mejorará la calidad de la información y garantizará que los periodistas puedan continuar con su trabajo crítico”.

Casi el 90% de los estadounidenses obtiene sus noticias a través de un celular, computadora o tableta, lo que ha dejado casi sin consumidores a los medios impresos.

Facebook y Google les han arrebatado a los medios tradicionales la mayor parte del mercado publicitario, lo que ha causado el cierre de 1800 periódicos desde 2014 y la consolidación de la industria de las noticias en unas cuantas empresas que solo están interesadas en la rentabilidad de sus negocios y no en informar a quienes viven en ciudades medianas y pequeñas.

1700 de los periódicos que cerraron eran semanarios que reportaban los sucesos en sus comunidades, las que ahora no tienen forma de enterarse de lo que hacen sus gobiernos, escuelas o negocios locales.

De aprobarse la ley, las empresas periodísticas tendrán 48 meses para negociar en bloque una nueva relación con las plataformas para obtener cientos de millones de dólares por concepto de suscripciones y publicidad. Esto, idealmente, protegerá y preservará el derecho a la información de calidad de los estadounidenses.

¿Es demasiado tarde para salvar a los medios impresos?

El tiempo nos lo dirá.

Las plataformas tecnológicas no solo han perjudicado a los periódicos de Estados Unidos sino a los de casi todos los países.

En nuestro país, nueve de cada 10 personas se informan por medio de Facebook, Twitter y Google, de acuerdo con el Digital News Report 2019 del Reuters Institute de la Universidad de Oxford, lo que ha causado que muchos periódicos desaparezcan, otros adelgacen sus ejemplares y reduzcan su personal y cada vez tengan menos ingresos por concepto de circulación y publicidad (sobre todo de la gubernamental, que mantenía a muchos de ellos).

Mientras que en EEUU el Congreso intenta salvar a los periódicos, en México el gobierno federal y muchos estatales buscan, por medio de ataques verbales y de otro tipo, someter o provocar la desaparición de aquellos medios que realizan un periodismo crítico; al mismo tiempo, glorifican a los youtuberos y a otros periodistas sociales que solo los adulan.

¿Sobrevivirán los medios impresos independientes en nuestro país?

El tiempo nos lo dirá.

Twitter: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy

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El Artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) señala que: “… 2. El Consejo General [del INE], a propuesta de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, determinará los requisitos que cada precandidato debe cubrir al presentar su informe de ingresos y gastos de precampaña. En todo caso, el informe respectivo deberá ser entregado al órgano interno del partido competente a más tardar dentro de los siete días siguientes al de la jornada comicial interna o celebración de la asamblea respectiva; 3. Si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido y hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato…”. El Artículo 442 anota que “son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en esta Ley: … c) Los aspirantes, precandidatos, candidatos y Candidatos Independientes a cargos de elección popular…”. Luego, el 445 establece que “Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: … c) Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en especie, destinados a su precampaña o campaña; d) No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña establecidos en esta Ley…”- Y el Artículo 456 dice que “las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente: c) Respecto de las personas aspirantes, precandidatas o candidatas a cargos de elección popular: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, y; III. 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Parece que cinco de los seis consejeros del INE que votaron en contra del retiro de sus candidaturas no saben leer o prefirieron ignorar la ley. Ojalá que una mayoría de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no siga su mal ejemplo. 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